CIUDAD DE MÉXICO.- Legisladores federales presionaron a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Congreso de Nuevo León para que investiguen los señalamientos relacionados con el gobernador Samuel García, luego de que Reforma reportó que un empresario detenido en una indagatoria federal sobre la red conocida como “Los Petrofactureros” aparece como cliente de servicios profesionales de un despacho vinculado al padre del mandatario. El caso importa porque involucra posibles delitos federales, presuntos conflictos de interés y solicitudes de juicio político en el Congreso local; afecta directamente al gobierno de Nuevo León y a la discusión pública sobre rendición de cuentas.
De acuerdo con la información publicada por Reforma, el empresario Jesús Ricardo Puente, señalado por autoridades federales como parte de una red de empresas relacionada con huachicol, aparece como cliente de “servicios profesionales” de GMA Firma Jurídica Fiscal, despacho relacionado con familiares de Samuel García. A partir de ese reporte, legisladores de Morena y del PAN pidieron aclaraciones públicas y una investigación formal por parte de las autoridades competentes.
¿Qué pidió Alfonso Ramírez Cuéllar sobre Samuel García?
El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió que la FGR y el Congreso de Nuevo León investiguen a fondo las acusaciones contra Samuel García.
El legislador afirmó que ninguna persona puede ampararse en el fuero para evitar una revisión legal, especialmente cuando se trata de funcionarios o figuras políticas de alto nivel.
“Es indispensable utilizar todas las capacidades institucionales para actuar contra este tipo de delitos, especialmente si políticos de alto nivel o empresarios se encuentran implicados. Aquellos que juraron respetar la Constitución y las leyes deben enfrentar todo el peso de la ley en caso de que se compruebe su participación en actos de corrupción”, dijo Ramírez Cuéllar.
El punto central de su declaración fue que las autoridades deben revisar si existen elementos para investigar posibles delitos federales, como lavado de dinero o facturación falsa. También pidió que el Congreso local continúe con los procedimientos que ya existen contra el gobernador.
¿Por qué se habla de un posible juicio político contra Samuel García?
Ramírez Cuéllar señaló que las acusaciones contra Samuel García han abierto la posibilidad de un juicio político en Nuevo León. De acuerdo con lo expuesto por el legislador, en el Congreso estatal ya existen expedientes relacionados con presuntas responsabilidades administrativas e incluso penales.
El diputado recordó que la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León reactivó dos juicios políticos contra el mandatario estatal por presuntas violaciones en materia electoral. Además, mencionó investigaciones y denuncias relacionadas con presuntos delitos financieros y desvío de recursos.
“Las acusaciones contra Samuel García han destapado la posibilidad de un juicio político, lo que podría desembocar en su desafuero y eventual destitución del cargo, además de algunos procesos penales en su contra”, señaló.
En términos prácticos, un juicio político no equivale por sí solo a una sentencia penal. Es un procedimiento legislativo que puede revisar responsabilidades políticas o administrativas de un funcionario. Para que haya consecuencias penales, las autoridades ministeriales y judiciales tendrían que acreditar delitos conforme al proceso legal.
¿Qué tiene que ver la FGR en este caso?
La FGR podría tener participación si los hechos señalados derivan en posibles delitos federales. Ramírez Cuéllar mencionó específicamente señalamientos relacionados con presunto lavado de dinero y facturación falsa, aunque insistió en que corresponde a las autoridades investigar y determinar si existen elementos.
El caso también tomó relevancia por la detención de un empresario presuntamente relacionado con la red llamada “Los Petrofactureros”, descrita en los reportes como un conjunto de negocios vinculados con huachicol.
La presión política hacia la FGR se centra en que aclare:
- Si el empresario detenido recibió o contrató servicios del despacho señalado.
- Qué tipo de relación profesional existía con la firma.
- Si hubo pagos o facturas que deban ser revisadas.
- Si esos servicios tienen relación con operaciones investigadas por delitos federales.
- Si alguna persona del entorno del gobernador tuvo participación directa o indirecta.
Hasta ahora, una relación profesional o de servicios no constituye por sí misma una conducta ilegal. Para establecer una responsabilidad, las autoridades tendrían que comprobar conocimiento, participación o beneficio indebido.
¿Qué reportó Reforma sobre el despacho ligado a la familia de Samuel García?
Reforma publicó que el empresario detenido aparece como cliente de “servicios profesionales” de uno de los despachos del padre de Samuel García. Según esa información, el vínculo habría quedado documentado mediante facturas.
El reporte periodístico indicó que la relación con GMA Firma Jurídica Fiscal data de noviembre de 2021. Ese dato fue retomado por legisladores que pidieron aclarar si el gobernador tiene o tuvo participación en el despacho y si existe algún conflicto de interés.
Este punto es relevante porque el debate no se limita al empresario detenido. La discusión pública se concentra en si hubo una relación profesional ordinaria, una operación que deba ser revisada o un posible uso de vínculos familiares y políticos para beneficiar intereses privados.
¿Qué pidió el senador Waldo Fernández?
El senador morenista Waldo Fernández pidió que Samuel García aclare si tiene participación en el despacho de su padre. También solicitó que la FGR investigue el origen y la razón de los servicios profesionales contratados por el empresario señalado.
“Hasta donde tengo entendido, el Gobernador tiene participación en el despacho y si es así el Gobernador tiene que aclarar, de manera pertinente, la relación que tiene su despacho con estas personas, y no solo el papá”, planteó el senador.
Fernández agregó que al gobernador le correspondería explicar si tiene alguna responsabilidad en el asunto y si existen vínculos con las personas investigadas.
“Lo pertinente es saber si el Gobernador tiene participación en el despacho y señalar si tiene responsabilidad en este asunto y decir si están vinculados o no”, afirmó.
El legislador también sostuvo que los casos de presunto conflicto de interés han crecido en Nuevo León y han afectado la percepción pública sobre el gobierno estatal.
¿Qué dijo el PAN sobre los señalamientos contra Samuel García?
El vocero del PAN, Jorge Triana, también pidió explicaciones al gobernador de Nuevo León. Afirmó que existen varios señalamientos contra Samuel García y su entorno familiar por presunto conflicto de interés.
“Samuel García tiene muchas explicaciones que dar: ya son demasiados los elementos, los señalamientos, las acusaciones en contra de él y de su entorno familiar por conflicto de interés”, dijo Triana.
El panista sostuvo que el caso se vuelve más delicado por la presunta relación con empresas señaladas por facturación falsa y huachicol fiscal.
“Y ya no sólo por el escándalo de las empresas factureras que gravitan alrededor de ellos, sino ahora también empresas factureras y huachicoleras, relacionadas con el huachicol fiscal, lo cual lo hace todavía más grave”, agregó.
Sus declaraciones se suman a la presión política para que la FGR y el Congreso local revisen los señalamientos. Sin embargo, las acusaciones deberán ser acreditadas en las instancias correspondientes.
¿Qué otros señalamientos mencionó Ramírez Cuéllar?
Ramírez Cuéllar afirmó que las acusaciones contra el gobernador no se limitan al caso del empresario detenido. También pidió investigar un gasto de más de 81 millones de pesos en campañas de redes sociales, presuntamente realizadas mediante una empresa proveedora del Gobierno estatal.
Además, mencionó la relación del padre y del medio hermano del gobernador con Jesús Ricardo Puente, el empresario recientemente detenido.
“Desde luego, una relación de colaboración no puede calificarse en automático de ilegal; sin embargo, las posiciones de poder y privilegio de unos cuantos facilitan el enriquecimiento ilícito y actos de influyentismo y corrupción, por lo que deben ser investigadas a fondo”, sostuvo.
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