Algo no previsto ocurrió en la sede de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas desde el martes durante la tarde. A la puerta de la oficina principal le fue desprendida la chapa y el interior quedó con cables sueltos por todas partes.

Era considerado el lugar un búnker. Ahí despachaba el fiscal del área, Arturo Zuany, un policía de carrera especializado en antisecuestros y las distintas modalidades en materia de narcotráfico. Del 2016 al 2021, y del 2021 al 12 de mayo de 2026, fue quizá el principal mando policiaco en la Fiscalía General.

Dicho jefe terminó apareciendo como el actor principal en el controvertido desmantelamiento del narcolaboratorio en la sierra chihuahuense, municipio de Morelos, que ha dado pie a otro crujidero de chapas de otras puertas: las del estado de Sinaloa y los muchos funcionarios estatales acusados de cómplices de “Los Chapitos”.

Allá en Morelos participaron cuatro elementos de la CIA, aparentemente sin el conocimiento de autoridad federal alguna, aunque hubo militares en aquella escena. Se supo de tal intervención hasta que dos de ellos perdieron la vida en un accidente ocurrido en la misma región montañosa.

También murieron el jefe de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Pedro Oseguera, quien iba al frente del operativo, y un policía ministerial de su equipo, Manuel Genaro Montes.

Apenas fue conocida la participación de elementos norteamericanos en el descubrimiento e inutilización del narcolaboratorio que producía cristal y fentanilo como para convertir en adictos y matar a varias generaciones de mexicanos y estadounidenses, se encendió la controversia política como hoguera en pastizal seco, bajo acusaciones de “violación a la soberanía y traición a la patria”.

La lumbre alcanzó de inmediato al fiscal general, César Jáuregui. Asumió la responsabilidad, no por haber conocido previamente la participación de los extranjeros, pero sí porque de la Fiscalía depende la AEI.

La Casa Blanca pidió empatía por las familias de los agentes fallecidos. Como respuesta, la andanada contra las autoridades de Chihuahua fue radicalizada por todos los frentes: Congreso de la Unión, líderes partidarios, Palacio Nacional.

Al mismo tiempo que dispuso Jáuregui su renuncia, el estado creó una comisión investigadora especial sobre los hechos, con la fiscal de las Mujeres, Wendy Chávez, al frente. Su primer hallazgo fue el lógico: Oseguera junto a los americanos.

Su seguimiento llegó luego justo hasta la oficina principal de Operaciones Estratégicas y al resto de dicha instalación ubicada en el C4 de la ciudad de Chihuahua.

El informe correspondiente a esa indagatoria fue presentado por la fiscal Wendy el martes en la tarde-noche, al mismo tiempo que apretaba no una investigación objetiva, sino la presión político-electoral, con la presidenta nacional de Morena en la capital del estado, Ariadna Montiel, anunciando la movilización masiva de ayer contra la gobernadora, Maru Campos, por la “violación a la soberanía”.

Ahí concluyó, en gran medida, Wendy, que los policías norteamericanos habrían trabajado personalmente en Operaciones Estratégicas, junto con Zuany, Oseguera y quizá el Ejército, la estrategia para accesar y desbaratar el narcolaboratorio.

De ello puede desprenderse que el descubrimiento del lugar, en lo más remoto de la sierra chihuahuense, estuvo a cargo de corporaciones de los Estados Unidos, que por lo menos avisaron del mismo a la Fiscalía de Operaciones chihuahuense y juntos procedieron a la inutilización.

Reveló Wendy que un extranjero fue observado en videos portando un arma larga en el interior de Operaciones.

Toda esa información recabada por la fiscal chihuahuense sin duda forma parte ahora del expediente abierto por la Fiscalía General de la República (FGR), que hizo circular el miércoles por la tarde un “comunicado de prensa” con los avances de su indagatoria al respecto. Ha sumado investigaciones en tres frentes sobre un mismo hecho.

Básicamente dio a conocer que no hubo recepción del narcolaboratorio con cadena de custodia de la autoridad estatal hacia la autoridad federal y que la Agencia Estatal de Investigaciones habría invadido la competencia federal, amén de las infracciones en materia de seguridad nacional por el involucramiento de los elementos estadounidenses.

El martes fue día clave contra Zuany. Por la mañana, la conferencia de prensa presidida por Ariadna; en la tarde, la conferencia de Wendy, que debió llevar paralelamente el anuncio sobre la renuncia del fiscal de Operaciones Estratégicas.

Todo ello debió finalmente ubicar en la realidad al mentado jefe policiaco que había hecho de su oficina un centro tecnológico de inteligencia, custodiadas las puertas con chapas especiales, electrónicas, arrancado todo al decidir que era momento de la renuncia.

Viene, sin duda, una etapa dura particularmente para él y para sus comandantes. Todo hubiera quedado reducido a una investigación de carácter más bien administrativo por la intervención de los elementos estadounidenses sin aviso a la federación, pero no sería la circunstancia desaprovechada por los interesados en diputaciones, alcaldías y gubernatura en disputa el año próximo. Ese es el innegable fondo del escándalo mediático.

No bastan las renuncias, los morenos quieren sangre. No la tendrán de la gobernadora, Maru Campos, a quien pretenden llevar a juicio político. Es posible adelantar que perderán el tiempo, aun con la presión que tienen del enemigo número uno de Maru, que desayuna, come y cena bilis contra ella por venganza: el senador Javier Corral. Es cuchillito de palo, pero también cartucho quemado aún en las filas de Morena.

Aunque Zuany ha mostrado tablas extraordinarias para defenderse, brincó exitosamente del corralato al régimen estatal actual; vino de la coordinación regional norte de la Agencia Estatal de Investigaciones, a la dirección en el estado de dicha corporación, hasta alcanzar la Fiscalía de Operaciones.

Ahora está convertido en eslabón débil de la cadena, con peligro hasta de ser detenido por los policías de la fiscal federal, Ernestina Godoy.

La lógica dice que Zuany Portillo quedó bien parado ante el gobierno estadounidense con el operativo en Morelos, pero no siempre los americanos saben responder con agradecimiento a este tipo de colaboraciones. Su futuro es más que incierto, aunque su confianza es tal que sigue operando en Juárez y otras regiones del estado... como asesor.

En contraste, pero en el mismo contexto que tuvo su raíz en el operativo narcolaboratorio Morelos, a la Cuarta Transformación le sigue rompiendo Estados Unidos las chapas de sus puertas en Sinaloa.

Han buscado Palacio Nacional, Morena y sus aliados encauzar hacia el gobierno de Chihuahua la tempestad de la “violación a la soberanía”, pero las aguas golpean cada vez con mayor fuerza a toda su nomenclatura, por lo pronto, de Sinaloa, con el exgobernador Rubén Rocha Moya a la cabeza de una trama de corrupción a gran escala procesada penalmente en los Estados Unidos.

Moya ha logrado esconderse hasta ahora, también el senador y mano derecha suya, Enrique Inzunza Cázarez, pero durante los dos últimos días se entregaron personalmente a las autoridades norteamericanas dos piezas clave en el rango operativo, más o igual de importantes que el exgobernador: su exsecretario de Finanzas, Enrique Alfonso Díaz Vega, y su exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez.

El solo historial de Mérida en la Sedena habla del tiburón que tenían “Los Chapitos” de su lado, pero también del tamaño de corrupción propiciada por el régimen de Rocha Moya y, sin duda, de sus respectivos padrinos.

Gerardo Mérida es general de División Diplomado de Estado Mayor; fue comandante en la 21 Zona de Michoacán, comandante de la 44 Zona en Oaxaca, comandante de la 25 Zona en Puebla, jefe y subjefe de Inteligencia de la Secretaría de la Defensa, jefe de Logística del Estado Mayor Presidencial, director de la Escuela Militar de Inteligencia. ¿Hasta dónde la manzana estará podrida?

Ha quedado claro que la “complicación” para la Cuarta Transformación no está reducida a Sinaloa, menos ahora que Estados Unidos ha convocado a “triplicar el número de acusaciones” contra funcionarios mexicanos “sospechosos” de complicidad con los cárteles de la droga.

Parece que la 4T sigue decidida a tumbar al PAN de Chihuahua, aunque de su tablero sean desaparecidas piezas como un gobernador, un senador, un general de División... más los que se acumulen. No siempre la realidad es vista con racionalidad.