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El Imparcial 31 May, 2026 14:24

Detectan la venta ilegal de chips telefónicos preactivados por 200 pesos en el Centro Histórico de la CDMX, burlando el nuevo padrón obligatorio y los filtros biométricos

CIUDAD DE MÉXICO.- A menos de un mes de que venza el plazo legal para dar de alta las líneas telefónicas en México, el mercado informal ha encontrado una vía para eludir los nuevos controles de seguridad. En las inmediaciones del Centro Histórico de la Ciudad de México se ha detectado la comercialización de tarjetas SIM (chips) que ya cuentan con un registro y activación previos, permitiendo a los compradores mantener el anonimato.

De acuerdo con una investigación de campo realizada por el diario Milenio y retomado por distintos medios, este esquema burla las disposiciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), organismo oficial que estableció la inscripción obligatoria de los usuarios para combatir la delincuencia. La existencia de este mercado negro expone las vulnerabilidades del sistema, el riesgo de robo de identidad para miles de ciudadanos y las fallas tecnológicas que rodean al nuevo padrón.

Para que usted conozca cómo opera este esquema, las metas oficiales y las advertencias de los especialistas sobre el uso de sus datos personales, le presentamos un desglose detallado de la situación actual del registro telefónico.

Cuidado con los datos personales en el registro de las líneas de celular; la delincuencia ya se aprovechó del trámite.https://t.co/OYczA8vjiU

— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) May 30, 2026

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¿Cómo opera la venta de chips activados en el Centro Histórico?

La distribución de estas tarjetas SIM se concentra en zonas de alta afluencia comercial en la capital del país, operando al margen de la ley:

  • Ubicación: Los comerciantes informales se establecen sobre el Eje Central, en las inmediaciones de la Plaza de la Computación, mezclando los chips con la venta de cargadores, fundas y periódicos.
  • El costo de evadir el padrón: El precio final de estas tarjetas es de 200 pesos. Mientras que el costo original del chip (en los casos documentados de la compañía Movistar) es de 100 pesos, los vendedores cobran 100 pesos adicionales por entregar la línea previamente registrada y lista para funcionar.
  • Sin requisitos oficiales: El comprador no necesita presentar su credencial de elector (INE), Clave Única de Registro de Población (CURP) ni someterse a las pruebas biométricas requeridas por la ley, como la toma de una fotografía para la validación de identidad.

El ejercicio periodístico de Milenio constató que, tras realizar la compra de uno de estos dispositivos y hacer una recarga de saldo, la línea telefónica operaba con normalidad y ya se encontraba vinculada a la identidad de una persona desconocida en la base de datos de la empresa telefónica.

Una investigación reveló que en el mercado informal ya se venden tarjetas SIM registradas con datos de terceros, pese a que el nuevo padrón telefónico exige identificación oficial y verificación biométrica para activar una línea móvil. (Ilustrativa El Imparcial)

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Las metas del nuevo padrón de telefonía móvil

Este registro obligatorio comenzó a implementarse el pasado 9 de enero de 2026 con el propósito de eliminar el anonimato en las telecomunicaciones y reducir los delitos de extorsión y fraude. No obstante, las dimensiones del mercado mexicano representan un desafío técnico significativo:

  • Fecha límite: El plazo definitivo para que la población registre sus líneas vence el próximo 30 de junio de 2026.
  • El volumen de líneas: Datos de la consultora especializada The CIU señalan que en el país existen entre 142 y 160 millones de líneas móviles que deben pasar por este proceso de validación.
  • Ritmo requerido: Para cumplir con el calendario de la CRT antes de la fecha límite, los operadores necesitan registrar un promedio estimado de un millón de líneas telefónicas por día.
  • Límite por persona: Las reglas vigentes dictadas por la CRT estipulan que una persona física puede tener un máximo de 10 números telefónicos vinculados formalmente a su nombre.

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Robos de identidad y fallas en el sistema

La prisa por cumplir con el padrón y la aparición de chips preactivados han encendido las alertas de diversas organizaciones civiles. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) ha advertido de manera constante sobre los riesgos de centralizar información de los usuarios sin contar con mecanismos de supervisión sólidos.

Uso de Inteligencia Artificial para burlar filtros

Reportajes publicados por el diario El País documentan que redes informales han empleado herramientas de inteligencia artificial y tecnologías de suplantación de identidad (deepfakes) para superar las validaciones biométricas de las plataformas de registro. Este método permitió, incluso, dar de alta líneas telefónicas utilizando los datos públicos de funcionarios federales, como el senador Gerardo Fernández Noroña.

Fallas técnicas en las empresas operadoras

El proceso se ha visto entorpecido por interrupciones constantes en los servidores de empresas como Telcel y AT&T. Asimismo, se reportó una vulnerabilidad técnica en los sistemas de Telcel que presuntamente permitió la consulta no autorizada de datos de usuarios vinculados a sus números telefónicos, incrementando el temor al robo de identidad para alimentar el mercado informal de chips.

El historial de registros telefónicos en México

La situación actual en el Eje Central reaviva el debate sobre la efectividad de estas medidas, trayendo a la memoria los resultados de proyectos similares implementados en administraciones pasadas:

  • El Renaut (2008): El Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil operó bajo premisas similares, pero fue eliminado de forma definitiva en el año 2011 tras confirmarse que su base de datos personales se había filtrado y se comercializaba de manera ilegal en el mercado negro.
  • El Panaut (2021): El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil fue una iniciativa posterior que requería datos biométricos. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo declaró inválido e inconstitucional en 2022 por considerarlo violatorio de los derechos de privacidad de los ciudadanos.
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