El hallazgo de 93 cuerpos en fosas clandestinas de Ascensión y Casas Grandes, entre finales de 2024 y los primeros meses de 2025, parecía confirmar la magnitud de una crisis que durante años permaneció parcialmente oculta en el noroeste de Chihuahua. Sin embargo, los datos más recientes sugieren que el problema está lejos de haber sido contenido.
Mientras las autoridades desplegaron operativos con Ejército, Guardia Nacional y corporaciones estatales, las desapariciones continuaron registrándose. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado, durante los primeros meses de 2026 se han abierto 52 reportes de búsqueda en municipios como Ascensión, Janos, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Madera e Ignacio Zaragoza. La cifra ya supera los 51 casos contabilizados durante todo 2025.
Más que un incremento estadístico, los números parecen reflejar una tendencia consolidada desde 2022. En esos años, la violencia en la región comenzó a cambiar de rostro. Las ejecuciones públicas dejaron de ser el principal indicador y fueron sustituidas por desapariciones que, en muchos casos, permanecieron sin respuesta durante años.
Las fosas localizadas este año ofrecieron una evidencia contundente: gran parte de los restos recuperados correspondían a personas desaparecidas entre 2022 y 2024. Es decir, las búsquedas no sólo revelaron el destino de decenas de víctimas, también mostraron la existencia de una estructura capaz de ocultar durante largo tiempo los rastros de sus crímenes.
Por ello, el problema ya no puede analizarse únicamente desde la óptica de los hallazgos. Si después de descubrir decenas de cuerpos y mantener una presencia permanente de fuerzas de seguridad las desapariciones siguen ocurriendo, la región enfrenta un fenómeno más complejo que aún no ha sido desarticulado. Las cifras indican que las fosas explican parte del pasado, pero las denuncias actuales muestran que la historia continúa escribiéndose.