La decisión de la Audiencia Nacional de citar como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha provocado un terremoto político de enorme magnitud en la política española. La causa, centrada en el rescate público de la aerolínea Plus Ultra, no solo afecta a una de las figuras más relevantes del socialismo contemporáneo, sino que ha colocado al Gobierno de Pedro Sánchez bajo una presión inédita desde el inicio de la legislatura.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama atribuye al exlíder socialista un papel central dentro de una supuesta estructura de tráfico de influencias y blanqueo de capitales que habría operado para favorecer intereses empresariales vinculados al rescate de la compañía aérea durante la pandemia. La investigación apunta además a pagos millonarios, sociedades instrumentales y una compleja red financiera que, según el magistrado, habría servido para canalizar fondos hacia el entorno del expresidente.
En este contexto, la reacción de la oposición ha sido inmediata y especialmente contundente. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, elevó el tono político hasta reclamar abiertamente la dimisión de Sánchez. Para el dirigente popular, el caso no puede desvincularse del actual Ejecutivo porque Zapatero continúa siendo una figura decisiva en la estrategia política y parlamentaria del PSOE.
Feijóo sostuvo que “la corrupción es la razón fundacional de este Gobierno”, vinculando la continuidad del Ejecutivo a figuras como el exministro de Transportes José Luis Ábalos, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y el propio Zapatero. El presidente del PP trató de construir una narrativa política en la que las investigaciones judiciales abiertas contra antiguos dirigentes socialistas formarían parte de un mismo deterioro institucional que, a su juicio, afecta directamente a La Moncloa.
El PP sitúa el foco en La Moncloa
La ofensiva popular no se limitó a Feijóo. El secretario general del partido, Miguel Tellado, calificó la situación de “gravedad extrema” y reclamó explicaciones urgentes al Gobierno. Desde Génova se insistió en que Zapatero no es únicamente un expresidente retirado de la primera línea política, sino uno de los principales asesores e interlocutores de Sánchez en asuntos estratégicos, especialmente en las negociaciones con socios parlamentarios como Junts y Podemos, y en la política internacional hacia América Latina.
El PP intenta así convertir la imputación de Zapatero en un problema estructural para el PSOE. La estrategia popular pasa por asociar el desgaste judicial del expresidente al propio núcleo político del sanchismo, subrayando la estrecha relación personal y política entre ambos dirigentes durante los últimos años.
La contundencia verbal utilizada por algunos portavoces populares refleja además el endurecimiento del clima político. Desde sectores del partido se llegó a definir al PSOE como una “organización criminal en lo económico y en lo moral”, una expresión que evidencia hasta qué punto la oposición pretende elevar el coste político del caso Plus Ultra.
Sin embargo, la dimensión institucional del asunto también introduce elementos de cautela. La investigación judicial se encuentra todavía en fase de instrucción y el propio auto judicial se basa en indicios que deberán ser contrastados en sede judicial. Zapatero, por su parte, ha negado reiteradamente cualquier irregularidad y ha defendido que los pagos recibidos correspondían a trabajos reales de consultoría y asesoramiento.
Sánchez llegó al Gobierno por la moción de censura que defendió Ábalos y se mantuvo en el poder por la intermediación de Cerdán y de Zapatero.
— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) May 19, 2026
La corrupción es la razón fundacional de este Gobierno. Sin apoyos no puede seguir. Sin decencia, menos aún.
Solo le queda una salida… pic.twitter.com/lNRjdZ3Yaw
Vox quiere retratar a los socios del Gobierno
En paralelo, Vox ha aprovechado la situación para intensificar la presión sobre el PP y reabrir el debate sobre una moción de censura contra Sánchez. El líder del partido, Santiago Abascal, sostuvo que la imputación del expresidente constituye “un episodio más” dentro de una supuesta red de corrupción que, según él, afectaría al conjunto del Ejecutivo.
La formación de Abascal considera que el escenario actual justifica plenamente una iniciativa parlamentaria destinada a retratar políticamente a todos los socios del Gobierno. Vox insiste en que, aunque la moción no tenga posibilidades reales de prosperar por falta de apoyos parlamentarios suficientes, serviría para obligar a cada grupo a posicionarse públicamente ante el escándalo. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, apeló directamente a Feijóo para que “dé un paso al frente”, argumentando que el principal partido de la oposición no puede permanecer inmóvil mientras, según su interpretación, se acumulan las investigaciones judiciales alrededor del PSOE.
No obstante, el PP evita por ahora entrar en ese terreno. Génova considera que una moción de censura condenada al fracaso podría beneficiar políticamente a Sánchez al reforzar el relato de polarización. La dirección popular prefiere centrar la presión sobre los socios parlamentarios del Gobierno, especialmente sobre aquellas formaciones que han sostenido la mayoría de investidura y, creen en los populares, no podrían justificar su adherencia al Ejecutivo si el exmandatario es procesado finalmente.
La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, insistió precisamente en esa idea al señalar que son los aliados del Ejecutivo quienes deben decidir “qué nivel de podredumbre están dispuestos a aguantar”. Con ello, el PP busca trasladar parte del desgaste político hacia los partidos que continúan respaldando a Sánchez en el Parlamento.
La imputación del expresidente Zapatero no es un hecho aislado. Es un episodio más del Gobierno de Sánchez. Es una nueva demostración de que Pedro Sánchez es el número 1 de todas las tramas de corrupción.
— Santiago Abascal ?? (@Santi_ABASCAL) May 19, 2026
Por eso, como ya he dicho en varias ocasiones, creo que es necesaria una…
Sánchez defiende a Zapatero
La imputación de Zapatero posee además una enorme carga simbólica por tratarse de la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno es investigado formalmente en una causa de corrupción de esta magnitud. Ese componente histórico amplifica inevitablemente el impacto político y mediático del caso.
La coincidencia temporal añade todavía más tensión al escenario político. La declaración judicial de Zapatero está prevista para el 2 de junio, fecha cercana al aniversario de la moción de censura que en 2018 permitió a Sánchez llegar a La Moncloa precisamente con el argumento de la regeneración democrática tras los casos de corrupción que afectaron al PP.
Ahora, el PSOE se enfrenta al riesgo de que esa misma bandera ética se vuelva en su contra. La oposición intenta explotar la contradicción entre el discurso regenerador que impulsó la moción contra Mariano Rajoy y las investigaciones judiciales que actualmente afectan a antiguos dirigentes socialistas.
Mientras tanto, el Ejecutivo y el PSOE han optado por cerrar filas en torno al expresidente. Sánchez trasladó mensajes internos de apoyo a Zapatero y apeló a defender “el buen nombre” de quien sigue siendo una figura de referencia dentro del partido. La estrategia socialista pasa por reivindicar la presunción de inocencia y denunciar lo que consideran una utilización política de las investigaciones judiciales por parte de la derecha y la ultraderecha. @mundiario