La legislatura vuelve a medirse en el terreno donde más duele al electorado, la vivienda. Tras el fracaso parlamentario del real decreto de la prórroga de los alquileres, Sumar ha optado por acelerar el paso y tantear directamente a los grupos políticos para construir una nueva mayoría, incluso antes de garantizar el respaldo del PSOE. El movimiento no es baladí. Supone, en la práctica, una inversión del proceso habitual al negociar primero con los socios potenciales y después intentar alinear al propio Gobierno.
Este giro revela dos realidades simultáneas. Por un lado, la urgencia política de abordar el encarecimiento del alquiler como uno de los principales factores de desigualdad social, pero también la creciente dificultad del Ejecutivo para coordinar una estrategia común en un Parlamento con una mayoría de derechas que sale a florecer, principalmente, en materia económica como ocurrió la semana pasada en la votación que conjuró los votos en contra del PP, Vox, UPN, Junts y la abstención del PNV.
Sumar ha convertido la vivienda en su principal bandera para justificar su papel dentro del Gobierno. La insistencia en reactivar la prórroga responde tanto a una lógica social —la protección de los inquilinos en un contexto de precios elevados— como a una lógica electoral ya que, sin avances visibles en este ámbito, el espacio progresista teme erosionar su credibilidad de cara a las próximas elecciones generales.
El diagnóstico es compartido por buena parte de la izquierda. El acceso a la vivienda se ha consolidado como uno de los problemas estructurales más graves en España. Sin embargo, el desacuerdo radica en el cómo. Mientras Sumar apuesta por medidas inmediatas como la prórroga de contratos, otros socios —y especialmente el PSOE— han mostrado más cautela ante la falta de apoyos parlamentarios.
El factor Junts y la política de las concesiones
La clave del nuevo intento pasa inevitablemente por Junts. Su voto en contra fue decisivo para tumbar el anterior decreto, y ahora se convierte en pieza central de cualquier reedición. Sumar ha dejado entrever su disposición a asumir parte de sus demandas, como incentivos fiscales para propietarios o avances en cuestiones económicas como el IVA para autónomos.
Pero en todo caso, estas medidas recaen en la mesa del Ministerio de Hacienda, cartera que lleva el socialista Arcadi España tras la baja de María Jesús Montero para abanderar la candidatura del PSOE andaluz, donde la izquierda va dividida en tres listas con Adelante Andalucía y Por Andalucía (IU, Podemos, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Partido Verde-Equo, Alianza Verde y Alternativa Republicana).
El movimiento de Sumar también introduce presión directa sobre el PSOE. Al anunciar contactos con otros grupos sin esperar un acuerdo previo dentro del Ejecutivo, el socio minoritario eleva el coste político de una eventual inacción.
La ofensiva de Sumar no se entiende sin el contexto electoral andaluz. La vivienda, junto con la sanidad, se ha convertido en uno de los ejes de campaña de las distintas formaciones de izquierda. En un escenario de fragmentación, la capacidad de ofrecer soluciones concretas puede ser determinante para movilizar al electorado. Al mismo tiempo, desde fuera del Gobierno, Podemos intensifica su crítica, señalando que la falta de medidas contundentes puede tener un alto coste electoral. Este frente añade más presión a una coalición que ya navega entre equilibrios complejos. @mundiario