En sesión que se prolongó varias horas y estuvo marcada por acusaciones cruzadas y cuestionamientos sobre la legalidad de la propuesta, las comisiones unidas de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura y de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado aprobaron el dictamen de la iniciativa para reformar la Ley de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY).

La discusión de la iniciativa motivó diferencias entre Morena y sus aliados con las bancadas de oposición respecto a la estructura y alcances de la reforma, particularmente por la propuesta de incorporar una Junta Directiva a la ATY.

La mayoría legislativa sostuvo que las modificaciones buscan transparentar costos, fortalecer la rectoría del Estado y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de transporte público.

Legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron riesgos jurídicos y una posible concentración de decisiones en un nuevo órgano administrativo.

La iniciativa, promovida por el gobernador Joaquín Díaz Mena y el secretario general de Gobierno, Omar David Pérez Avilés, plantea una reestructuración integral del modelo de transporte público estatal bajo criterios de utilidad pública, sostenibilidad financiera, transparencia y justicia social.

De acuerdo con la postura presentada por Morena, el objetivo es corregir distorsiones financieras heredadas de administraciones anteriores y garantizar que el sistema pueda operar sin poner en riesgo las finanzas públicas.

Durante el debate, el legislador morenista Alejandro Cuevas Mena afirmó que el marco vigente respondía a intereses particulares y no al interés colectivo. “Era una ley hecha para beneficiar a unos cuantos”.

Asimismo, señaló que uno de los objetivos centrales es transparentar el cálculo de los costos operativos y revisar pagos considerados excesivos. “Lo que hoy se está planteando es empezar a corregir”.

La bancada oficialista también defendió la incorporación de una Junta Directiva, señalando que funcionaría como un órgano de consulta, evaluación y apoyo para las decisiones estratégicas relacionadas con el sistema de transporte.

En su posicionamiento, Morena sostuvo que la nueva estructura permitirá fortalecer la planeación, la supervisión y la transparencia en la operación del sistema.

Desde la oposición surgieron críticas por considerar que la propuesta invade facultades que actualmente corresponden a la persona titular de la agencia y que, además, podría contravenir disposiciones constitucionales.

Problemas

El diputado del PRI Gaspar Quintal Parra advirtió posibles riesgos legales derivados de la reforma al señalar que trasladar facultades a un órgano no previsto constitucionalmente podría representar un problema jurídico.

“La técnica legislativa no es un capricho, es la garantía de que la ley nos proteja a todos. Lo que hoy hicieron es jurídicamente aberrante”.

“Si quieren modificar un organismo autónomo, deben reformar la Constitución, no hacerlo por la puerta de atrás. Es un precedente de autoritarismo que debilita nuestras instituciones”, señaló.

Quintal Parra también presentó diversas propuestas para incorporarlas al dictamen, entre ellas apoyos tarifarios para madres jefas de familia, tarifas preferenciales o esquemas gratuitos para estudiantes del interior del estado y la creación de una aplicación móvil para fortalecer la movilidad y el turismo mediante información sobre rutas. Todas fueron rechazadas por mayoría.

Tras la votación, el legislador priista criticó el proceso de discusión y cuestionó la falta de análisis técnico. “Estamos ante un Congreso ciego. Es indignante que se aprueben modificaciones a 77 artículos sin siquiera haberlos leído”.

“Hoy los diputados oficialistas confirmaron que no representan a los ciudadanos, sino que obedecen órdenes que dañan directamente a las madres trabajadoras y a los jóvenes que luchan por estudiar”, afirmó.

También insistió en ampliar el análisis con especialistas y representantes del sector. “Vale la pena estudiar bien esto, consultarlo con expertos, someterlo a Parlamento Abierto”, expresó.

Quintal Parra también acusó a Francisco Rosas Villavicencio (PT), presidente de la Comisión, de solo leer lo que le mandan. “Te puedo decir cómo lo puedes llevar con muchísimo gusto, y no te cobro”, le dijo.

Por parte de MC, Javier Osante Solís sostuvo que la propuesta representa un intento por centralizar el control del transporte público estatal.

“Quieren poner una junta directiva en la ATY (…) y centralizar todas las decisiones”, declaró.

Además, afirmó que la iniciativa incorpora elementos relacionados con costos fijos y variables que, en su opinión, corresponden al ámbito empresarial.

El PAN también manifestó reservas sobre el contenido jurídico y técnico de la propuesta. El diputado Roger Torres Peniche señaló que las modificaciones exceden el alcance de una ley secundaria.

“Simple y sencillamente, no es posible que una ley secundaria le corrija la plana a la Constitución”, afirmó.

El legislador panista subrayó que, si el objetivo era modificar la estructura y funcionamiento de la ATY, primero tendría que promoverse una reforma constitucional.

La diputada Sayda Rodríguez Gómez, del PAN, señaló que la oposición no se niega a revisar cambios al modelo de transporte, pero pidió un análisis más amplio y responsable.

La tensión política alcanzó uno de sus momentos más notorios durante la intervención del diputado panista Álvaro Cetina Puerto, quien en lugar de pedir que el titular de la ATY, Jacinto Sosa Novelo, comparezca ante las comisiones legislativas para explicar el contenido de la reforma, como habían solicitado quienes lo antecedieron, pidió su salida del cargo.

Cetina Puerto consideró que el funcionario debería ser sustituido por una persona con experiencia en la materia.

En el intercambio de señalamientos, el legislador llamó “Huevas” al diputado Alejandro Cuevas Mena, quien suele poner sobrenombres a funcionarios y exfuncionarios, principalmente de oposición.

Ayer mismo, el morenista se refirió al exgobernador Mauricio Vila Dosal como “Vila Bebé”, mientras que Rafael Hernández Kotasek, extitular de la ATY, lo llamó “Cortasek”.

Pese a los cuestionamientos y propuestas de modificación formuladas por la oposición, el dictamen avanzó con los votos de la mayoría.

Al concluir las intervenciones, el presidente de la comisión, Rosas Villavicencio, presentó ajustes adicionales relacionados con coberturas de seguros y criterios de sostenibilidad financiera y social, mismos que fueron aprobados.

Además del tema relativo a la ATY, durante la sesión las comisiones avanzaron en el análisis y aprobación de otros proyectos impulsados por el Ejecutivo estatal.

Entre ellos figuró la iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos y la Ley de lo Contencioso Administrativo en materia de juicio de lesividad y medidas cautelares.

Se continuó con el análisis de modificaciones al Decreto 702/2023 relacionado con la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como con la Ley de Procuración de Justicia Ambiental y Urbana del Estado.

Ambos proyectos también fueron aprobados por mayoría y serán distribuidos entre los integrantes de la Legislatura para su discusión y eventual votación ante el Pleno del Congreso.