La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sacudido por completo el tablero político español y ha transformado el Congreso de los Diputados en el escenario de una de las sesiones de control más broncas y trascendentes de los últimos años. La decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de situar al exlíder socialista en el “vértice” de una presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo vinculada al rescate de Plus Ultra no solo ha abierto una crisis sin precedentes en la democracia española, sino que ha desencadenado una batalla política de enormes dimensiones entre el Gobierno y la oposición.
El cara a cara entre el presidente Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo reflejó hasta qué punto la legislatura prueba los límites de la desconfianza institucional, el desgaste político y la judicialización del debate público. Feijóo elevó el tono al máximo al acusar directamente al jefe del Ejecutivo de liderar un Gobierno “corrupto” y sostener que Zapatero no habría podido presuntamente delinquir “sin el Consejo de Ministros”. El líder del PP trató de conectar políticamente los casos del exministro de Transportes José Luis Ábalos, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y ahora Zapatero bajo una misma narrativa de un supuesto “sistema” construido alrededor del sanchismo.
La ofensiva parlamentaria del PP buscó además presentar la imputación del expresidente socialista como el golpe definitivo a la legitimidad moral con la que el PSOE llegó al poder en 2018 mediante la moción de censura contra Mariano Rajoy. Feijóo insistió en que Sánchez “no llegó para limpiar nada, sino para saquearlo todo”, y exigió nuevamente su dimisión inmediata. El discurso popular pretende instalar la idea de que la corrupción ya afecta al propio núcleo político e ideológico del actual Ejecutivo.
Sin embargo, Sánchez optó por responder con una defensa profusa de la presunción de inocencia de Zapatero, a medida que devolvía los ataques al PP evocando episodios como la guerra de Irak, el 11-M o la fotografía de Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado. El presidente evitó cualquier gesto de repliegue político y dejó claro que no contempla elecciones anticipadas. “Al Gobierno se llega con votos, no con atajos”, afirmó desde la tribuna, insistiendo en que la legislatura continuará hasta 2027.
Rufián recula y reclama explicaciones
La intervención del presidente dejó ver dos líneas estratégicas claras dentro de La Moncloa. La primera consiste en blindar políticamente a Zapatero como figura histórica del socialismo español, reivindicando su legado en el matrimonio igualitario, retirada de tropas de Irak y final de ETA. La segunda pasa por desacreditar parcialmente el contexto político y mediático de la investigación judicial sin llegar, por ahora, a una deslegitimación frontal de los jueces como sí ocurrió en otras causas recientes relacionadas con el entorno del Gobierno.
No obstante, lo más significativo de la jornada parlamentaria quizá no estuvo en el choque entre PP y PSOE, sino en la evolución del discurso de los socios parlamentarios del Ejecutivo. Durante las primeras horas tras conocerse la imputación, algunos sectores del socialismo y dirigentes próximos al Gobierno insinuaron la existencia de una campaña de “lawfare” o persecución judicial y mediática contra la izquierda. Sin embargo, conforme se conocieron más detalles del auto judicial, varios aliados de Sánchez comenzaron a modular sus posiciones.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, resumió esa incomodidad creciente con una frase que reflejó el desconcierto existente en parte del espacio progresista. “Si esto es verdad, es una mierda; si es mentira, es una mierda aún mayor”, ha dicho el republicano catalán con los folios del auto en mano. Aunque el dirigente republicano mantuvo sus críticas a una supuesta “cacería judicial” contra sectores de la izquierda, también reconoció que el contenido del auto judicial exige explicaciones políticas.
En términos similares se pronunciaron otras fuerzas socias del Ejecutivo, después de que este martes fustigaran la imputación del expresidente socialista y azuzaran la hipótesis de una persecución judicial en ciernes. Desde Sumar, el portavoz de Izquierda Unida (IU), Enrique Santiago, evitó abrazar plenamente la tesis del lawfare y señaló que “si se ha cobrado por gestiones políticas, eso es un delito”. La diputada de Compromís-Més, Águeda Micó, reclamó prudencia, pero admitió dudas sobre la posibilidad de encajar el caso en una persecución judicial organizada. Incluso voces tradicionalmente cercanas al PSOE comenzaron a subrayar la necesidad de esperar a las pruebas antes de convertir la defensa política en una impugnación de la actuación judicial.
El Gobierno mantiene su confianza en Zapatero
Ese matiz es relevante porque evidencia que el Gobierno podría afrontar una situación más compleja que en anteriores crisis. La imputación de un expresidente del Gobierno altera el nivel de gravedad política y obliga a sus aliados a calibrar cuidadosamente sus apoyos. La estrategia de convertir cualquier investigación judicial en una ofensiva de las derechas contra el Ejecutivo parece encontrar límites cuando el auto judicial contiene referencias tan detalladas a contratos, mensajes, reuniones, pagos y estructuras societarias.
Mientras tanto, Santiago Abascal aprovecha el contexto para incrementar la presión sobre Feijóo y reclamar una moción de censura inmediata. Vox entiende que la crisis ofrece una oportunidad para desgastar simultáneamente al PSOE y al PP: al primero, presentándolo como una “organización corrupta”; al segundo, acusándolo de tibieza parlamentaria. No obstante, la dirección popular continúa considerando que una moción sin apoyos suficientes podría reforzar políticamente a Sánchez en lugar de debilitarlo.
En paralelo, el PSOE intenta cerrar filas en torno a Zapatero. El portavoz socialista Patxi López reiteró la necesidad de respetar la presunción de inocencia y defendió el legado político del expresidente. El ministro Félix Bolaños insistió en que el Gobierno mantiene “confianza absoluta” en la Justicia y rechazó cualquier tipo de presión sobre jueces y fiscales. Pero la contundencia de las acusaciones recogidas en el auto judicial dificulta que el Ejecutivo pueda limitar el debate únicamente a una cuestión de garantías procesales.
La situación abre además un debate más amplio sobre el papel de los expresidentes en España, sus actividades privadas posteriores y los mecanismos de control institucional. Varias fuerzas políticas, incluso dentro del bloque progresista, han comenzado a reclamar una regulación más estricta de las actividades de intermediación, consultoría y relaciones internacionales realizadas por antiguos jefes del Ejecutivo una vez abandonan el cargo. @mundiario