A través de un comunicado conjunto, activistas, ciudadanos, colectivos y representantes del sector empresarial hicieron un llamado a los tres órdenes de Gobierno para implementar una estrategia efectiva que permita mejorar las condiciones de seguridad en Sinaloa y, al mismo tiempo, impulsar la recuperación económica de la entidad.
En el documento, los firmantes advierten sobre las afectaciones que ha dejado la ola de violencia registrada desde 2024, situación que, aseguran, ha impactado de manera directa en la generación de empleos, la inversión y las condiciones de vida de miles de familias sinaloenses.
El comunicado señala que, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre el primer trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2026 un total de 59 mil 714 personas dejaron de estar ocupadas en el Estado.
Asimismo, expone que la pobreza laboral no ha mostrado una reducción significativa pese a los incrementos al salario mínimo registrados durante ese periodo.
En ese sentido, refiere que entre abril de 2024, antes del inicio de la crisis de violencia, y abril de 2026 se perdieron 27 mil 349 empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Diversas cámaras empresariales, organismos civiles y colectivos ciudadanos respaldaron el documento, en el que expresan su preocupación por las condiciones de inseguridad que enfrenta la población y el impacto que esto tiene en la actividad económica y social.
A pesar de este panorama, reconocen el esfuerzo de los sinaloenses por mantener sus actividades productivas.
“El pueblo sinaloense ha demostrado su vocación trabajadora y, aún corriendo riesgos, ha salido a la calle a vender productos que hace en su casa, a tocar música en las esquinas o hasta emigrar a otras ciudades para conseguir el sustento de sus familias”, expresa el comunicado.
Los firmantes también solicitaron a las autoridades federales fortalecer las acciones para recuperar la tranquilidad en la entidad.
“Convocamos a quienes tienen el poder político a que las respuestas desde Palacio Nacional a nuestros problemas sean de apoyo a nuestros esfuerzos por reconstruir”, continúa el texto.
Los ciudadanos, empresarios y organizaciones coincidieron en que la recuperación de Sinaloa requiere acciones coordinadas entre los distintos niveles de gobierno, así como políticas que permitan restablecer la seguridad, recuperar la confianza ciudadana y generar las condiciones necesarias para el crecimiento económico y la creación de empleos.