La investigación que dirige la Audiencia Nacional sobre una supuesta red destinada a interferir en causas judiciales vinculadas al PSOE y al Gobierno entra en una nueva dimensión política. El juez Santiago Pedraz sostiene que la presunta operación para desacreditar investigaciones policiales y judiciales comenzó a activarse en uno de los momentos más delicados para Pedro Sánchez: los cinco días de reflexión que anunció en abril de 2024 tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez.
En un auto de enorme carga política y judicial, el magistrado describe la existencia de una estructura organizada que habría actuado de manera “sistemática y continuada” para neutralizar procedimientos que afectaban tanto al partido socialista como al entorno más cercano del presidente del Gobierno.
El instructor sitúa en el centro de la operación al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a quien atribuye un papel de dirección superior dentro de la supuesta trama. Según el juez, Cerdán habría coordinado actuaciones a través de la exmilitante socialista Leire Díez, encargándole tareas destinadas a proteger los intereses políticos del partido frente al avance de distintas investigaciones judiciales.
La resolución judicial fija como momento clave una reunión celebrada el 26 de abril de 2024 en la sede del PSOE en Ferraz, apenas dos días después de que Sánchez anunciara públicamente su periodo de reflexión. Para Pedraz, ese encuentro marca el auténtico “punto de inflexión” de la actividad investigada.
A aquella reunión habrían asistido, además de Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el exresponsable de comunicación socialista Ion Antolín y Juan Manuel Serrano. El magistrado interpreta diversos mensajes y comunicaciones intervenidas como indicios de que existía una estrategia organizada para responder políticamente a las causas judiciales que comenzaban a cercar al entorno del Ejecutivo.
La investigación sostiene que el objetivo final de la supuesta red era frenar o desacreditar procedimientos relacionados con casos especialmente sensibles para el Gobierno, entre ellos las investigaciones sobre Gómez, David Sánchez —hermano del presidente— o distintas actuaciones impulsadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.
Pedraz considera que la trama no solo actuó mediante campañas de presión o descrédito público, sino que también pudo utilizar recursos económicos y logísticos vinculados al propio PSOE. El auto habla de pagos encubiertos, facturas presuntamente falsas y financiación de actividades destinadas a sostener la operación.
En ese contexto, el juez pone el foco sobre la gerente socialista Ana Fuentes, a quien investiga por su posible participación en la emisión de documentos mercantiles presuntamente utilizados para canalizar fondos destinados a Díez. Según la investigación, parte de esos pagos se habrían disfrazado mediante sociedades instrumentales y contratos ficticios.
El magistrado también sospecha que se intentó captar información sensible a través de contactos con funcionarios, agentes de la Guardia Civil, fiscales e investigados en diferentes causas. La finalidad habría sido obtener datos internos o material útil para desacreditar a magistrados, fiscales y mandos policiales que dirigían investigaciones incómodas para el PSOE.
Entre los objetivos de la presunta ofensiva aparecen mencionados el juez Juan Carlos Peinado, la Fiscalía Anticorrupción y la propia UCO. El auto recoge incluso referencias a conversaciones donde se hablaba abiertamente de “destruir procedimientos” o de actuar “sin límite” para proteger al presidente del Gobierno y a su entorno político.
Uno de los aspectos más delicados de la resolución es la supuesta implicación estructural del PSOE. El juez considera que Cerdán habría puesto recursos del partido al servicio de la operativa investigada: desde dependencias para reuniones hasta personal administrativo, viajes, alquileres de vehículos y cobertura económica de determinadas actividades.
La resolución también conecta esta causa con otras investigaciones previas relacionadas con presuntas irregularidades en contratos de la SEPI y operaciones económicas bajo sospecha. Según el magistrado, varios de los implicados ya mantenían relaciones previas y habrían aprovechado sus conexiones políticas para obtener influencia y beneficios.
Pedraz sostiene que existía una estrategia perfectamente coordinada y una jerarquía clara dentro del grupo. El auto menciona más de una veintena de reuniones entre los principales investigados y destaca que todas las actuaciones giraban alrededor de una prioridad absoluta: proteger políticamente al presidente y evitar el impacto judicial sobre el PSOE.
La causa amenaza ahora con convertirse en uno de los mayores terremotos políticos y judiciales de los últimos años, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino porque el juez sitúa el origen de toda la supuesta operación en pleno corazón de la crisis que vivió Sánchez cuando puso en duda públicamente su continuidad al frente del Gobierno. @mundiario