Purísima del Rincón, Guanajuato.- Señalamientos por presuntas agresiones sexuales hacia personas detenidas dentro del área de Árbitros Calificadores escalaron al pleno del Ayuntamiento, donde regidores exigieron la separación del funcionario señalado y cuestionaron la actuación de la coordinadora del área, Cinthia Yuriko Zuckerman Gallardo.
Mientras algunos ediles pidieron medidas inmediatas ante la gravedad de las acusaciones, otros insistieron en que las investigaciones deben seguir su cauce legal y administrativo antes de tomar cualquier determinación.
El tema fue expuesto por el regidor del PVEM, Héctor Pérez Guzmán, quien sostuvo que las denuncias ya trascendieron el ámbito de redes sociales y se encuentran bajo revisión de instancias municipales.
Pérez Guzmán recordó que previamente había advertido sobre la existencia de un video relacionado con los hechos y expresó preocupación por la permanencia del personal señalado. “Públicamente las ciudadanas han hecho de conocimiento sobre estas agresiones sexuales dentro de las instalaciones de árbitros calificadores”, manifestó.
El regidor afirmó que la situación no solo afecta a la administración, sino a todo el Ayuntamiento ante la percepción ciudadana de omisión. “Por menos de esto se han quitado personas de su función… han corrido policías y administrativos bajo el argumento de pérdida de confianza”, sostuvo.
Pérez Guzmán insistió en que no buscaba determinar culpabilidades ni sustituir a las autoridades encargadas de investigar, pero sí pidió medidas preventivas. “Yo no estoy pidiendo que lo metan a la cárcel, eso no me corresponde; lo que sí puedo hacer es buscar el método para evitar posibles nuevas faltas o posibles nuevas agresiones”, expresó.
El edil aseguró además que la coordinadora Cinthia Yuriko Zuckerman Gallardo del área tenía conocimiento previo del asunto y cuestionó que no se hubiera acudido, según su dicho, a la Fiscalía.
“¿Vamos a esperar como el tesorero a que renuncie el señor en un año y medio o va a tomar acción?”, preguntó directamente al alcalde Roberto García Urbano.
También señaló que las denuncias no eran una invención política. “No es un chisme, ya hay pruebas de quien lo denunció y lo peor de todo es que ya lo aceptó la coordinadora”, dijo.
Morenista pide no desestimar denuncias ciudadanas
La regidora de Morena Mónica López Hernández respaldó la necesidad de atender los señalamientos y pidió no restar importancia a las denuncias ciudadanas. “Que no se desestimen estas denuncias ciudadanas”, manifestó.
La edil consideró que las observaciones formuladas por regidores reflejan inquietudes de la ciudadanía y pidió al presidente municipal valorar la actuación de funcionarios de confianza.
“Finalmente usted fue quien puso a estas personas como titulares de estas coordinaciones, es gente de su confianza”, expresó.
López Hernández también criticó la actitud mostrada por la coordinadora durante una comparecencia ante la Comisión de Seguridad. “Fue muy soberbia la actitud de la coordinadora”, afirmó.
Revisan Comisión de Seguridad y Contraloría denuncia
La síndica Claudia Lorena Arriaga Bermúdez intervino para recordar que el asunto ya fue revisado tanto en la Comisión de Seguridad Pública como en la de Contraloría y advirtió que existe información reservada y señaló que algunos detalles no podían exponerse públicamente.
Más adelante cuestionó al propio Pérez Guzmán respecto al acompañamiento que brindaría a las posibles víctimas. No obstante, el regidor dijo que eso era un resolutivo de la sesión privada, lo cual no podía revelarse.
La síndica precisó que su intención era aclarar aspectos relacionados con el seguimiento institucional y la intervención del Instituto Municipal de las Mujeres.
“Ya me contestó, gracias”, respondió al regidor.
Pide panista denunciar ante Fiscalía
Uno de los posicionamientos que generó mayor atención fue el del regidor panista David Ortiz Trillo, quien consideró que los hechos denunciados deben investigarse y que podrían ameritar medidas administrativas inmediatas.
“Aquí hay dos vertientes”, explicó, al referirse por un lado al aspecto administrativo y por otro a las posibles responsabilidades legales. “Yo sí creo que si se tienen que separar o remover de esa área, de ese cargo, y que se inicien las investigaciones correspondientes”, sostuvo.
Ortiz Trillo añadió que, de acreditarse omisiones por parte de la coordinación, también deberían revisarse. “Lo que ahí pasó está penado en el Código Penal y se tuvo que dar vista a la Fiscalía General del Estado”, afirmó.
Ya hacia el cierre del debate reiteró su postura y enfatizó en que el hecho sí ocurrió.
Agregó que, si bien es importante acompañar a las personas denunciantes hacia las instancias correspondientes, también existe un caso que –según dijo– ya fue reconocido por la propia coordinación.
“Entonces yo digo que ya se investigue y se haga lo que se tenga que hacer”, reiteró.
Acompaña Instituto de las Mujeres posible persona agraviada
Por su parte, la secretaria del Ayuntamiento, Verónica Ivette Gómez Becerra, intervino para informar sobre las acciones administrativas que, según dijo, realizó la Coordinadora de Árbitros Calificadores.
La funcionaria señaló que tuvo acceso a un oficio mediante el cual Contraloría recibió información relacionada con el caso y precisó que la coordinadora activó mecanismos institucionales. “La coordinadora de árbitros calificadores me mostró un oficio”, explicó.
Indicó que a través del Instituto Municipal de las Mujeres comenzó la búsqueda y acercamiento con la posible persona agraviada y que además se aportó documentación para el esclarecimiento de los hechos.
Respecto al video mencionado por los regidores, Gómez Becerra aseguró que éste fue resguardado como evidencia. “Ella (la coordinadora de árbitros) pidió de manera inmediata a Seguridad Pública que resguardara la grabación y la tuviera como elemento de prueba”, explicó.
La secretaria insistió en que el seguimiento se ha dado por conductos oficiales y que será la autoridad competente quien determine responsabilidades.
“Todas las acciones que ella ha realizado he visto que ha dado seguimiento sobre este caso”, afirmó.
En otro momento defendió la necesidad de respetar la presunción de inocencia y recordó que el sistema jurídico dejó atrás esquemas inquisitivos precisamente para evitar vulneraciones a derechos humanos. “Lo más idóneo es que se hagan los procesos necesarios para no vulnerar derechos humanos”, dijo.
Añadió que el video permanece protegido y no puede difundirse públicamente. “Ese video está protegido por todos los medios”, señaló. Y remató: “Si en realidad pasó, va a tener su sanción”.
Hay una denunciante y tres presuntos señalados
La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, la regidora del PAN Marcela Chávez, confirmó que el asunto ya se revisa mediante sesiones privadas. Detalló que esa modalidad busca proteger derechos de las posibles víctimas y permitir que Contraloría avance en la investigación sin afectar procesos. “Contraloría ya tiene conocimiento de los hechos”, afirmó.
Chávez propuso continuar el análisis en comisión y mantener un seguimiento puntual. “Yo sugeriría seguir trabajando dentro de la comisión de seguridad privada”, indicó.
La edil aclaró que desconoce si las tres personas señaladas durante la discusión ya comparecieron formalmente ante Contraloría y precisó que, al menos hasta las sesiones privadas realizadas, se tenía conocimiento directo de una denunciante.
“Yo tengo conocimiento que es una persona la que se ha presentado”, comentó.
Marcela Chávez insistió en que cualquier determinación debe sustentarse en valoraciones jurídicas y no en percepciones personales. “No se trata de cubrir, se trata de que se resuelva conforme a derecho”, puntualizó.
Además sostuvo que Contraloría puede allegarse de mayores elementos, incluso las actas de las sesiones. “Ellos pueden solicitar esta información para que la analicen y hagan una valoración jurídica”, señaló.
Pide panista no adelantar juicios
En el debate también intervino el regidor panista Benjamín Rodríguez Cruz, quien manifestó coincidencias parciales con la petición de investigar, aunque llamó a esperar el desarrollo del procedimiento.
Rodríguez Cruz recordó que desde la comisión ya se había planteado solicitar información a Contraloría y revisar si la investigación había sido iniciada.
El edil aclaró que el acuerdo impulsado desde comisión no buscaba señalar anticipadamente a una sola persona, sino abrir la investigación respecto de cualquier posible responsabilidad.
Añadió que las indagatorias deben abarcar todas las posibles omisiones o acciones relacionadas con el caso. “Sí por la captura del video, sí por el mal actuar del custodio, sí por alguna omisión de algún coordinador”, enumeró.
Finalmente consideró que, al existir ya una intervención de Contraloría, no corresponde adelantar juicios.
Piden regidoras a posibles víctimas denunciar
Durante la sesión, el alcalde Roberto García Urbano preguntó directamente si existía el video referido y pidió conocer si el Instituto Municipal de las Mujeres ya intervenía en el caso.
Tanto la regidora priista Maricela Alcalá como Mónica López y Marcela Chávez hicieron un llamado a posibles víctimas para acudir a las instancias correspondientes. “Que tengan la confianza de que no están solas”, expresó Mónica.
Maricela Alcalá pidió a mujeres y hombres denunciar formalmente y recordó que las publicaciones en redes sociales no sustituyen los procedimientos legales necesarios para fortalecer investigaciones.
Aunque el Ayuntamiento no tomó un acuerdo para separar de manera inmediata a funcionarios del área, el debate evidenció diferencias entre algunos regidores consideran que debe aplicarse la pérdida de confianza como medida preventiva y otros ediles sostienen que cualquier decisión debe depender del resultado de las investigaciones iniciadas por Contraloría y, en su caso, otras autoridades competentes.
HLL