La comparecencia de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ante la Comisión de Interior del Senado estaba llamada a convertirse en una de las sesiones parlamentarias más delicadas de los últimos meses. El contexto era especialmente sensible: las investigaciones judiciales que afectan al entorno del Gobierno, las informaciones sobre una supuesta operación para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) y la aparición recurrente del nombre de Leire Díez en distintos informes y grabaciones han situado a la cúpula del Instituto Armado bajo una intensa presión política.
Lejos de dejar espacio para interpretaciones ambiguas, González optó por una estrategia de defensa contundente. A lo largo de su intervención repitió de forma insistente una misma idea: “Jamás, nunca” participó en ninguna campaña contra la UCO, la UDEF o cualquier agente de la Guardia Civil. La directora general aseguró que tampoco ha interferido en investigaciones judiciales ni ha adoptado medidas de represalia contra miembros del cuerpo.
Sin embargo, el foco de la comparecencia no estuvo únicamente en esas negativas. Buena parte del debate giró alrededor de su relación con Leire Díez, exmilitante socialista vinculada a una supuesta red dedicada a obtener información comprometedora sobre investigadores de casos de corrupción dentro del PSOE. La directora negó haber mantenido reuniones oficiales con ella en dependencias de la Guardia Civil, pero sí reconoció que ambas se encontraron en varias ocasiones para mantener conversaciones informales.
La frase que marcó la sesión fue probablemente la utilizada por la propia González para defenderse de las acusaciones. “Yo no he tenido ninguna reunión con Leire Díez, yo me he tomado dos cafés”, afirmó. Posteriormente precisó incluso que ella no toma café, sino té, intentando subrayar que aquellos encuentros carecían de carácter institucional y que no podían interpretarse como reuniones de trabajo relacionadas con la Guardia Civil.
El problema político surge porque la existencia de esos contactos había sido previamente negada tanto por ella como por responsables del Ministerio del Interior. La posterior aparición de informes de la UCO que reflejan encuentros entre ambas ha alimentado las críticas de la oposición, que sostiene que la cuestión no es únicamente si existieron conversaciones sobre asuntos del cuerpo, sino por qué se ocultó inicialmente la relación.
El informe de la UCO en el sumario del caso documenta al menos tres reuniones (el 30 de septiembre y 20 de diciembre de 2024, y el 2 de abril de 2025). Mercedes González reconoció en el Senado dos encuentros en una cafetería cercana, pero desmintió tajantemente a la UCO asegurando que “jamás, nunca” se reunió con Leire Díez en la sede oficial de la Dirección General de la Guardia Civil. Respecto a la tercera cita, alegó no recordarla.
Según el relato ofrecido por la directora, el primer encuentro tuvo lugar poco después de su nombramiento al frente de la Guardia Civil. En aquella ocasión, aseguró, Leire Díez se presentó como periodista y la conversación no abordó ninguna cuestión relacionada con investigaciones, agentes o actuaciones del Instituto Armado. Posteriormente se habría producido otro encuentro en el que Díez planteó la situación del comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo. González sostiene que rechazó cualquier posibilidad de intervención y que dio por terminada la conversación.
En el marco de la causa que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, Leire Díez es descrita como la presunta cúspide de una trama orientada a sabotear y desestabilizar procesos judiciales y policiales que afectaban al ala socialista del Gobierno. El comandante Rubén Villalba (a quien González se negó a restituir en su puesto) está procesado precisamente por recibir pagos en la trama de corrupción del Caso Koldo.
Uno de los aspectos más llamativos de la comparecencia fue que buena parte de la defensa de la directora se apoyó precisamente en información contenida en los informes elaborados por la propia UCO. González reconstruyó cronologías, reuniones internas y procedimientos administrativos utilizando datos que proceden de las investigaciones realizadas por la unidad que supuestamente habría sido objeto de una campaña de presión. Esa circunstancia fue aprovechada por los grupos de la oposición para señalar una aparente contradicción: si los informes son válidos para defender su actuación, también deberían serlo cuando describen los contactos y movimientos investigados.
La compareciente también tuvo que explicar las denominadas “informaciones reservadas” abiertas dentro de la Guardia Civil para analizar posibles filtraciones de documentos relacionados con investigaciones sensibles. Según defendió, ninguna de ellas tuvo carácter disciplinario ni estuvo dirigida contra agentes concretos. Las describió como actuaciones administrativas preliminares destinadas a esclarecer cómo determinadas informaciones acababan llegando a los medios de comunicación.
Apenas unas semanas antes de la comparecencia, agentes de la propia UCO entraron formalmente en la sede de la Guardia Civil para volcar los correos electrónicos del Director Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas. La UCO sospecha que estas “informaciones reservadas” se impulsaron de forma sibilina para amedrentar o identificar a los agentes que investigaban al Ejecutivo, una tesis que dota de mayor agresividad al debate parlamentario.
? Mercedes González, directora de la Guardia Civil: "No he frenado ni interferido investigación alguna jamás, ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil"https://t.co/9GiD9D1Xz1 pic.twitter.com/wVjZHMPP3K
— Cadena SER (@La_SER) June 16, 2026
La oposición, especialmente el Partido Popular y Vox, interpreta esos procedimientos de una manera muy diferente. Ambas formaciones sostienen que las investigaciones internas pudieron formar parte de una estrategia para identificar a miembros de la UCO que participaban en causas especialmente incómodas para el Ejecutivo. Desde esa perspectiva, las explicaciones de la directora resultaron insuficientes y motivaron nuevas peticiones de dimisión.
El debate parlamentario también evidenció la profunda división existente sobre el papel de la UCO en la actual crisis política. Mientras algunos senadores defendieron la fiabilidad de sus informes y recordaron que muchas de las acusaciones proceden directamente de investigaciones judiciales en curso, otros cuestionaron el alcance de determinadas conclusiones y llegaron a describir algunos documentos como informes de inteligencia más que como pruebas concluyentes.
La intervención de Mercedes González se produjo además en un momento especialmente delicado para las relaciones entre el Gobierno y las fuerzas de seguridad. Las investigaciones sobre el caso Koldo, las causas que afectan a antiguos dirigentes socialistas y las pesquisas relacionadas con el entorno personal y político del presidente del Gobierno han situado a la Guardia Civil en el centro del debate público. En ese contexto, cualquier sospecha de interferencia adquiere una dimensión política mucho mayor que la de un simple conflicto interno.
Más allá de las declaraciones realizadas en el Senado, la cuestión de fondo sigue abierta. La directora general ha negado categóricamente cualquier implicación en una trama destinada a desacreditar a la UCO y ha insistido en que toda su actuación se ha guiado por el respeto institucional hacia el cuerpo. Sin embargo, las explicaciones sobre sus contactos con Leire Díez, el origen de determinadas investigaciones internas y la interpretación de los informes policiales continúan alimentando una controversia que probablemente seguirá ocupando un lugar destacado en el debate político durante los próximos meses. @mundiario