El mapa del alquiler turístico en España acaba de sufrir un giro brusco. La anulación del Registro Único de Alquileres de corta duración por parte del Tribunal Supremo no solo desmonta una herramienta clave del Gobierno para controlar el sector, sino que devuelve al mercado a más de 100.000 viviendas que habían quedado en tierra de nadie. Lo que hasta ahora era un cerrojo administrativo se convierte, de la noche a la mañana, en una puerta entreabierta. Y detrás de ella aguardan propietarios, plataformas digitales y administraciones con intereses enfrentados.
Durante meses, el registro estatal funcionó como un filtro decisivo. Sin su número identificativo, miles de propietarios no podían anunciar sus viviendas en plataformas como Airbnb o Booking. Según recuerda EL PAÍS, la medida pretendía ordenar un mercado desbordado, pero también generó un cuello de botella que dejó fuera a unas 111.000 viviendas, muchas de ellas por conflictos normativos entre comunidades de propietarios, licencias autonómicas y criterios estatales.
La sentencia del Supremo cambia las reglas del juego. Al considerar que el Estado no tenía competencias para implantar este registro, devuelve la gestión al terreno autonómico. El efecto inmediato es claro: quienes ya contaban con licencias regionales, pero habían sido bloqueados por el registro estatal, recuperan la posibilidad de operar en el mercado turístico digital.
Pero el impacto va más allá de lo jurídico. Lo que se reactiva no es solo una actividad económica, sino un modelo urbano en disputa. El alquiler turístico ha sido uno de los grandes campos de batalla de la última década, enfrentando a vecinos, administraciones y propietarios en torno a una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto debe el mercado colonizar el espacio residencial? El fallo judicial no responde a esa cuestión. La desplaza.
Un mercado que vuelve a latir
La reacción del sector ha sido inmediata. Asociaciones de propietarios celebran la decisión como una rectificación necesaria frente a lo que consideran una sobrerregulación. Para muchos, el registro estatal era una barrera redundante que duplicaba controles ya existentes a nivel autonómico.
En comunidades como Andalucía, el mensaje es claro: las licencias concedidas en su día vuelven a ser plenamente válidas. No hará falta reiniciar trámites ni solicitar nuevas autorizaciones. El negocio puede reanudarse casi de forma automática.
Este regreso masivo al mercado plantea, sin embargo, un interrogante clave: ¿están preparadas las comunidades autónomas para asumir en solitario la supervisión? El registro estatal no solo ordenaba, también centralizaba información sensible, como los estatutos de comunidades de propietarios o el uso fiscal de los inmuebles. Sin ese filtro, el control se fragmenta.
El conflicto vuelve a los portales
La sentencia no elimina los conflictos, los desplaza al terreno judicial y comunitario. Muchas de las viviendas rechazadas lo fueron porque sus comunidades de vecinos prohibían el uso turístico. Ahora, esos vetos no desaparecen, pero su aplicación se vuelve más compleja.
Los propietarios con licencias previas podrían seguir operando incluso si sus comunidades han endurecido normas posteriormente. En esos casos, serán los tribunales los que decidan. Es decir, el conflicto se judicializa.
Este escenario anticipa una nueva oleada de litigios. Comunidades de vecinos que intentan frenar la actividad frente a propietarios que reivindican derechos adquiridos. Una batalla caso por caso que amenaza con saturar juzgados y prolongar la inseguridad jurídica.
El Gobierno pierde el timón
Para el Ministerio de Vivienda, el golpe es doble. No solo pierde una herramienta clave de control, sino también capacidad de influencia en un mercado que consideraba prioritario regular. Su discurso, centrado en combatir lo que denomina “alquileres ilegales”, choca ahora con un vacío de competencia.
El Ejecutivo advierte del riesgo de que se repitan situaciones donde basta una declaración responsable para operar sin una verificación real. Es decir, teme un efecto rebote: que la desregulación de facto favorezca prácticas irregulares.
Sin embargo, la realidad es más compleja. La sentencia no elimina la regulación, la descentraliza. Y eso obliga a las comunidades autónomas a demostrar si pueden ejercer un control eficaz sin el paraguas estatal.
Una puerta abierta y un problema intacto
La gran paradoja es que, mientras el mercado celebra, el problema de fondo sigue sin resolverse. La tensión entre el derecho a la vivienda y la rentabilidad turística continúa intacta. En ciudades tensionadas, cada vivienda que vuelve al circuito turístico es una menos en el mercado residencial.
La decisión del Supremo no inclina la balanza hacia uno u otro lado. Simplemente redefine el tablero. A corto plazo, más de 100.000 viviendas podrían volver a anunciarse. A medio plazo, el pulso entre regulación y mercado se intensificará. @mundiario