La decisión de la Mesa del Congreso de bloquear las enmiendas presentadas por PP y Junts para instar a Pedro Sánchez a disolver las Cortes y convocar elecciones generales ha provocado un enfrentamiento institucional muy intenso. La mayoría formada por PSOE y Sumar justificó el veto alegando que la convocatoria electoral es una competencia reservada constitucionalmente al presidente del Gobierno y que, por tanto, el Parlamento no puede invadir esa facultad.
Sin embargo, la oposición interpreta la medida de forma radicalmente distinta. Los populares denuncian que no se pretendía obligar jurídicamente al presidente a convocar elecciones, algo imposible desde el punto de vista constitucional, sino expresar mediante una votación parlamentaria una posición política de la Cámara. Esa diferencia entre una iniciativa vinculante y una mera petición política se ha convertido en el centro de la polémica.
El conflicto adquiere además una dimensión simbólica especialmente relevante porque, según los cálculos de la oposición, la suma de PP, Vox y Junts habría permitido aprobar la iniciativa, evidenciando que existe una mayoría parlamentaria dispuesta a reclamar un adelanto electoral.
Tras el bloqueo en la Cámara Baja, el Partido Popular ha optado por utilizar la institución donde posee una amplia mayoría absoluta. La formación de Alberto Núñez Feijóo ha registrado una moción en el Senado para que la Cámara Alta se pronuncie sobre la necesidad de convocar elecciones.
La iniciativa reproduce esencialmente el contenido de las propuestas vetadas en el Congreso e incorpora una precisión destinada a reforzar su encaje jurídico. En ella se insta al presidente del Gobierno a convocar elecciones “de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa”.
La inclusión de esa referencia no es casual. Busca subrayar que el Senado no pretende asumir competencias que corresponden al Ejecutivo, sino expresar una posición política sobre la conveniencia de acudir a las urnas. Desde Génova sintetizan su estrategia con una frase que resume el momento político: “Lo que no quieren que se vote en el Congreso se va a votar en el Senado”.
El recurso al Tribunal Constitucional y el debate sobre los derechos parlamentarios
La segunda respuesta del PP será jurídica. Según adelantó El Mundo, los populares consideran que la decisión de la Mesa constituye una actuación “arbitraria” y preparan un recurso ante el Tribunal Constitucional.
El argumento central de la formación de Feijóo es que la Mesa no debería valorar el contenido político de una iniciativa cuando esta no produce efectos jurídicos vinculantes. Según esta interpretación, impedir la votación equivaldría a restringir la capacidad de los diputados para debatir y pronunciarse sobre cuestiones de interés político.
La controversia se amplifica porque el PP sostiene que existen precedentes en la actual legislatura en los que la Mesa permitió tramitar iniciativas relacionadas con competencias exclusivas del presidente o del Gobierno. Entre ellas figura la proposición impulsada por Junts para solicitar a Sánchez que se sometiera a una cuestión de confianza.
Precisamente ese precedente es uno de los elementos que los populares consideran más relevantes para fundamentar su recurso, ya que entienden que la Mesa estaría aplicando criterios distintos a situaciones similares. Ambas formaciones registraron enmiendas prácticamente idénticas solicitando la convocatoria de elecciones, aunque tanto populares como independentistas han negado cualquier coordinación previa.
La dirección popular insiste en que no existe un acercamiento político entre ambas fuerzas. Su lectura es diferente: consideran que el episodio refleja el creciente distanciamiento de Junts respecto al Gobierno.
La importancia de este factor va más allá de una votación concreta. Desde hace meses, la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo depende de un delicado equilibrio entre varios socios con intereses divergentes. Cada discrepancia pública alimenta las dudas sobre la capacidad del Gobierno para sacar adelante iniciativas fundamentales, especialmente unos Presupuestos Generales del Estado que siguen sin fecha de presentación.
Por ello, en el PP interpretan el movimiento de Junts como una señal adicional de las dificultades que afronta Sánchez para mantener cohesionada la mayoría que hizo posible su investidura.
La mayoría del Senado quiere elecciones y la del Congreso también si nos dejasen votar.
— Partido Popular (@ppopular) June 17, 2026
Por eso pretenden impedirlo.#FeijóoEH pic.twitter.com/bgOeUOqCNO
Feijóo endurece el tono contra Sánchez
La crisis institucional también ha elevado la tensión verbal entre Gobierno y oposición. Durante la sesión de control, el líder de los populares acusó al presidente de intentar impedir el debate parlamentario y llegó a afirmar: “No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata”.
La respuesta de Sánchez fue igualmente contundente. El presidente evitó entrar en la discusión jurídica sobre el veto y defendió la continuidad de la legislatura, asegurando que las elecciones “se van a celebrar” cuando corresponda. Además, volvió a situar el enfrentamiento en el terreno político y acusó al líder popular de utilizar una supuesta superioridad moral mientras ignora los problemas que afectan a su propio partido.
Este intercambio evidencia que el debate ya no gira únicamente en torno a una cuestión reglamentaria. Se ha convertido en una nueva batalla dentro de una estrategia de desgaste mutuo que marca la política española desde el inicio de la legislatura. @mundiario