Plus Ultra nació oficialmente en 2015 con una ambición concreta: conectar España y América Latina desde Madrid mediante vuelos de largo recorrido orientados especialmente a Venezuela, Perú o Colombia. Durante años, la compañía se presentó como una pequeña aerolínea española especializada en rutas con fuerte componente migratorio y empresarial, una alternativa modesta frente a los gigantes tradicionales del sector aéreo. Su relato corporativo hablaba de cercanía, tripulación propia, sostenibilidad, fidelización de clientes y vocación de fortalecer vínculos entre ambos lados del Atlántico.
Ese discurso todavía permanece en su carta de presentación institucional. Plus Ultra se define como una aerolínea integrada en la IATA, con certificaciones internacionales y una flota de Airbus A330 preparada para operar vuelos de largo radio entre Madrid y distintos destinos latinoamericanos. También reivindica su papel como generadora de conexiones entre España y América Latina y presume de acuerdos de intermodalidad con operadores ferroviarios y compañías regionales. Nada especialmente distinto del lenguaje habitual de una aerolínea que busca transmitir confianza, estabilidad y profesionalidad.
Sin embargo, detrás de esa imagen corporativa se fue gestando una historia mucho más compleja, marcada por la pandemia, la fragilidad financiera y unas relaciones políticas que hoy están bajo investigación judicial. La compañía pasó en pocos años de ser una aerolínea relativamente desconocida para buena parte de la opinión pública española a convertirse en uno de los nombres más controvertidos de la política nacional.
Plus Ultra recibió 53 millones de euros del fondo público creado durante la pandemia para empresas estratégicas. La investigación judicial sitúa a la aerolínea en el centro de una supuesta red de influencias y comisiones
Controversia desde el primer momento
El punto de inflexión llegó con la crisis del coronavirus. Como ocurrió con muchas compañías aéreas del mundo, el desplome del tráfico internacional colocó a Plus Ultra al borde del colapso. En ese contexto, el Gobierno español creó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el objetivo de evitar la quiebra de compañías consideradas relevantes para la economía nacional.
Fue entonces cuando comenzó la batalla política. Desde el primer momento, la concesión de 53 millones de euros a Plus Ultra generó controversia. Sus detractores cuestionaban que pudiera considerarse una empresa estratégica debido a su reducido tamaño, su limitada cuota de mercado y su delicada situación financiera previa a la pandemia. Sus defensores sostenían, en cambio, que cumplía funciones importantes en determinadas rutas internacionales y que el rescate respondía a criterios técnicos similares a los aplicados en otros países europeos durante la emergencia sanitaria.
Lo que en un principio parecía un debate sobre política económica terminó transformándose en un caso judicial de enorme dimensión. Según las investigaciones dirigidas por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, detrás del rescate habría operado presuntamente una red de influencias orientada a facilitar la aprobación de las ayudas públicas.
Las pesquisas describen conversaciones, reuniones y gestiones en las que aparecen directivos de la aerolínea, intermediarios empresariales y nombres relevantes de la política española. El elemento más explosivo es la supuesta implicación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuya imputación ha provocado un terremoto político sin precedentes. El auto judicial sostiene que determinados miembros de la compañía daban por hecho que el acceso al Gobierno y a la SEPI dependía de las gestiones realizadas por el entorno del expresidente.
La investigación reconstruye una sucesión de contactos y movimientos que reflejan hasta qué punto los responsables de la aerolínea confiaban en las relaciones políticas para desbloquear el rescate. En mensajes intervenidos aparecen referencias a reuniones con miembros del Gobierno, gestiones ante entidades financieras y conversaciones sobre pagos ligados al éxito de la operación.
Uno de los aspectos más delicados del caso es la sospecha de que determinadas consultoras vinculadas al empresario Julio Martínez Martínez actuaran como vehículos para canalizar comisiones relacionadas con el rescate. El juez investiga contratos de asesoramiento, sociedades en el extranjero y pagos que podrían haber servido para ocultar el destino final de parte del dinero.
El "pana Zapatero"
El relato judicial también dibuja un ambiente de familiaridad y confianza entre los investigados que ha resultado especialmente devastador desde el punto de vista político. Los mensajes incorporados al sumario muestran celebraciones anticipadas, referencias a “nuestro pana Zapatero” y bromas sobre el porcentaje del rescate destinado presuntamente a determinadas gestiones.
Zapatero niega cualquier ilegalidad y sostiene que jamás realizó gestiones irregulares en favor de Plus Ultra. Como cualquier investigado, le asiste plenamente la presunción de inocencia. Pero el problema ya trasciende el plano estrictamente penal. El caso ha reabierto un debate profundo sobre la relación entre poder político, grandes intereses empresariales y utilización de fondos públicos en momentos de crisis.
También ha evidenciado hasta qué punto la pandemia alteró los mecanismos tradicionales de control político y económico. En medio de la urgencia por evitar quiebras masivas, muchos gobiernos europeos aprobaron rescates multimillonarios con procedimientos acelerados. El caso Plus Ultra refleja los riesgos de ese contexto excepcional: decisiones tomadas bajo presión, opacidad administrativa y una inevitable sospecha pública sobre quién tenía realmente acceso a los despachos donde se decidían las ayudas.
La paradoja es que Plus Ultra nació precisamente reivindicando la idea de conexión y proximidad entre países y personas. Hoy, su nombre aparece asociado sobre todo a una investigación que amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos político-judiciales de la España reciente. Y esa transformación explica por qué una aerolínea relativamente pequeña ha terminado ocupando el centro del debate nacional. @mundiario