En México, pocas expresiones son tan electoral y políticamente rentables, pero jurídicamente mal comprendidas como estas: “hay que hacer juicio político al gobernador” o “debe desaparecer poderes en el estado”. Cada crisis de inseguridad, escándalo de corrupción, confrontación con el poder federal o episodio de violencia extrema reactiva el mismo libreto: legisladores exigen la caída del Ejecutivo local, actores partidistas invocan la Constitución como si fuera una palanca inmediata de remoción y la opinión pública asume que existe un mecanismo rápido para destituir a un mandatario estatal.

La realidad constitucional mexicana, sin embargo, es mucho más áspera y menos espectacular. Quitar a un gobernador en México es extraordinariamente difícil. No porque no existan mecanismos legales, sino porque el sistema federal fue diseñado para impedir que coyunturas políticas, mayorías accidentales o pulsiones centralistas derriben gobiernos estatales con facilidad.

Pero, vayamos por partes. La conformación del sistema político y de gobierno en México puede entenderse desde una doble dimensión: la jurídico-constitucional (cómo está diseñado formalmente el poder conforme a la Constitución) y la político-material (cómo realmente operan las relaciones de poder, partidos, grupos de interés, federalismo, élites y ciudadanía). Ambas dimensiones no siempre coinciden.

El sistema político mexicano es el conjunto de instituciones, normas, actores, relaciones de poder, mecanismos electorales y prácticas políticas mediante las cuales se ejerce el poder público, se distribuye la autoridad y se toman decisiones obligatorias para la sociedad.

Desde el punto de vista constitucional, México es una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, unidos en una federación.

Ello se encuentra establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente en sus artículos 39, 40, 41 y 49.

La organización política mexicana descansa sobre cinco pilares fundamentales: 1) Constitucionalismo, 2) Democracia representativa, 3) Federalismo, 4) División de poderes, y 5) Sistema de partidos políticos y elecciones periódicas.

Este esquema, aún vigente en nuestra constitución, establece con mucha precisión y claridad que, si bien se accede al poder mediante el voto popular en elecciones democráticas, una vez que se obtiene se gobierna para todos, sí, para todos, aun para los que no votaron por el gobernante y esa es una obligación constitucional.

Pero gobernar para todos no significa someter a todos, aún a quienes piensan distinto, obligarlos por la vía de la imposición a que acepten esquemas de gobierno o de acción gubernamental que los afecten negativamente, gobernar para todos significa escuchar todas las voces y atender todas las demandas, todas, vengan de quien vengan.

Un gobernante que solo atiende las voces de la fuerza política que lo llevó al poder, no es un gobernante es un jefe de partido, es un coordinador electoral, es un árbitro faccioso que solo ve y escucha a los suyos, y eso está prohibido en la Constitución. Qué lejos y añorados esos tiempos en los que los servidores públicos se mantenían alejados de los procesos electorales, al menos públicamente, hoy la divisa es el descaro y la impunidad.

Entre la indignación pública y la remoción constitucional existe una distancia enorme, el problema es que esa distancia suele ignorarse deliberadamente con bastante facilidad.

Cuando un estado enfrenta violencia fuera de control, presuntos vínculos criminales en instituciones locales, colapso de confianza pública o confrontaciones severas entre poderes, reaparecen dos figuras que suelen mezclarse de manera errónea: el juicio político al gobernador y la desaparición de poderes. Aunque ambas pueden tener consecuencias devastadoras para un gobierno estatal, son mecanismos radicalmente distintos, con requisitos constitucionales severos y umbrales probatorios que en la práctica vuelven excepcional su procedencia.

En el caso que hoy nos ocupa, Morena, que es un partido político, ha manifestado públicamente su intención de solicitar un juicio político contra la gobernadora Maru Campos, invadiendo una esfera de acción que le compete a las instituciones y volviendo un tema que debería absolutamente institucional, un asunto político y electorero, polarizando a la sociedad con el enorme riesgo que eso implica.

Y es, precisamente aquí, donde la cosa se pone interesante, porque el juicio político es quizá la herramienta más citada cuando un gobernador o gobernadora enfrentan crisis graves de legitimidad, pero también es una de las figuras más mal interpretadas del sistema constitucional mexicano.

En el imaginario público se asume que equivale a una destitución inmediata, sin embargo, jurídicamente no es así.

El juicio político tiene fundamento en el artículo 110 de la Constitución Federal, y constituye un mecanismo de responsabilidad política excepcional dirigido contra servidores públicos de alto nivel, por actos u omisiones que perjudiquen gravemente los intereses públicos fundamentales o el adecuado despacho de las instituciones.

La redacción constitucional es deliberadamente amplia, pero no ilimitada. No cualquier error de gobierno constituye causal de juicio político. Una administración deficiente, una estrategia de seguridad fallida, una baja popularidad, errores políticos o incluso un deterioro severo de gobernabilidad no bastan, por sí mismos, para justificar constitucionalmente la remoción.

El estándar jurídico exige algo más profundo: actos u omisiones graves que lesionen intereses públicos fundamentales, la diferencia parece técnica, pero cambia por completo la discusión, porque una cosa es un gobierno cuestionado y otra muy distinta un gobierno jurídicamente responsable bajo el estándar constitucional.

Lo que nos trae de nuevo al caso de Chihuahua, ya que pretenden responsabilizar a la gobernadora de una supuesta intromisión de agentes de la CIA en el operativo de El Pinal, Morelos, en la sierra Tarahumara lo que según Morena constituye una grave violación a la Ley de Seguridad Nacional, la Constitución y la coordinación entre gobierno federal y estatal.

Suponiendo sin conceder que así fuera, por lo delicado y serio del asunto, se trataba de un tema que siempre debió mantenerse dentro del cauce institucional, el gobierno federal, la FGR, la Secretaría de Gobernación, el gobierno del estado, la FGE y nada más, hasta que se tuviera el resultado de la investigación oficial, pero cuando la jefa nacional del partido, Ariadna Montiel, lo toma como bandera electorera lo desnaturaliza por completo lo convierte en un tema chabacano de política electorera partidista, y le quita toda la seriedad que debería mantener.

Pero, además, con tan mal tino y fortuna que para lograr una convocatoria más o menos digna, dado su nivel de dirigente nacional de Morena, tuvo que recurrir a la movilización de personas no solo de todo el estado de Chihuahua, sino de otros estados de la República, Durango, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí y hasta de Guerrero y Veracruz, con gente que ni siquiera sabía a qué venía. Consta en varias entrevistas de medios locales.

Y ni aun así logró Morena una presencia digna del nivel de la marcha convocada. Hasta el cierre de esta edición (17:15 horas), apenas había en el monumento a Francisco Villa unas dos mil personas y la manifestación aun no daba comienzo.

Con acciones de este tipo, Morena se acerca cada vez más al descrédito político en México, además del que ya tiene a nivel internacional, Estados Unidos a repetido ya muchas veces, en varias voces acreditadas, que en México gobierna el crimen organizado, y eso debería avergonzarles a los dirigentes de la 4T.