La investigación judicial sobre el rescate de Plus Ultra ha dejado de ser únicamente un caso sobre ayudas públicas concedidas durante la pandemia. Con cada nuevo informe policial y cada auto judicial, la causa adquiere una dimensión política y geopolítica mucho más profunda, en la que convergen viejas relaciones entre España y Venezuela, redes empresariales opacas y una creciente batalla partidista que amenaza con monopolizar la vida pública española durante meses.
Las conversaciones incorporadas al informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), conocidas esta semana a través del diario El País, sitúan a la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez –actual presidenta encargada– y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como referencias políticas clave en las gestiones emprendidas por los máximos responsables de Plus Ultra para acceder al rescate de 53 millones de euros aprobado finalmente por el Gobierno en marzo de 2021.
Los mensajes, fechados en marzo de 2020, apenas iniciada la pandemia, muestran a los directivos de la aerolínea buscando vías de acceso político para lograr ayudas económicas en un momento de extrema incertidumbre para el sector aéreo. “Delcy, que llame a Ábalos”, escribió Rodolfo Reyes, entonces propietario de la compañía, a Julio Martínez Sola, vicepresidente de la aerolínea. “O alguien con Zapatero”, respondió este último.
La UDEF revela contactos políticos en plena pandemia. El caso reabre el debate sobre poder, influencia y transparencia
Más allá de la literalidad de las frases, lo verdaderamente relevante es lo que reflejan sobre el funcionamiento de determinadas redes de poder. La investigación sugiere que los responsables de Plus Ultra consideraban imprescindible activar contactos políticos de alto nivel para abrir puertas en la Administración española. El propio intercambio revela una percepción de proximidad entre determinados dirigentes políticos españoles y el entorno del chavismo venezolano, una cuestión especialmente sensible desde hace años en el debate público español.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sostiene en sus resoluciones que existió una estructura organizada orientada al tráfico de influencias y al supuesto cobro de comisiones vinculadas al rescate de la aerolínea. La UDEF describe además un entramado societario al que los implicados denominaban “boutique financiera”, utilizado presuntamente para canalizar pagos y operaciones económicas difíciles de justificar.
La investigación no se limita ya al rescate de Plus Ultra. Las pesquisas han empezado a conectar esta causa con otras tramas surgidas durante la pandemia, especialmente con el llamado caso Koldo. Los investigadores aprecian coincidencias de actores, intermediarios y métodos operativos, incluyendo el uso de teléfonos desechables, referencias codificadas como el término “café” y vínculos con personas próximas al exministro José Luis Ábalos.
El alcance político del escándalo crece también por las derivadas venezolanas. La figura de Delcy Rodríguez vuelve al centro de la polémica española años después del llamado Delcygate, que ya tensó las relaciones entre el Gobierno y la oposición por el controvertido encuentro mantenido en Barajas con Ábalos pese a las sanciones europeas que pesaban sobre la dirigente chavista. Ahora, su nombre aparece de nuevo asociado a gestiones vinculadas a Plus Ultra, una aerolínea cuyos accionistas y conexiones empresariales llevan años siendo objeto de sospechas y controversias políticas.
Sin embargo, el caso no puede analizarse únicamente desde el prisma judicial. También plantea una cuestión institucional de enorme importancia: hasta qué punto las relaciones políticas, diplomáticas o personales pueden convertirse en instrumentos de influencia sobre decisiones económicas estratégicas tomadas en contextos de emergencia nacional. Durante la pandemia, el Gobierno aprobó rescates multimillonarios para empresas consideradas estratégicas. La discusión sobre si Plus Ultra merecía o no esa consideración ya dividió entonces a expertos, partidos y organismos públicos.
Hoy esa discusión regresa con una intensidad mucho mayor. El Partido Popular y Vox han encontrado en el caso un filón político para erosionar al Ejecutivo de Pedro Sánchez y golpear el legado político de Zapatero. Las movilizaciones convocadas en Madrid contra el “Gobierno corrupto”, el endurecimiento del discurso de Santiago Abascal y las peticiones de responsabilidades penales inmediatas forman parte de una estrategia de presión política que previsiblemente irá creciendo conforme avance la instrucción. Pero el riesgo para el sistema institucional español no reside únicamente en la gravedad de las acusaciones, sino también en la transformación de la causa en un gigantesco juicio paralelo. Las filtraciones constantes, las exclusivas diarias y la exposición mediática permanente amenazan con condicionar tanto la percepción pública como el propio desarrollo de la investigación judicial.
La presunción de inocencia sigue siendo un principio esencial del Estado de derecho. Zapatero ha negado las acusaciones y ha manifestado su disposición a colaborar con la justicia. Plus Ultra insiste en que actuó conforme a la legalidad y mantiene que colaborará plenamente con los tribunales. Sin embargo, el impacto político ya es irreversible. El expresidente socialista, durante años una figura clave en la diplomacia española y en las relaciones con América Latina, aparece ahora situado en el centro de una tormenta judicial que amenaza con alterar profundamente el equilibrio político español.
España asiste así a un episodio que mezcla corrupción presunta, rivalidad partidista, conexiones internacionales y crisis institucional. El desenlace judicial tardará probablemente años. Pero el desgaste político y social ya ha comenzado. @mundiario