La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la puerta a una discusión de fondo sobre la eutanasia y el suicidio asistido en México, luego de decidir reasumir su competencia para resolver un amparo que cuestiona la constitucionalidad de las normas que actualmente prohíben ambas prácticas en el país.
La decisión fue impulsada por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, y el ministro Irving Espinosa, a partir de un amparo promovido por una tanatóloga que ha enfrentado en dos ocasiones un diagnóstico de cáncer de mama y que actualmente continúa bajo tratamiento médico.
Con esta determinación, el máximo tribunal analizará si las disposiciones contenidas en la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y otras normativas vigentes vulneran derechos fundamentales al impedir que una persona decida de manera autónoma cómo y cuándo concluir su vida en circunstancias de enfermedad grave o terminal.
Durante la discusión, integrantes del Pleno consideraron que el caso representa una oportunidad para establecer un criterio jurídico inédito sobre el alcance de la autonomía personal, los cuidados paliativos y el derecho a una muerte digna.
El debate también abordará si resulta constitucional que el marco legal mexicano sancione conductas relacionadas con la eutanasia o el suicidio asistido y mantenga como única alternativa legal la muerte natural, aun en contextos de sufrimiento extremo o enfermedades irreversibles.
El ministro Arístides Guerrero destacó que diversos países han avanzado en la regulación de estas prácticas. Entre ellos mencionó a Países Bajos, Bélgica, Canadá y Suiza, además de Colombia, que despenalizó la eutanasia en 1997 y permitió el suicidio médicamente asistido en 2022. También recordó que tribunales de Alemania e Italia han emitido resoluciones que autorizan el suicidio asistido bajo determinadas condiciones.
En México, organizaciones civiles y activistas han impulsado durante años reformas para reconocer legalmente el derecho a una muerte digna. La resolución que eventualmente emita la Corte podría influir en la interpretación de las disposiciones que actualmente sancionan el denominado “homicidio por piedad” y el “suicidio asistido”.
La discusión ocurre además en un contexto de creciente debate público. De acuerdo con la Segunda Encuesta de Investigación en Salud y Demografía (INSAD), siete de cada diez mexicanos respaldan la posibilidad de adelantar la muerte cuando una persona enfrenta sufrimiento intenso que le impide mantener una calidad de vida digna.
La reasunción de competencia fue aprobada con un voto en contra, el de la ministra María Estela Ríos. El asunto será turnado a uno de los integrantes del Pleno para la elaboración del proyecto de resolución que posteriormente será discutido por la Corte.
La decisión final no implica la legalización inmediata de la eutanasia o del suicidio asistido, pero sí coloca por primera vez este tema en el centro del análisis constitucional del máximo tribunal del país.