La escena ocurrió en Cajeme y volvió a abrir una discusión incómoda para Morena. La jueza electa Blanca Diva Ponce Caro apareció tomando protesta como Secretaria Ejecutiva de un Comité Seccional morenista y formando parte del Consejo Municipal del partido, pese a que la propia reforma judicial impulsada por el oficialismo insiste en garantizar la independencia de jueces y magistrados.
El problema no es solamente jurídico. También es político y profundamente simbólico. Morena no puede seguir pregonando una transformación ética mientras tolera escenas que contradicen el discurso que defiende diariamente desde el poder. Porque una cosa es simpatizar ideológicamente con un movimiento y otra muy distinta participar activamente en estructuras partidistas encargadas de organización territorial y movilización política.
La situación resulta todavía más delicada porque la Constitución establece que los estados deben garantizar la independencia judicial y la legislación de Sonora prohíbe que jueces desempeñen cargos o comisiones ajenas a su función jurisdiccional. Aun así, las imágenes circularon sin pudor en redes sociales, como si no existiera conflicto alguno.
Este tipo de actitudes terminan desgastando a Morena mucho más de lo que algunos dirigentes imaginan. No por un escándalo monumental, sino por la acumulación de contradicciones pequeñas que erosionan lentamente la credibilidad del movimiento.
Si Morena realmente quiere diferenciarse de los viejos partidos, necesita detener y sancionar este tipo de conductas. Porque la transformación no puede convertirse en discurso de campaña mientras las prácticas del pasado siguen apareciendo frente a las cámaras.