Desde tiempos inmemoriales, el gobierno comunitario ha sido el núcleo del interés social, el viejo anhelo de gobernarse a sí mismos. Ahí están las polis griegas, pequeñas comunidades donde comenzó a tomar forma la cultura occidental.
Roma convirtió ese impulso en institución. El municipium no fue concesión graciosa, sino reconocimiento político: autogobierno a cambio de lealtad. El municipium optimo iure otorgaba derechos plenos. Con la expansión romana, el modelo cruzó a la península ibérica y echó raíces profundas.
España lo perfeccionó en la Edad Media. Cada territorio reconquistado exigía orden, y ese orden se llamó cabildo: representación vecinal, organización política, poder local. No era ornamento, era gobierno.
Ese mismo diseño lo traslada Hernán Cortés a la Nueva España. Fundar ciudades, como la Villa Rica de la Vera Cruz, era, antes que nada, fundar ayuntamientos. Las Leyes de Indias no dejaban espacio a la improvisación: alcaldes, regidores, síndico, alguacil. Una estructura clara para gobernar comunidades reales, durante la expansión trasatlántica del Imperio Español.
El municipio fue, entonces, el verdadero corazón del poder. Ahí se decidía el abasto, la seguridad, la salubridad, el uso del agua, la educación, las fiestas patronales, la vida cotidiana entera. No había simulación: había gobierno.
Y cuando las élites se enquistaban, aparecía el Cabildo Abierto. El pueblo irrumpía. Corregía. Mandaba. De ahí nace una idea incómoda para los abusivos de siempre: la soberanía, cuando se traiciona, regresa a la gente. Cuestión que pronto pasará en Guanajuato Capital.
Ese principio recorrió siglos hasta aterrizar, con tropiezos, en México. La Constitución de Cádiz de 1812 empujó la elección de ayuntamientos. 1824 descentralizó, pero fragmentó. El centralismo los borró sin pudor. La Constitución de 1857 los ignoró. Y así, entre avances y retrocesos, el municipio sobrevivió como pudo.
Fue hasta 1917 cuando se le rescató en el papel. Y hasta 1999 —sí, 1999— cuando se dijo con todas sus letras: el ayuntamiento es quien gobierna. No el alcalde. No una figura personal. Un órgano colegiado. En esta trascendente reforma influyó de manera definitiva el diputado Carlos Medina Plascencia, comprometido siempre con el municipalismo.
Pero luego empieza la farsa. Porque mientras la Constitución habla de cabildos, en la práctica los partidos vendieron otra cosa: caudillos. Durante años, el Instituto Estatal Electoral (IEEG), dócil y complaciente, permitió que la elección municipal se degradara a un concurso de popularidad entre aspirantes a alcalde. Rostros, slogans, jingles. Cero cabildo. Cero ciudadanía informada. Pura simulación. Se engañó a la gente. Se le hizo creer que el municipio lo gobierna una sola persona.
Y el PAN —desde hace tiempo maestro en la mercadotecnia hueca— ha explotado esa mentira hasta el cansancio. En contra de sus principios municipalistas, redujo el ayuntamiento a una marca personal. Borró a regidores, invisibilizó síndicos y convirtió el gobierno colegiado en una oficina de trámite al servicio del alcalde.
Un centralismo disfrazado de democracia. Hoy, esa distorsión les estalla en la cara. Su alcaldesa, incómoda dentro de un partido que —según sus propias palabras— se volvió “un club de Tobi”, decide romper filas y migrar a Movimiento Ciudadano. Y entonces viene el llanto: que si la mayoría en el ayuntamiento, que si la representación, que si los equilibrios. ¿Mayoría? ¿Cuál mayoría? Si durante la elección nunca les importó explicarla. Si en 2024 no se votó por un cabildo: se votó por Alejandra Gutiérrez. Punto.
Eso fue lo que vendieron. Eso fue lo que la gente compró. Manipularon el modelo. Vaciaron de contenido al ayuntamiento. Convirtieron al cabildo en comparsa. Y ahora, cuando necesitan que exista, descubren que lo desmantelaron ellos mismos. No es ironía. Es consecuencia. Traicionaron el espíritu del artículo 115. Han gobernado sus municipios como si fueran propiedad personal. Y hoy, en León, exigen reglas que no respetan.
Hay lecciones que sólo se entienden a golpes de realidad. Esta es una de ellas. Porque cuando se traiciona a la Constitución, no hay discurso que alcance para esconderlo. Y cuando llega la factura, tampoco hay derecho a sorpresa. Se lo ganaron.