La decisión del magistrado Juan Carlos Peinado de enviar a juicio a Begoña Gómez supone un paso de enorme relevancia dentro de una investigación que ha estado rodeada de polémica desde sus inicios. No obstante, el proceso todavía no ha llegado a un punto de no retorno.
Aunque la resolución que acuerda la apertura de juicio oral no admite recurso directo, las defensas consideran que existen decisiones anteriores del instructor que siguen pendientes de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid y que podrían modificar sustancialmente el escenario actual.
La clave se encuentra precisamente en esos recursos aún sin resolver. Si el tribunal provincial concluye que algunas de las resoluciones adoptadas durante la instrucción carecen de la base jurídica suficiente o fueron dictadas de forma incorrecta, el procedimiento podría verse obligado a retroceder varios pasos.
La Audiencia, árbitro de una causa marcada por la controversia
Desde que comenzó la investigación en 2024, la Audiencia Provincial de Madrid ha desempeñado un papel determinante. En varias ocasiones ha respaldado parte de las actuaciones de Peinado, pero también ha corregido o limitado algunas de sus decisiones más controvertidas.
El tribunal ya obligó anteriormente al magistrado a rehacer resoluciones relacionadas con la transformación de la causa en un procedimiento ante jurado popular, al considerar insuficiente la fundamentación jurídica presentada inicialmente.
Esa circunstancia ha reforzado la estrategia de las defensas, que sostienen que la Audiencia podría volver a intervenir para revisar aspectos esenciales del caso antes de que se celebre un eventual juicio.
Los abogados de Begoña Gómez habían solicitado al instructor que esperara a la resolución de esos recursos antes de dar el paso definitivo hacia el juicio oral. Sin embargo, el magistrado decidió continuar adelante con la tramitación.
La Fiscalía mantiene su oposición
Otro de los elementos que añaden incertidumbre al proceso es la posición de la Fiscalía.
Durante la investigación, el Ministerio Público ha mostrado reiteradamente sus discrepancias con distintas actuaciones del juez instructor y ha defendido en varias ocasiones el archivo de la causa.
Los fiscales consideran que algunas de las líneas de investigación desarrolladas durante estos dos años no han aportado indicios suficientes para justificar determinadas decisiones procesales. Por ello, también han recurrido resoluciones relevantes que ahora deberán ser examinadas por la Audiencia Provincial.
La decisión final del tribunal madrileño será especialmente relevante porque marcará si la causa continúa avanzando hacia el juicio o si determinadas actuaciones deben ser revisadas o corregidas.
Las medidas cautelares abren otro frente
Más allá de la apertura de juicio oral, otro de los aspectos que ha generado un intenso debate jurídico es la adopción de medidas cautelares contra Begoña Gómez.
El juez ha acordado retirarle el pasaporte, impedirle abandonar territorio español y obligarla a comparecer periódicamente ante el juzgado.
La defensa de la esposa del presidente ya ha anunciado que recurrirá estas restricciones, al considerar que no existe riesgo real de fuga y que las medidas resultan desproporcionadas.
Este nuevo recurso abrirá una segunda vía de confrontación jurídica que también podría acabar siendo analizada por instancias superiores.
Un historial de correcciones al juez instructor
La actuación de la Audiencia Provincial durante estos dos años demuestra que el tribunal no ha mantenido una posición uniforme de respaldo a la instrucción.
En distintos momentos, los magistrados han limitado investigaciones paralelas, han anulado determinadas imputaciones y han corregido actuaciones consideradas excesivas o insuficientemente justificadas.
Algunas decisiones adoptadas por Peinado respecto a empresarios, responsables institucionales y actuaciones registrales fueron revocadas total o parcialmente por la Audiencia, que llegó a cuestionar la motivación jurídica de varias medidas.
Ese precedente explica por qué la resolución de los recursos pendientes es observada con enorme atención tanto por las defensas como por las acusaciones.
Pese al impacto político y mediático que ha supuesto la apertura de juicio oral, el procedimiento todavía está lejos de cerrarse definitivamente.
La Audiencia Provincial de Madrid deberá pronunciarse sobre cuestiones esenciales que afectan a la validez de distintas fases de la instrucción. Su decisión podría consolidar el camino hacia el banquillo o provocar una revisión sustancial del caso.
Mientras tanto, la defensa de Begoña Gómez mantiene que la causa presenta importantes debilidades jurídicas y confía en que los recursos pendientes puedan cambiar el rumbo de un procedimiento que se ha convertido en uno de los más seguidos de la actualidad política y judicial española. @mundiario