Europa ha dado luz verde a una de las decisiones más sensibles —y polémicas— de la política energética española: pagar 9.000 millones de euros en una década a las compañías eléctricas para garantizar que nunca falte electricidad. Tras meses de análisis, la Comisión Europea ha validado el mecanismo de capacidad propuesto por el Gobierno, un instrumento que busca evitar apagones, pero que abre un debate incómodo: ¿quién paga realmente la seguridad energética?
El visto bueno de Bruselas llega en un momento de máxima tensión estructural en el sistema eléctrico europeo. La transición hacia energías renovables, la volatilidad geopolítica y el recuerdo aún reciente de incidentes como el gran apagón de abril de 2025 han cambiado las reglas del juego. Ya no basta con producir electricidad: hay que garantizar que siempre esté disponible, incluso cuando no sopla el viento o no brilla el sol.
En ese contexto, el mecanismo aprobado funciona como una especie de “seguro eléctrico”. El Estado —a través del sistema regulado— pagará a las empresas por estar disponibles en momentos críticos, aunque no estén generando energía de forma constante. Es decir, se remunera la capacidad, no solo la producción. Un giro de fondo que reconoce algo que el mercado puro no estaba resolviendo: la necesidad de tener respaldo firme. Pero esa garantía tiene un coste. Y no será abstracto. Los consumidores lo verán reflejado en su factura de la luz.
El Ejecutivo comunitario ha avalado la medida al considerar que es “necesaria, adecuada y proporcionada”, y que no distorsiona la competencia dentro de la Unión Europea. La clave, según Bruselas, está en el diseño: subastas transparentes, acceso abierto a distintos actores —incluidos proyectos de almacenamiento o gestión de demanda— y límites para evitar ventajas indebidas. Sin embargo, detrás del lenguaje técnico se esconde una decisión política de gran calado.
Un cambio de paradigma: pagar por si acaso
Durante años, el sistema eléctrico se ha basado en pagar por la energía efectivamente generada. Pero el auge de las renovables ha introducido una paradoja: cuanto más limpia es la generación, más intermitente puede ser. Y esa intermitencia exige respaldo.
Ahí entran los ciclos combinados de gas, las centrales hidráulicas o incluso grandes consumidores que pueden reducir su demanda en momentos críticos. Todos ellos podrán ahora recibir pagos por su disponibilidad. No por producir, sino por estar listos. Es, en esencia, una red de seguridad que transforma la lógica del mercado eléctrico.
La factura invisible: el consumidor como pagador final
Aunque el mecanismo se presenta como una inversión en seguridad, su financiación no será neutra. Los pagos por capacidad se integrarán en los cargos regulados del recibo eléctrico. Es decir, serán los ciudadanos quienes, en última instancia, financien esta red de respaldo.
El debate es inevitable: ¿es un coste asumible para evitar apagones o una transferencia encubierta hacia las grandes eléctricas?
Las compañías llevaban años reclamando este tipo de remuneración. Argumentaban que sus centrales, especialmente las de gas, operaban en pérdidas pese a ser esenciales para el sistema. Ahora, con el aval europeo, ven abierta una nueva vía de ingresos.
El recuerdo del apagón y la política del miedo
Aunque el diseño del mecanismo es anterior al gran apagón de 2025, su aprobación no puede entenderse sin ese episodio. Aquella crisis evidenció la fragilidad del sistema y aceleró decisiones que, en otro contexto, habrían generado mayor resistencia. El miedo a que vuelva a ocurrir actúa como catalizador político.
Garantizar que “nunca falte la luz” se convierte así en un argumento difícil de rebatir, incluso si implica costes adicionales o decisiones controvertidas.
Transición ecológica o dependencia encubierta
El Gobierno, según señala EL PAÍS, defiende que el mecanismo permitirá avanzar hacia una economía descarbonizada, incentivando tecnologías como el almacenamiento o la gestión inteligente de la demanda. Pero también abre la puerta a prolongar la vida de infraestructuras fósiles bajo el argumento de la seguridad.
La pregunta de fondo es incómoda: ¿se está pagando por acelerar la transición energética o por amortiguar sus efectos secundarios?
La Comisión Europea ha hecho su trabajo técnico: verificar que la ayuda no rompe las reglas del mercado. Pero no entra en la batalla política ni en el relato social de la medida. Ese terreno queda en manos de los gobiernos.
Y en España, el relato se construye entre dos polos: la necesidad de evitar apagones y la sospecha de que, una vez más, el sistema se apoya en el bolsillo del consumidor para sostener a los grandes actores energéticos. @mundiario