El jueves 21 de mayo del presente año, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que pretende establecer mecanismos eficaces para que los partidos políticos puedan tomar decisiones respecto a las candidaturas que propondrán a partir de la elección de 2027 y evitar que haya cualquier vínculo con la delincuencia organizada.
Por lo que se pretende crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, que dependerá del INE, la cual estará integrada por cinco consejeros electorales, elegidos y votados por un periodo de tres años por el Consejo General del INE. Además, dicha Comisión será un vínculo entre los partidos políticos que voluntariamente decidan someter a sus posibles candidatos a dicha verificación, para que las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia puedan investigar a las personas aspirantes a dichas candidaturas, a través del Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para buscar información sobre esa persona y establecer un posible riesgo razonable de vínculos con la delincuencia organizada.
Una vez que los partidos políticos, de manera voluntaria, entreguen su lista de aspirantes a dicha Comisión, esta se encargará de consultar los nombres a las dependencias antes señaladas y estas, a su vez, analizarán y determinarán por separado si existe o no un riesgo razonable, para que, a su vez, la Comisión informe a los partidos políticos lo encontrado sobre sus aspirantes. En caso de la existencia de un riesgo, se informará al partido qué instancia emite el riesgo y será decisión del partido político determinar si registran o no dicha candidatura. Además, si las instituciones encuentran información relevante, de acuerdo con sus atribuciones, podrán continuar con la investigación correspondiente.
Así, se observa que no es obligatorio para los partidos entregar la lista de sus aspirantes; sin embargo, dicha reforma introduce la obligación para las personas aspirantes a candidaturas, como requisito, de manifestar al partido político su conformidad de ser evaluadas por dicha Comisión, aun cuando el partido que la postule pueda decidir no someterla a consulta de la Comisión.
No debe pasar inadvertido que dicho proceso se realizará en condiciones de confidencialidad entre todas las partes y la información que identifiquen las autoridades competentes tendrá el carácter de reservado para no afectar el debido proceso. Lo anterior me parece un poco complejo, porque es evidente que la lista de las personas aspirantes de los partidos se hará pública y, claro está, que nos daremos cuenta si, con posterioridad a dicha verificación, se excluye alguna persona, a menos que se pretenda manejar también en estricta confidencialidad la lista de los aspirantes que se someterá a la Comisión.
Esta iniciativa se justifica por los casos recientes de vínculos de presidentes municipales con la delincuencia, como el caso del alcalde de Teuchitlán, Jalisco, quien fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada; después, el caso del alcalde de Tequila, Jalisco y, recientemente, un caso de Morelos, entre otros que no necesariamente conocemos.
Este mecanismo permitirá a los partidos políticos saber si una persona que se postula por el partido tiene algún antecedente. La iniciativa se presenta con urgencia en el periodo extraordinario ante la proximidad de las elecciones de 2027.
Por otro lado, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, manifestó que cualquier nueva atribución para el INE tiene que garantizar procedimientos imparciales, transparentes y sin intervenir en la definición de riesgos. Asimismo, exhortó a los legisladores a que las facultades del INE queden perfectamente delimitadas, porque el INE no puede convertirse en juez y parte de una contienda política, pues su función constitucional es organizar elecciones.
En consecuencia, esta reforma solo tendrá sentido si no se queda en una verificación voluntaria ni en un gesto simbólico de integridad partidista. La ciudadanía necesita controles reales, reglas claras y partidos obligados a asumir responsabilidad sobre las personas que postulan. Porque cuando la delincuencia captura una candidatura, no solo pone en riesgo una elección y a la ciudadanía; también entrega el poder público, presupuesto e impunidad a quienes jamás deberían gobernar.
Facebook: Dra. Olivia Aguirre Bonilla