La batalla política por la gestión de los fondos europeos arrastra a La Moncloa a las Cortes Generales. El PP que lidera Alberto Núñez Feijóo ha decidido convertir en ofensiva parlamentaria las dudas planteadas por el Tribunal de Cuentas sobre el uso de recursos europeos para financiar pensiones en 2024. Génova llevará al Congreso y al Senado lo que define como una “chapuza” contable del Gobierno de Pedro Sánchez, acusando al Ejecutivo de recurrir a mecanismos extraordinarios para cubrir el déficit estructural del sistema en ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado.
Por primera vez en años, la oposición busca que las Cortes emitan una censura política formal sobre la Cuenta General del Estado, el documento que recoge la ejecución real de las cuentas públicas y que tradicionalmente había quedado lejos del foco mediático y del combate partidista. Sin embargo, el contexto actual —marcado por la prórroga presupuestaria desde 2023, la dependencia de los fondos europeos y la fragmentación parlamentaria— ha transformado un debate técnico en un símbolo de la fragilidad política y financiera del Ejecutivo.
El conflicto nace del último informe del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria de 2024. El órgano fiscalizador detectó que el Ministerio de Hacienda autorizó modificaciones presupuestarias por valor de 2.389,4 millones de euros financiadas con créditos sobrantes del llamado “servicio 50”, reservado a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.
En concreto, 1.722 millones se utilizaron para cubrir pensiones de clases pasivas y otros 667 millones para complementar pensiones mínimas.
Aunque el Gobierno sostiene que esos recursos excedentarios no comprometían el cumplimiento de los objetivos pactados con Bruselas, el Tribunal cuestiona que la fundamentación jurídica estuviera suficientemente justificada. Ahí es donde el PP ha encontrado un terreno político fértil para denunciar lo que considera una utilización impropia de fondos concebidos originalmente para inversiones, reformas estructurales y transformación económica.
La discusión, sin embargo, es más compleja de lo que refleja el choque político.
Bruselas no habla de ilegalidad, pero sí marca límites
El vicepresidente de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, introdujo un matiz decisivo al afirmar que los gastos corrientes como las pensiones no son financiables con cargo a los fondos europeos, aunque sí reconoció que los Estados miembros pueden utilizar temporalmente esa liquidez para cubrir necesidades presupuestarias mientras mantienen intactos los compromisos del plan de recuperación.
“Aunque el pago de pensiones y otras formas de gasto corriente no son elegibles para fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, sería posible para los Estados miembros usar temporalmente algo de la liquidez de los desembolsos para cubrir otros gastos presupuestarios”, matizó el responsable comunitario de Cohesión y Reformas.
Esa aclaración ha permitido al Gobierno defender que no hubo irregularidad ni desvío definitivo de recursos europeos. La Moncloa argumenta además que la reprogramación de proyectos generó excedentes transitorios y que la normativa aprobada durante la pandemia habilita mecanismos flexibles de gestión presupuestaria.
Pero la cuestión de fondo ya no es únicamente jurídica, sino política e institucional.
Gobernar sin Presupuestos: la anomalía que agrava el conflicto
El verdadero núcleo de la ofensiva del PP apunta a la ausencia prolongada de nuevos Presupuestos Generales del Estado. España continúa funcionando con las cuentas prorrogadas de 2023 debido a la incapacidad del Gobierno para reunir apoyos suficientes en el Congreso. Esa situación ha obligado al Ejecutivo a recurrir masivamente a modificaciones presupuestarias. Según denuncia el PP, en 2024 se aprobaron cambios por más de 52.000 millones de euros, equivalentes a alrededor del 12 % del gasto total del Estado.
Para los populares, este mecanismo erosiona el control parlamentario y vacía de contenido la función presupuestaria de las Cortes. El partido de Feijóo sostiene que el Gobierno está utilizando herramientas excepcionales concebidas para la emergencia de la pandemia por covid-19 como fórmula permanente de gestión política. La crítica conecta además con una idea que la oposición intenta instalar desde hace meses, la de un Ejecutivo que pese a mantenerse formalmente en el poder gobierna con enormes dificultades para articular mayorías estables.
El enfrentamiento también reabre el debate sobre el verdadero nivel de ejecución de los fondos europeos en España. El PP sostiene que el país se encuentra entre los más rezagados de la Unión Europea y denuncia que solo se ha ejecutado realmente una parte reducida de los recursos recibidos.
El Gobierno rebate esas cifras y asegura que existen desfases administrativos y contables que distorsionan la fotografía real de la inversión. Moncloa defiende que ya se han movilizado proyectos por valor superior a 90.000 millones de euros y atribuye las diferencias a los distintos criterios de contabilización entre adjudicación, ejecución y pago efectivo. Sin embargo, políticamente el problema persiste, cuanto más tiempo pasa sin Presupuestos nuevos y con un elevado volumen de fondos pendientes de ejecutar, más fácil resulta para la oposición instalar la idea de improvisación financiera. @mundiario