La paciencia institucional tiene un límite, y ese límite quedó marcado este sábado en el Paraninfo de la Universidad de A Coruña. Luciano Vidán, presidente del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de A Coruña, convirtió su intervención en el XVIII Encuentro Médico en una factura política dirigida al Ministerio de Sanidad, con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para certificarla.

El argumento de fondo merece detenerse en él porque toca un nervio sensible del sistema sanitario español. Vidán reclamó un estatuto propio para la profesión médica, y lo hizo con una idea que conviene no diluir entre tanto ruido informativo.

La medicina, dijo, conlleva una responsabilidad especial, una complejidad y una formación que justifican un marco específico de negociación. Es una anomalía comparada que España arrastra desde hace años, mientras el resto de Europa ya cuenta con marcos laborales diferenciados para sus facultativos.

Más allá de la nómina

Conviene insistir en algo que suele perderse en los titulares más perezosos. La reivindicación médica gallega, según explicó el propio Vidán, "va más allá de lo puramente económico". Se trata de reducir guardias de veinticuatro horas que se encadenan hasta sumar jornadas que en ningún otro sector laboral serían tolerables. Se trata de aligerar una carga burocrática que devora el tiempo clínico. Se trata, sobre todo, de devolver autonomía a quien tiene que decidir sobre la salud de otra persona. Y el presidente colegial planteó una pregunta incómoda, sin rodeos, "¿A quién le perjudica que los médicos tengamos un estatuto diferenciado?".

La respuesta política a esa pregunta, en Galicia, ya está dada. Y aquí es donde el discurso de Vidán se cruza con el de Rueda en un punto de consenso que merece destacarse, porque resulta poco habitual que un presidente autonómico avale sin matices la tesis central de un colectivo profesional en pleno pulso con el Gobierno central.

Cuando el Ministerio se queda solo

Lo más llamativo del Encuentro Médico de A Coruña fue, precisamente, lo que añadió la Xunta a lo ya esperable del Colegio. Rueda fue explícito: Galicia fue la primera comunidad autónoma en manifestar públicamente que la demanda de un estatuto médico propio es justa. Y fue todavía más allá, calificándola de "necesaria e urgente", añadiendo que esa reforma tendrá que llegar, haya o no cambio de Gobierno en España.

Ese respaldo institucional resulta determinante. Eleva la reivindicación del Colegio a demanda con aval político transversal, que trasciende ya el ámbito puramente corporativo. Cuando un presidente autonómico se alinea con un colegio profesional frente al Ministerio del que depende la negociación, el mensaje que se envía a Madrid resulta inequívoco.

Vidán, por su parte, expresó sus reproches con franqueza. Acusó al Ministerio de Sanidad, encabezado por una ministra que es además médica, de haber "roto progresivamente los canales de diálogo institucional, profesional y asistencial", en un deterioro que atribuye a la falta de voluntad real de acuerdo por parte del Gobierno.

Defendió, además, que la huelga médica, un derecho constitucional que la profesión ejerce con prudencia, se reserva como último recurso, garantizando siempre la atención urgente. "Defendemos que el enfermo deje de ser la víctima silenciosa de un sistema que ha normalizado la precariedad", sentenció, en una de las frases más duras de su intervención.

El otro frente, la homologación sin control

El estatuto propio constituye el eje central del discurso. El segundo bloque merece igual atención porque anticipa un problema estructural que España todavía no ha calibrado del todo. Solo en 2025 se aprobaron más de 30.000 homologaciones del grado en Medicina, una cifra que triplica la del año anterior y multiplica por diez la registrada en 2017. De ellas, unas 7.000 corresponden a españoles formados fuera de la Unión Europea, frente a los 6.800 egresados de las facultades de Medicina españolas ese mismo año. Dicho de otro modo, el año pasado se homologaron más títulos de españoles formados en el extranjero que titulados salieron de las universidades del propio país.

A esto se suma el cuello de botella del sistema MIR, que en la última convocatoria adjudicó cerca de 9.300 plazas para más de 15.000 aspirantes. Vidán resumió el problema con precisión, "el sistema MIR no puede absorber a tantos médicos", augurando una creciente bolsa de profesionales sin formación especializada reconocida en España.

La denuncia de fondo va más allá de la estadística y apunta directamente al procedimiento. El sistema de homologación de la carrera de Medicina en España es puramente administrativo, sin una prueba de acreditación de conocimientos como sí existe en Alemania, Francia o Portugal. Vidán reclamó dejar de ser, en sus palabras, "el país más laxo de Europa occidental en esta materia". Rueda coincidió en la necesidad de rigor en las homologaciones, aunque trasladó parte de la responsabilidad hacia el propio Ministerio, al que pidió flexibilizar la acreditación de unidades docentes para poder seguir formando especialistas, en particular en Atención Primaria.

Una violencia que ya tiene ley, pero exige más

El discurso dejó espacio también para una cifra que merece atención. En 2025 se registraron en España casi 1.000 médicos agredidos, 22 de ellos en Galicia, la cifra más alta de la serie histórica autonómica, con la inmensa mayoría de los casos sin denunciar siquiera.

Vidán celebró la reciente Ley 3/2026, aprobada por la Xunta el pasado mes de marzo para reforzar la protección de los profesionales sanitarios frente a la violencia, equiparando la cobertura entre la sanidad pública y la privada y endureciendo las sanciones hasta los 15.000 euros. Una norma pionera en España que exige, según reclamó el propio presidente colegial, mayor contundencia por parte de la Administración, las fuerzas de seguridad y la justicia.

La pregunta que queda en el aire

El Encuentro Médico de A Coruña deja, al final, una conclusión incómoda para el Ministerio de Sanidad. Cuando una comunidad autónoma gobernada por el PP y un colegio profesional convergen en exigir lo mismo, calificándolo de urgente, la inacción del Gobierno central empieza a parecer una cuestión de voluntad política más que de prioridades.

El estatuto propio para los médicos lleva tiempo sobre la mesa. La pregunta que queda flotando en el ambiente del Paraninfo es sencilla, ¿cuánto tiempo más puede el Ministerio permitirse no escuchar a quienes sostienen el sistema sanitario público? @mundiario