Chihuahua— Pese al fuero constitucional de la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, ayer dos agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) le entregaron un citatorio para comparecer el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas en la delegación estatal en Ciudad Juárez, en calidad de testigo dentro de la carpeta FED/FEILC/FEILC-CHIH/000001/2026.
La entrega del documento ocurrió en Palacio de Gobierno por la mañana y quedó registrada en video. Los agentes Joel Cruz y Roberto Chaparro notificaron personalmente a la mandataria, quien recibió el oficio frente a funcionarios de su administración y aprovechó el momento para cuestionar la legalidad de la actuación de la autoridad federal.
“Aquí estoy, por supuesto, dando la cara y recibiéndolo”, expresó Campos Galván al momento de tomar el citatorio. Afirmó que revisará la fundamentación jurídica del requerimiento debido a que cuenta con fuero constitucional y sostuvo que la situación no tiene precedente en el país.
“Soy una gobernadora con fuero constitucional y aun así me están llamando a comparecer por parte de Fiscalía General de la República para la próxima semana, cosa que no ha sucedido con el gobernador Rubén Rocha de Sinaloa, cosa que no ha sucedido con otros gobernadores”, declaró.
La mandataria acusó un “doble rasero” por parte de Morena y señaló que existe una persecución política en su contra. Además, lamentó que “las instituciones federales sean utilizadas para molestar y dañar al estado de Chihuahua”.
Durante la recepción del documento, Campos Galván insistió en varias ocasiones en que su administración ha enfrentado al crimen organizado y ha mantenido acciones contra la inseguridad. “Estamos haciendo todas las cosas para que los chihuahuenses puedan vivir, crecer y trabajar en paz”, manifestó.
Indicó que su equipo jurídico analizará si existe algún recurso legal contra el citatorio y reconoció que aún no definen si acudirá o no a la comparecencia. “No lo sabemos. Lo vamos a ver apenas”, respondió al ser cuestionada sobre la posibilidad de presentarse ante la FGR.
No obstante, minutos después afirmó que siempre ha respondido a los llamados de la autoridad. “Una servidora siempre ha dado la cara a los llamados. Ustedes saben cuando tuvimos esta persecución con Javier Corral, estuvimos presentes en todas las audiencias”, expresó.
En el intercambio con los agentes federales, Campos Galván también remarcó que el citatorio no iba acompañado de alguna acusación formal en su contra y pidió que quedara constancia de ello. “No está identificado ninguno como acusado, ¿verdad?”, cuestionó a los notificadores.
Más tarde, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, señaló que el caso tiene más tintes políticos que jurídicos y acusó un trato diferenciado por parte de las autoridades federales.
“Estamos viendo un trato mucho más agresivo con una gobernadora que le ha cumplido a los ciudadanos de su estado que con alguien que, en lugar de cumplir a los ciudadanos, se alió con el crimen organizado”, declaró al comparar el caso de Campos Galván con el de políticos vinculados a Morena señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.
El funcionario sostuvo que la gobernadora siempre ha dado la cara y que su equipo legal atenderá cualquier requerimiento de la autoridad federal. “La gobernadora es una mujer que siempre ha enfrentado las cosas apegada a la legalidad”, afirmó.
Sobre el comunicado emitido posteriormente por la FGR, en donde también mencionó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, De la Peña consideró que existe un intento de “empatar los cartones”, aunque insistió en que ambos casos son distintos.
“Hay una serie de políticos relacionados con Morena, entre ellos hay un exgobernador, un senador y otros excolaboradores del gobernador en donde se les está imputando una relación con el crimen organizado y vínculos con el narcotráfico”, expresó.
En contraste, afirmó que el caso de la gobernadora de Chihuahua surge después de acciones emprendidas por el Estado contra organizaciones criminales dedicadas a la producción y distribución de narcóticos.
“Ahora pretende culpar a la gobernadora de temas que parecerían irrisorios, como este tema de traición a la patria”, dijo.
De la Peña aseguró que detrás del citatorio existe una carga política y acusó que la FGR es utilizada para golpear políticamente a la mandataria estatal.
“La gobernadora es una mujer valiente, una mujer que tiene un compromiso con Chihuahua y se va a defender a ella misma con la misma contundencia y con la misma pasión que defiende a los chihuahuenses”, manifestó.
Asimismo, el Gobierno del Estado difundió un comunicado en el que calificó la actuación de la FGR como “absolutamente violatoria de la Constitución y de la soberanía del Estado de Chihuahua”.
El posicionamiento oficial sostuvo que los gobernadores cuentan con protección constitucional sobre su encargo y que no pueden ser llamados a procedimientos de naturaleza penal mientras permanezcan en funciones.
Además, el comunicado acusó que la citación forma parte de una persecución política “ordenada desde Palacio Nacional” y comparó el caso con el trato que, afirmó, ha recibido Rocha Moya, así como otros funcionarios señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado. (Ismael Carrillo / El Diario)