Un gobernador y un senador en funciones, más otros ocho funcionarios o exfuncionarios del estado de Sinaloa -todos ellos de Morena-, acusados de vínculos con el narcotráfico; un alto número de consulados mexicanos en Estados Unidos señalados de activismo político inconveniente; la detención, en Arizona, del exsecretario de Seguridad de Rocha Moya y la entrega de su exsecretario de Finanzas -dos de los acusados- y, al cabo, la nueva declaración de Trump, poco antes de embarcarse hacia China, de tomar medidas más drásticas si México no lo hace en la lucha contra el crimen organizado. Todo ello ha derivado, en las últimas horas, en una conversación telefónica entre el propio Trump -recién llegado de China- y la presidenta Claudia Sheinbaum, que esta calificó de “cordial y excelente”.
Resulta difícil imaginar, aun valiéndose del lenguaje diplomático, que tras estas semanas cualquier charla entre los dos mandatarios pudiera ser “excelente” en ningún sentido imaginable. Lo único cierto es que, a partir de ella, un grupo de funcionarios estadounidenses visitará pronto nuestro país para dar seguimiento a los temas de seguridad y comercio presentes en la llamada: temas que, en este momento, se centran en las acusaciones contra Rocha Moya y los demás imputados y en la próxima renegociación del T-MEC, asuntos que no debieran estar vinculados pero que, en el contexto actual, resultan indisolubles.
Apenas unos días antes, en una de las conferencias mañaneras de la Presidenta, Omar García Harfuch detalló que no había una investigación mexicana en contra del gobernador con licencia, en tanto se esperaban las pruebas en su contra por parte de las autoridades estadounidenses. Se trató, tal vez, de la primera señal en torno a la decisión final que la presidenta Sheinbaum -y nadie más que ella- deberá de tomar al respecto: una defensa que, sin embargo, deja entreabierta la posibilidad de cambiar de postura en caso indispensable.
Por más que trate de ocultarse, Morena se halla ante el peor escenario posible: un gobernador elegido ni más ni menos que por Andrés Manuel López Obrador que pone en duda todos los argumentos en torno a la limpieza y diferencia de las que se jacta este partido desde su fundación. Para colmo, la acusación no solo se dirige a la punta de la pirámide, sino que involucra a buena parte del aparato del estado en Sinaloa. El delito no sería solo la corrupción o el enriquecimiento ilícito, sino una operación electoral en la que los Chapitos, una de las facciones herederas del Cártel de Sinaloa, se habría volcado para lograr el triunfo de Rocha Moya y de Morena en las elecciones de 2021.
La detención de Gerardo Mérida, el exsecretario de Seguridad, no hace sino complicar aún más las cosas. Aun no hay claridad sobre cómo se produjo esta: al parecer ocurrió el 11 de mayo, sin que sepamos con certeza si se trató de una detención por parte de las fuerzas de seguridad estadounidenses o de una entrega voluntaria. En cualquiera de los casos, el esquema para México no hace sino complicarse. Mérida era el secretario de Seguridad durante el periodo más violento de la lucha entre los Chapitos y los Mayitos, entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, lo que significaría que era el responsable de combatir al mismo grupo que, según la corte estadounidense, le pagaba. Y también significaría que era enlace directo ni más ni menos que con el propio García Harfuch, enviado por la Presidenta para tratar de controlar los inéditos niveles de violencia derivados de las batallas entre los dos grupos criminales.
Mérida abandonó su puesto justo mientras García Harfuch se encontraba coordinando las acciones de seguridad del estado, sin que en su momento se hayan detallado las razones de su salida, la cual ocurrió justo antes de una visita de la propia presidenta Sheinbaum a Sinaloa. ¿Habría ya sospechas de su posible duplicidad? El que nada se haya explicado en su momento abona a esta posibilidad. Como fuere, Mérida no tardará en sumarse a los delincuentes que en teoría antes perseguía, acaso acogido a los mismos beneficios que se les han prometido a sus antiguos enemigos o socios. En medio de la presión extrema que atraviesa México, parecería que esta posible entrega voluntaria sería otra de las maneras de evitar una intervención directa de Trump en México.
O acaso esta sería justo esta intervención directa. Imposible decir, por ahora, si los dos presidentes hablaron de ello y si la conclusión del entuerto puede calificarse de “excelente”.