En un acuerdo calificado como "sin precedentes" para el sistema legal de la zona norte, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua y el Décimo Séptimo Circuito Federal concretaron un encuentro de alto nivel para unificar criterios y agilizar la impartición de justicia en el Distrito Bravos.
El encuentro, encabezado por la Magistrada Presidenta Marcela Herrera Sandoval, tuvo como eje central la eliminación de los obstáculos burocráticos que históricamente han separado a la justicia estatal de la federal.
El objetivo es que ambos niveles de gobierno dejen de operar como entes aislados y comiencen a trabajar bajo un esquema de coordinación directa.
Durante la mesa de trabajo, en la que participaron figuras clave como Francisco Acosta Molina (Tribunal de Disciplina) y Eduardo Zacarías Gómez (Órgano de Administración), se definieron cuatro acuerdos prioritarios para optimizar la atención ciudadana:
-Intercambio de prácticas: Adopción de modelos administrativos que ya han demostrado éxito en ambas instancias.
-Capacitación bilateral: Formación conjunta de magistrados para homologar criterios de resolución.
-Agilización de expedientes: Implementación de soluciones jurídicas para evitar el rezago en el desahogo de casos.
-Comunicación permanente: Creación de canales directos para resolver conflictos de competencia de manera expedita.
"Buscamos consolidar un sistema de justicia que no solo sea ágil, sino que sea humano y responda de manera oportuna", afirmó Herrera Sandoval, subrayando que estos espacios de diálogo no serán eventos aislados, sino permanentes.
Un frente común en la zona norte
La relevancia de este encuentro radica en la integración de un nutrido grupo de magistrados del Distrito Bravos, entre ellos Myrelle Lozoya, Ilian Yasel Villanueva y Javier Rodolfo Acosta, quienes junto a las comisionadas Judith Ávila y Minerva Correa, trabajarán en la implementación operativa de estos acuerdos.
Con esta alianza, el Poder Judicial de Chihuahua busca derribar las barreras institucionales en una de las regiones con mayor carga procesal del estado, prometiendo una justicia más transparente y, sobre todo, más cercana a las necesidades reales de la población fronteriza.