MÉXICO.- El sistema bancario en México implementará medidas estrictas para rastrear y bloquear los flujos de dinero provenientes de extorsiones. A través de un esfuerzo conjunto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitió en colaboración con la Asociación de Bancos de México (ABM) la “Guía para Sujetos Obligados del Sector Financiero en el Monitoreo del Perfil Transaccional de Clientes y/o Usuarios: Casos Relacionados a Extorsión”. Este documento oficial busca asfixiar la ruta económica de los grupos delictivos que utilizan las instituciones bancarias para legalizar sus ganancias ilícitas.
La urgencia de esta medida responde a una problemática persistente: la movilización de recursos que se originan específicamente desde diversas cárceles del país. De acuerdo con datos estadísticos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el delito de extorsión en México ha registrado un incremento del 82% en los últimos 10 años.
Debido a este panorama, la UIF clasifica formalmente a la extorsión como un delito predicado de las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), mejor conocido como lavado de dinero, ya que los extorsionadores usan la estructura bancaria para ocultar, dispersar y movilizar el efectivo obtenido de las víctimas.
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— Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 25, 2026
La UIF emite Guía para el monitoreo de operaciones relacionadas con extorsión en el sector financiero.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en coordinación con la Asociación de Bancos… pic.twitter.com/9ZMpjCOzXZ
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Los patrones delictivos: ¿Cómo se mueve el dinero de las extorsiones?
El análisis de inteligencia financiera realizado por las autoridades federales permitió identificar los métodos exactos que emplean las redes criminales para operar desde los centros penitenciarios. Los hallazgos principales de la UIF revelan patrones de comportamiento transaccional muy específicos:
- Predominio de aplicaciones móviles: El uso de la tecnología se convirtió en la herramienta principal de los delincuentes. Las aplicaciones bancarias para teléfonos inteligentes concentraron aproximadamente el 70% de las operaciones en los casos analizados, debido a la velocidad con la que permiten dispersar los fondos a múltiples cuentas.
- Conceptos de transferencia recurrentes: Las investigaciones detectaron que las transferencias electrónicas ligadas a estos delitos suelen repetir ciertas palabras clave o conceptos de pago específicos para intentar evadir los controles automatizados de los bancos.
- Dispersión acelerada: Una vez que la víctima realiza el depósito físico o digital, el dinero se divide de forma inmediata en montos menores hacia diferentes tarjetas de débito, lo que dificulta el rastreo manual si no se cuenta con alertas preventivas.
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Plazos obligatorios para que los bancos apliquen los controles
Las instituciones financieras que operan en el territorio nacional deben apegarse a un cronograma estricto para adoptar las nuevas directrices de monitoreo de perfiles transaccionales:
- Fase de aprobación: Los oficiales de cumplimiento de cada banco disponen de un plazo de 60 días naturales para presentar la guía ante sus respectivos Comités de Comunicación y Control para su validación formal.
- Fase de ejecución: Una vez obtenida la aprobación interna, las entidades bancarias cuentan con un periodo adicional de 60 días para implementar las métricas y herramientas de análisis en sus sistemas tecnológicos, así como en sus procesos de reporte de operaciones sospechosas.
Coordinación institucional contra el lavado de dinero
La consolidación de esta herramienta preventiva fue posible gracias al intercambio de información técnica entre las autoridades de hacienda y el sector privado. La UIF destacó la apertura y la disposición de los banqueros agremiados en la ABM, cuya experiencia operativa resultó fundamental para enriquecer el análisis de los patrones transaccionales.
Con la aplicación de esta guía, los bancos comerciales contarán con mejores elementos de auditoría interna para identificar cuando una cuenta bancaria común comience a recibir depósitos atípicos con las características propias de una extorsión carcelaria. Esto permitirá notificar a las autoridades competentes en tiempo real, congelar los recursos de procedencia ilícita y proteger el patrimonio de los usuarios del sistema financiero.