La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió 30 Procedimientos Ordinarios Sancionadores (POS) correspondientes a indebidas afiliaciones a diferentes partidos políticos que involucran a 385 personas, así como siete vistas ordenadas por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP), y la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) derivadas de violaciones a la normativa electoral.
INE da resoluciones pendientes
Por unanimidad de votos, el colegiado determinó declarar acreditada la infracción en perjuicio de 117 personas involucradas, pues los partidos denunciados no presentaron los medios de prueba para demostrar que la afiliación se hizo con su consentimiento, por lo que propone se impongan multas que en conjunto superarían los 10 millones de pesos.
También te puede interesar: Sheinbaum envía reforma al Código Fiscal de la Federación
Por su parte, dos personas se desistieron de sus quejas; en tanto que, respecto de 266 casos, se propuso no tener por acreditada la infracción, toda vez que los institutos políticos presentaron las cédulas de afiliación correspondientes, con las cuales se acredita que dichas afiliaciones se realizaron con el consentimiento de las y los denunciantes.
La Comisión también dio a conocer diversas resoluciones relacionadas con vistas ordenadas por diversas autoridades, en las cuales, en primer lugar, se declaró la caducidad de la potestad sancionadora contra el Ayuntamiento de Xilitla, en San
Luis Potosí, debido a que transcurrieron más de dos años sin resolución, lo que afectó la certeza jurídica. En el mismo sentido, se declaró un procedimiento contra particulares y empresas en Durango.
Respecto a una vista en contra de algunos partidos políticos nacionales, se acreditó que incumplieron con la obligación de capturar en el sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles” la información curricular y de identidad de sus aspirantes.
Por ello, se propone se impongan amonestaciones públicas y multas que en conjunto superan los 2.3 millones de pesos.
También se formula sancionar al otrora candidato a diputado federal por el municipio de Lerma de Villada, Estado de México, con una multa de más de 21 mil pesos, al comprobarse que entregó información falsa sobre su situación como deudor alimentario.