Un sábado de 2025, un matrimonio recibió una llamada al teléfono de su casa. Una voz amable les dijo que tenían que depositar al menos 15 mil pesos en un número de cuenta si no querían tener problemas con las escrituras de su casa.
Después de unos segundos de confusión, la pareja dijo a la persona que quizá había marcado mal el número y había un error. La voz del otro lado, en un tono menos amable esta vez, dijo que no había errores. Leyó la dirección completa, sus nombres en la escritura y el valor de su propiedad. Esta vez exigió un pago inmediato y amenazó con que llegarían personas “a hacer su vida complicada” de lo contrario.
Al final, la pareja negoció y pagó poco menos de la mitad de lo que pedían en el teléfono. Hicieron un depósito en una tienda de conveniencia a una cuenta particular y se quedaron con una desagradable sensación durante varias semanas.
Tenían registrado el número desde donde se hizo la llamada. Tenían el número de cuenta donde se hizo el depósito y a través de ese también obtuvieron el nombre del titular de la cuenta. Incluso tenían una grabación de una de las llamadas donde el hombre da detalles de cómo tenía que hacerse el depósito y parte de las amenazas. A pesar de tener toda esa información, no presentaron una denuncia.
Después de depositar el dinero, rompieron el recibo de depósito, escucharon varias veces la grabación y después la borraron del teléfono. Cambiaron también su número después de eso. “No tenía ningún sentido guardar todo. No hay manera de que fuéramos a denunciar. Podía hacer el tema más complejo que solo una llamada que nos sacara un buen susto”, dijo Roberto, uno de ellos.
Una autoridad de justicia escuchó la referencia y se frustró. Casos como ese y el hecho de que no haya denuncias, hace que el avance en las investigaciones sea lento, con pocas pruebas y que puede caerse en el proceso. “Mientras no tengamos los datos para determinar patrones, sistemas, coincidencias, no vamos a poder erradicar nada de fondo”, dijo.
Pero las razones para no denunciar son muchísimas, revictimización, falta de orientación jurídica, procesos largos, engorrosos y muchas veces sin ningún resultado útil.
Lo que enumero no es al aire, la organización México Evalúa publicó hace unos días un estudio donde dibuja el índice de castigo a la hora de denunciar delitos.
Uno de los datos más llamativos es que cuando una persona recaba sus datos y denuncia podría caer en el 89.42 por ciento de casos que no son resueltos a nivel nacional.
Si el delito se cometió en Jalisco, el que se resuelva parece ser más complicado porque el estado tiene un índice de impunidad de 97.81 por ciento.
La duda genuina de hoy es, ¿como ciudadanía tengo la obligación de denunciar todos los delitos? ¿Es una responsabilidad nuestra como ciudadanía o algo compartido con las autoridades? Debemos encontrar la respuesta rápido, antes de que los índices nos den una impunidad total.
@Micmoya