La historia reciente de Roberto Sánchez parece condensar muchas de las contradicciones que atraviesa Perú. En plena campaña electoral, cuando recorría las zonas rurales del sur andino buscando apoyos, sufrió una grave crisis de salud que puso de manifiesto una realidad conocida por millones de peruanos, las enormes desigualdades territoriales en el acceso a la sanidad.
Su apendicitis derivó en una peritonitis tras una cadena de traslados entre centros médicos incapaces de ofrecer una intervención inmediata. El episodio estuvo cerca de convertirse en una tragedia personal, pero también acabó reforzando el relato político de un candidato que ha hecho de la brecha entre Lima y el resto del país uno de los ejes de su discurso.
Meses después, aquel político que apenas figuraba en los sondeos ha conseguido abrirse paso hasta la segunda vuelta presidencial y desafiar a Keiko Fujimori, una de las figuras más conocidas y polarizadoras de la política peruana.
La irrupción de Sánchez no puede entenderse únicamente desde su biografía. Su ascenso refleja la persistencia de una fractura social, económica y territorial que continúa marcando la política peruana. Desde hace años, una parte importante del electorado de las regiones andinas y rurales percibe que el crecimiento económico del país no se ha traducido en mejoras equivalentes para sus comunidades. Esa sensación de abandono institucional ha alimentado sucesivas olas de voto de protesta.
En ese contexto, Sánchez ha conseguido presentarse como una alternativa capaz de canalizar ese malestar sin recurrir completamente al discurso de outsider que caracterizó otras candidaturas antisistema, porque él es diputado y ha sido ministro. Su principal activo ha sido conectar con sectores que siguen considerando que la caída de Pedro Castillo representó algo más que el fracaso de un autogolpe, porque para sus seguidores simbolizó también el choque entre las élites tradicionales y los sectores históricamente excluidos del poder.
El legado de Pedro Castillo
Uno de los movimientos más relevantes de la campaña ha sido la decisión de Sánchez de vincular explícitamente su candidatura al legado de Castillo. El expresidente, encarcelado tras intentar disolver el Congreso en 2022 para evitar ser cesado por una moción de vacancia, continúa conservando una importante base de apoyo en determinadas zonas del país. Lejos de distanciarse de esa figura, Sánchez ha optado por reivindicarla y presentarse como continuador de parte de su proyecto político.
La estrategia no está exenta de riesgos. Mientras sus seguidores consideran que Castillo fue víctima de una ofensiva de acoso y derribo desde las instituciones, la oposición recuerda que intentó alterar el orden constitucional. Sin embargo, electoralmente la apuesta parece haber funcionado. El candidato izquierdista de Juntos por el Perú ha logrado consolidar buena parte del voto que sigue identificándose con aquel movimiento político surgido desde las provincias y que desafió el dominio tradicional de Lima sobre la política nacional.
Consciente de que el apoyo de los sectores más descontentos no resulta suficiente para ganar una elección nacional, Sánchez ha protagonizado en las últimas semanas un importante proceso de moderación. Las propuestas más controvertidas de su programa inicial han sido reformuladas o suavizadas. El nuevo discurso pone el acento en la estabilidad económica, el respeto institucional y la seguridad jurídica para los inversores.
Los sectores que adversan al exministro izquierdista interpretan este cambio como una estrategia electoral diseñada para tranquilizar a los mercados. Pero su campaña lo ha ensalzado como capacidad de adaptación y voluntad de construir consensos. En cualquier caso, el desplazamiento hacia posiciones más centristas evidencia que Sánchez ha actuado según la naturaleza de la segunda vuelta, ya que no se trata únicamente de movilizar a los convencidos, sino de convencer a quienes aún tienen dudas.
El peso del antifujimorismo
Más allá de los programas electorales, la elección vuelve a estar condicionada por uno de los fenómenos políticos más arraigados de Perú: el antifujimorismo. Durante las últimas décadas, amplios sectores sociales han construido su identidad política alrededor del rechazo al legado del exmandatario Alberto Fujimori y a las cuatro candidaturas presidenciales fallidas de su hija Keiko.
Ese bloque heterogéneo reúne sensibilidades muy diferentes: progresistas, liberales, sectores de izquierda moderada, movimientos regionales e incluso antiguos rivales políticos que comparten un objetivo común.
La campaña actual parece reproducir ese patrón. Diversos excandidatos y figuras públicas han expresado su apoyo a Sánchez no tanto por una coincidencia total con sus propuestas como por la voluntad de impedir una nueva llegada del fujimorismo al poder. La capacidad de movilizar ese voto puede resultar decisiva en un escenario extremadamente ajustado. @mundiario