El Poder Ejecutivo propondrá una nueva ley ambiental que endurezca severamente los castigos por daños a la ecología, cree un padrón público de infractores y transforme a la Profepa en la Procuraduría Federal de Justicia Ambiental (PFJA), dotándola de facultades operativas similares a las de una fiscalía.
La iniciativa de la nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada por el Gobierno federal el pasado 14 de mayo, busca reemplazar la legislación que ha estado vigente, con decenas de reformas, desde 1988.