La política española ha demostrado en numerosas ocasiones que los escándalos judiciales no producen siempre efectos electorales inmediatos. Sin embargo, cuando las investigaciones afectan a figuras simbólicas de un partido y cuestionan el funcionamiento interno de sus estructuras de poder, el impacto suele trascender el ámbito estrictamente judicial para instalarse en el terreno de la percepción pública.
Eso parece estar ocurriendo con el PSOE tras la sucesión de acontecimientos que han marcado las últimas semanas. La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto delito de tráfico de influencias en la investigación sobre el rescate de Plus Ultra y la ofensiva judicial sobre la denominada trama vinculada a Leire Díez han arrastrado al Gobierno que empieza a reflejarse en los sondeos.
Más allá de la batalla partidista y del ruido mediático, existe un dato que merece atención. La corrupción vuelve a convertirse en una preocupación central para una parte significativa del electorado socialista. Los estudios demoscópicos conocidos en las últimas semanas apuntan a una caída de la intención de voto socialista y, sobre todo, a un deterioro de algunos indicadores que históricamente han sido determinantes para la estabilidad electoral de cualquier formación política.
La confianza en el liderazgo de Pedro Sánchez continúa siendo superior a la de sus principales adversarios, pero muestra signos de desgaste. Más relevante aún es el aumento de la preocupación por la corrupción entre quienes apoyaron al PSOE en las elecciones generales de 2023. Ferraz había conseguido construir un relato según el cual los casos que afectaban a dirigentes o personas concretas no comprometían necesariamente al conjunto de la organización. Esa estrategia permitió encapsular los escándalos al exministro de Transportes José Luis Ábalos, el exasesor Koldo García o el exsecretario de Organización Santos Cerdán.
Sin embargo, los nuevos acontecimientos presentan una dificultad añadida, afectan a perfiles situados en ámbitos muy distintos del ecosistema socialista. Por un lado, Zapatero representa una referencia histórica para amplios sectores de la izquierda española. Por otro, el caso Leire Díez introduce sospechas sobre supuestas actuaciones dirigidas a influir o interferir en investigaciones judiciales sensibles para el partido y el Gobierno. La combinación de ambos elementos dificulta la estrategia de contención basada en las denominadas “manzanas podridas”.
La corrupción vuelve al centro del debate político
Uno de los fenómenos más significativos es la recuperación de la corrupción como asunto prioritario en la agenda pública. Durante los últimos años, cuestiones como la vivienda, la inflación, la inmigración o el coste de la vida habían desplazado los escándalos políticos a un segundo plano. La ciudadanía parecía haber desarrollado una cierta fatiga respecto a los casos judiciales.
Sin embargo, la sucesión de investigaciones que afectan al entorno socialista ha alterado parcialmente esa tendencia. La corrupción vuelve a aparecer entre las principales preocupaciones de los ciudadanos y, de forma especialmente significativa, entre votantes progresistas que tradicionalmente habían mostrado una menor sensibilidad hacia este asunto cuando afectaba a sus propias siglas.
Ese cambio no implica necesariamente una transferencia automática de votos hacia la oposición. De hecho, las encuestas siguen mostrando que el PSOE conserva una base electoral importante y que Sánchez mantiene ventajas comparativas frente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Pero sí revela una erosión de la confianza que puede convertirse en abstención, desmovilización o fragmentación del voto progresista.
La cuestión fundamental para el PSOE ya no es únicamente qué ocurrirá en los procedimientos judiciales. Las causas abiertas pueden prolongarse durante meses o años. Lo que se juega en el corto plazo es la capacidad del partido para convencer a sus propios votantes de que los problemas son episodios aislados y no síntomas de un deterioro institucional más profundo.
La verdadera amenaza para el PSOE
Esa batalla se libra en el terreno de la credibilidad. Mientras desde el Gobierno se insiste en denunciar supuestas actuaciones judiciales irregulares o sesgadas, la oposición interpreta cada nueva investigación como una prueba de que los problemas afectan a la estructura misma del partido. En medio de ese choque de narrativas, una parte del electorado socialista parece mostrar una creciente inquietud.
La historia reciente demuestra que los partidos suelen resistir mejor los ataques procedentes de sus adversarios que las dudas surgidas dentro de su propio espacio político. Por eso, el dato más relevante de esta crisis no es la caída puntual en las encuestas ni el aumento de la presión parlamentaria sobre el Gobierno.
La señal de alerta aparece cuando los propios votantes comienzan a incorporar la corrupción entre sus principales preocupaciones y cuando disminuye la confianza en quienes lideran el proyecto político.
El PSOE aún conserva una posición competitiva en el panorama electoral español y mantiene ventajas significativas sobre sus rivales en varios indicadores. Pero los casos que afectan a Zapatero y Leire Díez han abierto una nueva fase política en la que la corrupción vuelve a ocupar un lugar central en el debate público.
Y cuando eso ocurre, el daño más difícil de reparar no suele ser el judicial. Suele ser el emocional y político: la pérdida de confianza de quienes hasta entonces habían seguido respaldando al partido.