León, Guanajuato.- A los elementos de la Policía Municipal de León les falta conocer los protocolos de actuación, por lo que en ocasiones sobrerreaccionan ante un reporte y no tienen interés en observar las circunstancias de las detenciones que realizan, simplemente criminalizan a las personas.

Fue la conclusión de Magali Rodríguez Acosta, víctima (junto con otras tres personas) de detención arbitraria por parte de al menos cinco agentes de policía el 1 de junio de 2024, luego de colocar una lona para exhibir a tres presuntos agresores sexuales en un puente del bulevar López Mateos.

Por estos hechos, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana (SSPyPC) de León, al resolver el expediente 1217/2024.

En su queja, Magali expuso (sin que el documento de Prodheg revele sus identidad) que oficiales (tres mujeres y 2 hombres) la arrestaron sin justificación y la trataron indignamente por lo que los policías creyeron era una “narcomanta”.

También recibieron amenazas directas a su integridad física y lo que considera un uso desmedido de fuerza para someterlos.

Aunque la Procuraduría no acreditó algunas acusaciones de la víctima (como el maltrato por dejarlos abandonados en la caja de la patrulla bajo la lluvia por dos horas en la noche o la criminalización de su protesta pacífica, al calificar de “narcomanta” su lona) sí confirmó que ella y su grupo fueron detenidos arbitrariamente, y los cinco oficiales omitieron salvaguardar el derecho humano de la víctima a la seguridad y libertad personal en su vertiente de detención arbitraria, pues no se acreditó el motivo de su detención.

El documento fue dirigido a Juan Luis Rocha Vera, en su calidad de director general de Policía Municipal y Policía Vial y superior inmediato de los señalados.

¿En qué consistió la detención arbitraria?

La recomendación del expediente 1217/2024 es escueta en el relato.

“El día de los hechos (la quejosa) circulaba en su vehículo en compañía de tres personas, PM (Policías Municipales) les pidieron detuvieran la marcha y descendieran del vehículo, así una PM revisó el celular de una de las personas que la acompañaban; los PM vieron una fotografía de una lona que habían colocado en un puente de la ciudad de León, en la que señalaban nombres de personas denunciadas, siendo ese el motivo por el cual la detuvieron”.

“Sin embargo -prosigue la narración- precisó que en la audiencia de calificación una jueza cívica determinó que no había delito ni falta administrativa”.

El acto de dejarlos dos horas esposados bajo la lluvia nocturna se justificó porque en la Delegación de Policía de Camelinas (a donde fueron llevados) no había sistema y los agentes tuvieron que desplazarse a otro lugar para llenar el parte informativo pero los oficiales aseguraron que no estaban en exteriores.

En su descripción de hechos ante Prodheg, los agentes reconocen que detuvieron a estas personas tras identificar el vehículo como perteneciente a quienes colocaron una lona en dicha vialidad y que les informaron oportunamente que habían sido detenidos por una falta administrativa.

Sin embargo, quedó consignado en el parte que fueron detenidos por “Discriminar a cualquier persona por su origen étnico o por su nacionalidad, género, edad, cultura, discapacidad, oficio, condición de salud, religión, preferencia sexual, el estado civil o cualquier otra que atente o impida el goce o disfrute de algún derecho de las personas”,

El documento concluye que una jueza cívica determinó que no se acreditó el motivo de la detención (infracción) así que dejó en libertad a la quejosa, sin imponer alguna sanción administrativa.

La Prodheg instruye inscribir a la víctima (por ser ella quien presentó la queja) en la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas para que le otorgue atención psicosocial.

A la SSPyPC le pide iniciar una investigación, con el objetivo de deslindar responsabilidades y advierte que los policías no fueron identificados pese a pertenecer a una corporación, pero se les debe integrar la recomendación a sus expedientes personales.

Drama que queda oculto

Magali Rodríguez, activista y defensora de las causas feministas, denunció ante la Prodheg la detención arbitraria y tortura psicológica que sufrió junto a tres acompañantes tras colocar una lona de denuncia ciudadana contra agresores sexuales.

Esa noche, aproximadamente a las 8, colocaron la lona que exhibía a tres hombres con procesos penales abiertos, uno por presunta violencia física y feminicida, y los otros dos por presunto abuso sexual a menores.

En entrevista con AM, aclaró que la lona cumplía el protocolo de ley: los rostros aparecían con los ojos tapados y los nombres no aparecían completos. Querían aunque fuera una breve “funa pública” de estas personas.

Tras colocarla regresaron al automóvil, ella iba con dos amigas y dos amigos rumbo a sus casas.

Magali dijo que por desgracia, esa noche en particular había sido muy violenta, se cometieron varios asesinatos por la ciudad y las corporaciones estaban en alerta.

En su recorrido fueron interceptados por las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), quienes en un alto de semáforo los amenazaron con armas largas pero fueron liberados al no encontrarles nada. Después de dejar en su casa a una de sus compañeras, fue la Policía Municipal quien les hizo el alto.

Tras una revisión exhaustiva, incluso de los teléfonos, los agentes encontraron fotos de la manta y se alertaron al encontrar una prenda con sangre menstrual. Fue entonces que, dijo, los amenazaron con “entregarlos a la maña” si no explicaban quiénes eran.

Aterrorizada, Magali les explicó que era defensora de derechos humanos.

Así que se los llevan a la Delegación de Bugambilias, donde estuvieron dos horas en la caja de la camioneta a pesar de estar lloviendo, mientras los dos policías decidían bajo qué delito presentarlos.

El hecho no se acreditó porque “las cámaras estaban descompuestas”, aseguró la SSPyPC. La afectada también mencionó que los oficiales les tomaron fotos a sus identificaciones y las compartieron en varios grupos, con el riesgo que eso implica.

No los procesaron sino hasta las 10 de la mañana del día siguiente, 12 horas después de la captura.

La Jueza civil les informó que los iba a procesar por discriminación por preferencia sexual, “sí, la de hombres acusados de pederastas”, advirtió la activista, aunque al final no fue así: a los cuatro los dejaron libres sin siquiera pagar una multa.

Al salir, Magali fue recibida por diversas colectivas que todo el tiempo estuvieron atentas al proceso.

Acudió a la Prodheg, aunque sabe que sus recomendaciones son no-vinculantes, es decir, las dependencias no están obligadas a acatarlas.

Al conocer el caso, representantes del Municipio la buscaron. Contó que se organizaron mesas de trabajo con ella para mejorar el protocolo de actuación de los policías, pero asegura que cuando se le condicionó a continuar solo si retiraba la queja en Derechos Humanos y continuaba por la vía (interna) del Consejo de Honor y Justicia, abandonó la mesa.

Magali concluye que parece que los oficiales tienen una cuota de arrestos por cumplir, que conoce casos donde jóvenes de las periferias son detenidos solo por andar sucios, pero que estos arrestos a diestra y siniestra provocan en los afectados la pérdida de la tranquilidad, y en ocasiones, del trabajo y el patrimonio, y puede tener implicaciones serias a su salud o de sus familiares.

La recomendación le dio acceso a atención psicológica, pero estos dos años ella tuvo que pagarla con recursos propios, necesitaba sobreponerse al trauma.

“Sabes que (los policías) tienen tus datos y te pueden ir a buscar, cualquier cosa puede ser posible, fue tortura psicológica, pueden ser capaces de todo”.

Aún así, advierte: “Las defensoras (de DDHH) hacemos un trabajo que debería hacer el Estado (pero) somos responsables de nuestra salud mental, física”.

Y agradeció la red de apoyo que tiene, entre amigas, activistas y abogadas comprometidas, por ello quiere que el caso se conozca.

“Soy mujer, tatuada, prieta, como me dijo la mujer policía (…) En el barrio se sigue arrestando a las personas por su apariencia, por ser de barrio, por venir sucio de la fábrica, de la obra. Te suben a la patrulla sin investigación, sin razón (…) Cuando comienzas a ver las realidades de otras personas, ya no puedes ‘desver’”.

Posicionamiento de la SSP

AM solicitó en varias ocasiones a la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León un posicionamiento específico sobre el expediente 1217/2024.

La SSPyPC respondió que le dio un seguimiento oportuno, responsable y puntual, y refrendó su compromiso con los derechos y garantías de todas las personas, trabajando de la mano con todas las instituciones.

Sin embargo, al cierre de edición dejó sin aclarar qué sanciones hubo contra estos cinco policías, si los y las oficiales siguen en funciones, y si recibieron la capacitación sugerida (en derechos humanos y seguridad ciudadana, con énfasis en seguridad y libertad personal en su vertiente de detención arbitraria) o si va a iniciar una investigación interna sobre el asunto.

HLL