En lo que muchos articulistas y líderes de opinión califican hoy como un signo de desesperación, el expresidente López Obrador resurgió a la vida pública del país con el aparente propósito de apoyar la postura soberanista de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a las acusaciones emprendidas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra servidores públicos federales y estatales del país.
El expresidente publicó una carta abierta en la que rememoró su relación con el presidente Donald Trump e hizo incómodas comparaciones de las que saldría beneficiado frente a la actual ocupante de Palacio Nacional. Una reflexión resalta al final de su carta; después de preguntar por qué ha cambiado tanto el presidente Trump, pide expresamente que regrese aquél con quien el propio López Obrador tuvo tratos.
Sin lugar a duda, el tiempo transcurrió y las circunstancias cambiaron a lo largo de esos cuatro años de gobierno del expresidente Joe Biden. Es verdad que el presidente Trump ha dado muestras de ser un poco más impaciente con la prensa y ha definido claramente su mandato hacia el exterior, desvelando muchas trampas por las que el mundo ha estado capturado y ha renunciado a libertades fundamentales que garantizan el desarrollo de la humanidad entera; sin embargo, ¿ha cambiado drásticamente la agenda de intereses en la relación bilateral México-Estados Unidos, de tal modo que existiera una justificación objetiva por la que el presidente Trump debiera tener una actitud distinta para con los mexicanos?
Una comparativa de los puntos que han encabezado las pláticas sostenidas a lo largo de las distintas administraciones que han gobernado a ambos países nos permite apreciar que, desde George W. Bush hasta la fecha, la relación se ha centrado en temas de seguridad fronteriza, control migratorio, combate al narcotráfico, protección de inversiones estadounidenses, certeza jurídica para el comercio hemisférico, seguridad energética, reducción de la dependencia comercial asiática —en especial de China— y garantías de seguridad para las cadenas productivas regionales. A eso se reduce siempre.
El problema del narcotráfico, muy particularmente referido al incremento del fentanilo que tanto afecta a los Estados Unidos, no es un problema novedoso; el aumento más pronunciado de dicha droga en las calles de Norteamérica comenzó realmente en 2014, de ahí que no se pueda asumir como un aspecto reciente de la relación binacional que pudiera haber afectado la percepción de México para el gobierno estadounidense.
Así las cosas, no habiendo cambiado desde entonces el índice temático de la relación bilateral, la pregunta que bien podríamos hacernos todos sobre la carta abierta del expresidente López Obrador es más bien ésta: ¿qué cambios ha sufrido México que justifiquen esta nueva visión y actitud del presidente Trump hacia nuestro país?
En 2018, el expresidente López Obrador recibió un país con treinta años de ahorros institucionales, que estrenaba todo un andamiaje jurídico surgido del Pacto por México, del cual derivaron más de una docena de organismos constitucionales autónomos, a través de los cuales se garantizaba el funcionamiento de un sistema de frenos y contrapesos diseñado para evitar abusos de poder en contra de los ciudadanos y, lógicamente, de los inversionistas. Llegó al poder con plena legitimidad política e impulsó la firma de un tratado que, sobre las bases jurídicas anteriores, fortaleció una relación hemisférica con los Estados Unidos de América y Canadá a través de la cual se superaban, incluso, los compromisos de libre comercio contenidos en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte.
En el momento en que ambos mandatarios se reunieron, el mundo entero atravesaba una pandemia que concentraba la atención de prácticamente todas las naciones y que vino a provocar una debacle económica cuyos efectos, quizá, todavía no se superan plenamente. Sin embargo, los fundamentales de la economía mexicana eran sólidos y concedían credibilidad a la deuda nacional. El fenómeno criminal extendido al ámbito de gobierno que hoy ocupa titulares nacionales no tenía entonces la visibilidad, amplitud ni centralidad que ha adquirido en los últimos años.
Dejando a un lado los cuestionamientos sobre la supuesta intención política subyacente a las acusaciones formuladas contra gobernadores electos de distintos estados del país, no puede soslayarse el hecho de que México y sus instituciones han cambiado drásticamente. La seguridad jurídica que es esperada por los inversionistas extranjeros a quienes el presidente Trump representa ha sido erosionada a través de un conjunto importante de reformas a la legislación mexicana que bien podrían ser el detonador de esta nueva actitud de la que el expresidente se duele: México ha retrocedido.
Algunas modificaciones constitucionales y legales ocurridas desde 2020 hasta la fecha, que demuestran ese cambio de nuestro país con el que nuestros importantes vecinos podrían estar a disgusto, son aquellas relacionadas con la desaparición de órganos constitucionales autónomos encargados de regular sectores estratégicos, promover la competencia económica, supervisar mercados complejos y garantizar la transparencia gubernamental; la desarticulación del Poder Judicial cuya legitimidad descansaba en mecanismos tradicionales de nombramiento y carrera judicial; los cuestionamientos crecientes respecto de la autonomía del órgano electoral de cuya independencia dependía el reconocimiento generalizado de los resultados electorales; la militarización de la Guardia Nacional; o la disminución del amparo y de los mecanismos de control constitucional como instrumentos efectivos de acceso a la justicia para remediar cualquier ejercicio excesivo de poder.
México no era, ni ha dejado de ser, un país con problemas; sin embargo, su estructura institucional y su capacidad para responder a ellos ha cambiado significativamente. En esta época de desasosiego por la que atraviesan muchos representantes de gobierno, se vale plantear la duda sobre un cambio de actitud y de trato atribuible a nuestros interlocutores en el exterior –más aún cuando generales, gobernadores o secretarios ven amenazada su libertad por acusaciones formuladas en tribunales extranjeros–. Sin embargo, antes de formular cualquier tesis que arroje acusaciones en su contra, son ellos mismos quienes deben efectuar esa labor introspectiva mínima a través de la cual se cuestionen qué hicieron.
Solamente así sabremos por qué, de haber existido un interés hemisférico por impulsar el comercio en Norteamérica en 2020, hoy nos encontramos con una preocupación preeminente por terminar con el tráfico de fentanilo y de combustibles; erradicar la infiltración del crimen organizado en actividades económicas estratégicas; garantizar la seguridad fronteriza y combatir el tráfico de personas; o institucionalizar la cooperación en inteligencia y la capacidad del Estado mexicano para ejercer control efectivo sobre determinadas regiones y actividades.