“La libertad de manifestación no puede convertirse en un permiso para paralizar carreteras", dijo Guillermo Vega, diputado local del PAN; planteó modificaciones legales para sancionar bloqueos carreteros que afecten la movilidad y prestación de servicios esenciales
El diputado local del PAN, Guillermo Vega Guerrero, planteó impulsar modificaciones legales para sancionar bloqueos carreteros que afecten la movilidad y la prestación de servicios esenciales, luego del cierre que habitantes de La Versolilla mantuvieron durante más de 24 horas sobre la carretera federal 57, en el tramo Querétaro-San Luis Potosí.
Sostuvo que actualmente existe un vacío en la aplicación de sanciones frente a este tipo de protestas, pese a que los ataques a las vías generales de comunicación ya están contemplados en la legislación federal.
Además, adelantó que se analiza una propuesta legislativa orientada a castigar la obstrucción ilícita del tránsito cuando se generen daños graves a la movilidad, la economía o servicios prioritarios.
“Hoy vemos carreteras tomadas durante horas o incluso días completos, afectando el traslado de trabajadores, estudiantes, turistas, mercancías, ambulancias y servicios esenciales, mientras la autoridad federal simplemente permanece ausente”, declaró.
De igual manera, atribuyó la repetición de este tipo de bloqueos a la falta de actuación del gobierno federal y afirmó que las entidades pueden fortalecer sus marcos legales en materia de movilidad y orden público sin invadir competencias federales.
En su posicionamiento, Vega Guerrero insistió en que la intención no es limitar el derecho a la protesta o la libertad de expresión, sino evitar que cierres carreteros afecten derechos de terceros o paralicen actividades esenciales.
“La libertad de manifestación no puede convertirse en un permiso para paralizar carreteras, afectar hospitales, detener el comercio o poner en riesgo vidas humanas”, expresó.
Finalmente, señaló que en otros países como Alemania, Francia, España y Estados Unidos existen disposiciones para sancionar bloqueos en infraestructura estratégica, por lo que consideró que Querétaro debería discutir mecanismos similares.