La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado caso Plus Ultra ha colocado bajo el foco a una sociedad prácticamente desconocida para el gran público hasta ahora: Análisis Relevante SL. Lo que inicialmente se presentó como una consultora de análisis geopolítico y estratégico para empresas ha terminado convertido, según la tesis del juez José Luis Calama, en una de las piezas centrales de una presunta estructura de tráfico de influencias vinculada al rescate público de la aerolínea.
La relevancia de esta empresa no reside únicamente en sus vínculos económicos con el expresidente socialista, sino en el papel que la Audiencia Nacional considera que pudo desempeñar como vehículo financiero y societario dentro de una presunta red diseñada para influir en decisiones públicas y redistribuir fondos bajo apariencia de contratos de asesoría.
Análisis Relevante fue fundada en febrero de 2020, apenas semanas antes de que la pandemia alterara la economía mundial y desencadenara los grandes programas de ayudas públicas impulsados por los gobiernos europeos. La empresa nació, según distintas versiones recogidas en la investigación, como una startup orientada a elaborar informes geopolíticos y estratégicos dirigidos a grandes compañías.
Detrás de la iniciativa estaban el empresario alicantino, y amigo íntimo del exmandatario, Julio Martínez Martínez y Sergio Sánchez, exasesor del CNI y directivo vinculado a Telefónica. Desde el principio, la figura de Zapatero aparecía como un activo reputacional y comercial para atraer clientes interesados en análisis internacionales y acceso a redes de influencia política y empresarial.
Aunque el expresidente nunca figuró como socio de la mercantil, sí reconoció públicamente haber trabajado como consultor para la empresa. Además, admitió que condicionó su colaboración a la participación de sus hijas a través de la firma What The Fav, dedicada al marketing y comunicación.
Según la versión ofrecida por Zapatero en el Senado, sus funciones consistían en la elaboración de “informes escritos y orales” relacionados con asuntos internacionales y geopolítica. Sin embargo, uno de los elementos que más alimenta las sospechas judiciales es precisamente la dificultad para delimitar de manera concreta el contenido y alcance de esos trabajos.
La relación con Plus Ultra
La conexión decisiva entre Análisis Relevante y el caso judicial aparece cuando la UDEF descubre documentación que vincula directamente a la consultora con la aerolínea Plus Ultra, beneficiaria del polémico rescate de 53 millones de euros aprobado por la SEPI en marzo de 2021.
Los investigadores encontraron un contrato según el cual una sociedad vinculada a Julio Martínez percibiría una comisión equivalente al 1% del rescate si este finalmente era concedido. Esa cifra rondaría los 530.000 euros.
A ojos de la Audiencia Nacional, este documento constituye uno de los indicios más relevantes para sustentar la hipótesis de tráfico de influencias. El juez sospecha que determinadas gestiones políticas y empresariales pudieron haberse activado para favorecer la aprobación de la ayuda pública a cambio de contraprestaciones económicas.
El auto judicial sostiene que Análisis Relevante no operaba como una consultora convencional, sino como una estructura de recepción y redistribución de fondos coincidente temporalmente con las gestiones dirigidas a influir en organismos públicos. El magistrado afirma que la sociedad habría servido para “simular servicios de asesoramiento, generar contratos y facturas que otorgaran apariencia de legalidad a los pagos” y canalizar dinero procedente de compañías interesadas en obtener ayudas estatales.
Los pagos a Zapatero y a sus hijas
Uno de los aspectos más delicados del procedimiento judicial son los pagos realizados desde Análisis Relevante al entorno familiar del expresidente.
Según la resolución judicial, la consultora habría transferido 490.780 euros a Zapatero y otros 239.755 euros a What The Fav, la empresa vinculada a sus hijas. El propio expresidente reconoció haber cobrado unos 70.000 euros brutos anuales de media por sus labores de consultoría.
Zapatero ha defendido públicamente la legalidad de todos esos ingresos y ha insistido en que fueron declarados vía IRPF “con absoluta transparencia y legalidad”. También ha negado cualquier intermediación en el rescate de Plus Ultra: “Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública en relación con el rescate de Plus Ultra”.
El problema judicial no se limita a la existencia de pagos, sino al origen de los fondos y a la supuesta relación entre esas transferencias y las gestiones políticas investigadas.
La Audiencia Nacional considera especialmente llamativo que, según las cuentas conocidas, la mayor parte de los ingresos de Análisis Relevante terminara precisamente en manos de Zapatero y de la empresa de sus hijas.
El juez José Luis Calama va más allá de la investigación sobre el rescate y rastrea una supuesta organización con reparto funcional de tareas, intermediarios y sociedades instrumentales.
Según el auto, Zapatero habría ejercido como la figura central de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias, utilizando sus contactos políticos y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración para beneficiar a terceros a través de una arquitectura en la que aparecían distintos actores: Julio Martínez como intermediario empresarial, diversas sociedades españolas y extranjeras utilizadas para movimientos financieros, contratos de consultoría supuestamente diseñados para justificar pagos y empresas vinculadas al entorno familiar del expresidente.La investigación también apunta a la creación de estructuras offshore, especialmente en Dubái, a través de la sociedad Landside Middle East FZCO, vinculada a Idella Consulenza Strategica. El juez sospecha que estas sociedades podrían haber servido para canalizar fondos fuera de España y dificultar su trazabilidad.
El núcleo del procedimiento no será determinar únicamente si existieron pagos o relaciones profesionales —algo reconocido por el propio Zapatero—, sino demostrar si esos movimientos económicos respondían realmente a servicios de consultoría o si eran contraprestaciones encubiertas por gestiones políticas.
El próximo 2 de junio, cuando Zapatero comparezca como investigado ante la Audiencia Nacional, comenzará una fase decisiva de un caso que ya ha alterado profundamente el panorama político español y que amenaza con convertirse en uno de los procesos judiciales más sensibles de los últimos años. @mundiario