La investigación que afecta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha trascendido hace tiempo el ámbito estrictamente judicial para convertirse en un fenómeno político, mediático e incluso geopolítico. Las informaciones sobre la colaboración de organismos estadounidenses en el suministro de datos a la justicia española, los vínculos de la investigación con las redes financieras asociadas al chavismo y la repercusión internacional del caso han generado un intenso debate dentro y fuera de España. Sin embargo, en medio de las interpretaciones, los intereses partidistas y las lecturas ideológicas, conviene recordar una evidencia elemental: lo relevante no es lo que especulan unos y otros, sino lo que logren demostrar los tribunales tras una investigación completa y con todas las garantías.
Las democracias modernas funcionan precisamente sobre esa premisa. Ni una acusación mediática equivale a una condena ni una defensa política constituye una absolución. Entre ambos extremos existe un espacio que corresponde exclusivamente a la justicia. Es ahí donde deberá determinarse si las sospechas sobre la actuación del expresidente tienen fundamento penal o si, por el contrario, estamos ante una investigación que no desembocará en responsabilidades jurídicas.
La dimensión internacional del caso contribuye a multiplicar las interpretaciones. Las pesquisas estadounidenses sobre redes de presunto blanqueo de capitales vinculadas al régimen venezolano han coincidido parcialmente con las investigaciones abiertas en España. La cooperación judicial y policial entre países occidentales no es una anomalía; es una práctica habitual en delitos transnacionales relacionados con corrupción, evasión de sanciones, narcotráfico o movimientos financieros complejos. Presentar esa colaboración como una prueba automática de culpabilidad sería tan incorrecto como sostener que toda investigación internacional responde necesariamente a una conspiración política.
Las teorías políticas no pueden sustituir a las pruebas judiciales. La fortaleza democrática exige respetar la presunción de inocencia y la independencia de los tribunales
Sin embargo, la aparición de análisis procedentes de medios extranjeros que interpretan el caso como una manifestación de la nueva estrategia internacional de la Administración Trump ha introducido un elemento adicional de controversia. Algunos observadores consideran que determinadas investigaciones relacionadas con dirigentes occidentales cercanos al chavismo podrían ser interpretadas en determinados círculos como una señal política enviada desde Washington. Es una hipótesis legítima desde el análisis geopolítico. Pero sigue siendo una hipótesis, en este caso desarrollada por la revista italiana L’Espresso.
El riesgo aparece cuando las especulaciones terminan ocupando el lugar de los hechos. Porque entonces el debate deja de centrarse en las pruebas para desplazarse hacia las intenciones atribuidas a actores externos. Y la experiencia política española demuestra que ese camino suele conducir a errores de diagnóstico.
La historia reciente ofrece ejemplos ilustrativos. Tras la derrota electoral del Partido Popular en 2004, una parte de la derecha política y mediática construyó durante años un relato alternativo sobre los atentados del 11-M. La insistencia en teorías conspirativas acabó desviando la atención de una cuestión más sencilla: la gestión política de aquellos días había generado una enorme desconfianza social. El resultado fue una prolongada incapacidad para realizar una autocrítica eficaz y una dificultad evidente para reconectar con una parte importante del electorado.
Hoy el escenario es distinto, pero algunas dinámicas presentan similitudes. Desde sectores próximos al Gobierno se percibe una tendencia a interpretar los problemas judiciales y políticos que afectan al entorno socialista como parte de una ofensiva coordinada en la que participarían adversarios políticos, determinados medios de comunicación y sectores de las instituciones del Estado. La tesis puede resultar movilizadora para una parte de la militancia. Sin embargo, plantea interrogantes cuando se formula sin pruebas concluyentes que la sustenten.
La cuestión de fondo no es únicamente partidista. Afecta a la calidad institucional de la democracia española. Los grandes partidos de gobierno no son únicamente instrumentos electorales; también son pilares del sistema constitucional. Cuando cuestionan de forma genérica la independencia de jueces, fiscales o cuerpos policiales sin evidencias sólidas, contribuyen a deteriorar la confianza ciudadana en instituciones cuya legitimidad resulta esencial para el funcionamiento democrático. Eso no significa aceptar acríticamente cualquier actuación judicial. En una democracia madura, las decisiones de jueces y fiscales pueden ser analizadas, discutidas y sometidas a escrutinio público. Pero existe una diferencia sustancial entre la crítica razonada y la descalificación preventiva de todo un sistema institucional. Si algo es la justicia en España es garantista.
La Justicia debe prevalecer
El caso Zapatero se encuentra precisamente en ese delicado equilibrio. Las medidas adoptadas por la Audiencia Nacional, las diligencias en marcha y la información procedente de investigaciones internacionales son elementos relevantes que justifican el interés público. Al mismo tiempo, el expresidente mantiene intacto su derecho a la presunción de inocencia y a una defensa plena. Ambas realidades son compatibles.
Quizá la principal lección de este episodio sea que las democracias no se fortalecen cuando sustituyen los hechos por relatos cerrados de antemano. Ni la tesis de la culpabilidad inevitable ni la del complot universal ayudan a comprender la realidad. Las investigaciones judiciales existen precisamente para separar indicios de certezas, sospechas de pruebas y relatos políticos de responsabilidades penales.
Por todo ello, mientras proliferan las interpretaciones en Madrid, Bruselas, Roma o Washington, conviene mantener una cierta distancia frente al ruido. Las especulaciones pueden resultar atractivas porque ofrecen explicaciones inmediatas y emocionalmente satisfactorias. La justicia, en cambio, suele ser más lenta, más compleja y menos espectacular. Pero es la única que tiene capacidad para establecer los hechos con legitimidad democrática.
En última instancia, la verdadera relevancia del caso Zapatero no residirá en las teorías que hoy circulan por tertulias, despachos o cancillerías, sino en la respuesta que ofrezcan los tribunales cuando concluyan su trabajo. Y en un Estado de derecho, esa diferencia sigue siendo fundamental. @mundiario