CDMX.- El juez Frederic Block fijó para el 8 de marzo de 2027 el inicio del juicio del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, en Nueva York, Estados Unidos.
Sin embargo, la situación podría cambiar si el capo mexicano llega antes a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.
Caro Quintero, cofundador del extinto Cártel de Guadalajara, compareció este jueves ante el juez Block en la corte del Distrito Este de Nueva York para una audiencia previa al inicio de juicio.
El capo está acusado, entre otros cargos, de dirigir una empresa criminal y de asesinato. Incluyendo el secuestro, tortura y homicidio de Enrique Camarena, agente especial de la DEA, en 1985.
Caro Quintero fue uno de los 29 narcotraficantes y criminales que el gobierno mexicano entregó a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025. Su primera comparecencia ante el juez Brian Cogan ocurrió un día después.
El mexicano se declaró no culpable de los cargos que se le imputan. Y desde su reclusión la defensa ha pedido, infructuosamente, relajar las severas condiciones de aislamiento en que se encuentra.
El defensor Mark DeMarco se ha quejado de que su cliente está recluido en el Centro Metropolitano de Detención, en una celda de 3.3 metros cuadrados en la que el equipo legal ni siquiera puede reunirse con él para preparar adecuadamente el caso. Debido a que está sometido a Medidas Administrativas Especiales (SAM, por sus siglas en inglés) que incluyen 23 horas de aislamiento. La defensa alega que el acusado enfrenta serios problemas de salud.
No buscarán pena de muerte
La fiscalía acordó no buscar la pena de muerte contra Caro Quintero, quien podría ser condenado a cadena perpetua.
Antes de la audiencia del 8 de marzo, habrá audiencia de seguimiento el próximo 17 de junio, a las 11:00 de la mañana, hora local.
El fiscal federal adjunto Francisco Navarro comunicó al juez Block que la presentación de los argumentos del gobierno durará aproximadamente cuatro semanas. El gobierno presentará una moción para que el jurado sea anónimo.
Elizabeth Macedonio, también abogada de Caro Quintero, comunicó al juez que las partes siguen negociando una posible resolución del caso sin llegar a juicio. El juez Block preguntó al fiscal federal adjunto Navarro si el gobierno había ofrecido un acuerdo de declaración de culpabilidad a Caro Quintero, y la respuesta fue negativa.
Aunque Caro Quintero tiene la posibilidad de negociar, expertos legales en Estados Unidos señalan que sería prácticamente imposible que el gobierno de Estados Unidos acepte en su caso, dado el asesinato de Camarena. Incluso en su primera comparecencia hubo agentes de la DEA presentes, a manera de subrayar que el crimen de su compañero no tiene perdón.
Entrega de Caro Quintero fue decisión de seguridad nacional: Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó el 18 de septiembre de 2025 que la entrega de Rafael Caro Quintero a las autoridades de Estados Unidos fue una determinación estratégica del Consejo de Seguridad Nacional de México. Esta declaración surgió como respuesta a los señalamientos de la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, quien sugirió que el traslado del capo fue una concesión directa ante las presiones del gobierno de Donald Trump. La mandataria enfatizó que, si bien existía una solicitud formal de extradición, la soberanía nacional prevaleció en la ejecución del proceso bajo el marco de la Ley de Seguridad Nacional.
El operativo de traslado se llevó a cabo el pasado 27 de febrero de 2025. Integrando a Caro Quintero en un grupo de 29 delincuentes de alto perfil enviados a prisiones estadounidenses. El fundador del Cártel de Guadalajara es requerido por la justicia de ese país por el secuestro y asesinato del agente Enrique Camarena. La medida también buscó despresurizar el sistema penitenciario mexicano ante el riesgo que representaba la estancia de líderes criminales de tal magnitud en cárceles federales nacionales.
El gobierno de México anunció que reforzará la colaboración binacional en materia de inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero. Esta estrategia incluye reuniones de alto nivel con funcionarios del Departamento del Tesoro de EU para robustecer las investigaciones conjuntas contra redes de blanqueo vinculadas a facciones del Cártel de Sinaloa. La postura de la administración de Sheinbaum subraya una política de cooperación institucional. Esta busca equilibrar las demandas de justicia internacional con la preservación de los protocolos de seguridad interior del Estado mexicano.
AM