Exigen extender investigación por tortura en caso de 2010

El Diario 22 May, 2026 10:15

Exigen extender investigación por tortura en caso de 2010

Son en total ocho los policías federales directamente involucrados en los actos de tortura contra víctimas para que se inculparan falsamente de la explosión del coche-bomba en 2010 en Ciudad Juárez, además de que la investigación debe extenderse a superiores jerárquicos y médicos legistas que habrían falseado los reportes de lesiones de los sobrevivientes, según informó el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, ayer.
En rueda de prensa, la directora del Centro, Carla Palacios, y dos sobrevivientes de tortura por ese caso, Rogelio Amaya Martínez y Noé Fuentes Chavira, expusieron fallas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en el seguimiento y socialización de los avances de la causa penal contra Adán Serafín Cárdenas Cruz, exagente federal recién condenado a cinco años de prisión por los hechos, así como fallas de la Fiscalía General de la República por no incluir la desaparición forzada como parte de la acusación o las investigaciones.
“El pasado 13 de mayo, Rogelio y Noé se enteraron a través de un medio de comunicación sobre la emisión de una sentencia condenatoria en contra de uno de los responsables que estableció una pena privativa de la libertad de cinco años. Ante ello, resulta inadmisible que la CEAV Federal ignorara la existencia de dicha resolución y que, hasta la fecha, no haya informado a las víctimas si se presentó o no un recurso de apelación en contra de la determinación”, leyó Palacios.
Rogelio y Noé contaron ayer que debido a la detención arbitraria que sufrieron en agosto de 2010, y de la que fueron liberados hasta marzo de 2014, se quedaron sin trabajo, sin casa y con huellas físicas y emocionales de por vida.
Además, señalaron públicamente a la CEAV por haber filtrado información personal sin su autorización, a partir de la cual licenciados en Derecho los contactaron para supuestamente representarlos jurídicamente, “bajo amenaza de que, sin su representación, no podrán acceder a la reparación del daño”, lo que “deja en evidencia las redes de corrupción que aún persisten al interior de la CEAV”.
A través de un comunicado firmado por ciudadanía de Juárez y El Paso así como organizaciones civiles, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte exigió a la CEAV “garantizar de inmediato las medidas de reparación integral del daño por las violaciones a derechos humanos en contra de las víctimas, las cuales deben incluir una disculpa pública donde se reconozca plenamente su inocencia”, así como que se realicen las gestiones para la reparación del daño tras la condena al expolicía Cárdenas Cruz.
A la Fiscalía, se le exigió “un plan de investigación eficiente y exhaustivo que permita determinar la participación de los superiores jerárquicos en los hechos, así como de las diversas autoridades involucradas”, y la inclusión del delito de desaparición forzada.
“El Estado mexicano sigue fallando”, acusó Palacios.
El 13 de mayo de 2026, El Diario informó sobre la sentencia condenatoria bajo la causa penal 113/2014 dictada por Luis Eduardo Rivas Martínez, juez Séptimo de Distrito en Ciudad Juárez.
De acuerdo con la sentencia, Cárdenas Cruz fue detenido en 2021, por lo que con cinco años de sentencia este 31 de agosto de 2026 tendrá posibilidad de ser liberado.
La CEAV informó a Rogelio Amaya de la detención de otros tres presuntos implicados en su tortura: Federico López Pérez (arrestado en 2014 en Tamaulipas mientras fungía como policía federal, por presuntamente secuestrar y extorsionar a un empresario), Luis Alberto Fonzález Gutiérrez (en 2025, por la causa penal en que Rogelio y Noé son víctimas; esta persona era secretario municipal de Seguridad en La Huacana, Michoacán), y Víctor Aquileo Lozano (de quien no se dieron detalles del lugar y fecha de su aprehensión).
dvilla@redaccion.diario.com.mx

Visitar fuente original completa