La sentencia del Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos por el caso Koldo trasciende la dimensión estrictamente penal para instalarse en el terreno de la historia de la democracia española. Los 24 años y tres meses de prisión impuestos al que fuera ministro de Transportes, secretario de Organización del PSOE y uno de los principales arquitectos del ascenso de Pedro Sánchez constituyen la condena más severa dictada contra un exministro desde la Transición.
Nunca antes un antiguo miembro del Consejo de Ministros había recibido una pena de tal magnitud. Ni siquiera los precedentes más graves de la historia reciente alcanzaron semejante nivel de reproche penal, desde el caso GAL contra el extitular de Interior José Barrionuevo o al de Trabajo Eduardo Zaplana por el caso Erial, hasta las grandes causas de corrupción vinculadas a gobiernos autonómicos.
Los magistrados consideran acreditado que Ábalos incurrió en delitos de cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos en el marco del denominado caso Koldo, relacionado con el presunto amaño de contratos públicos durante la pandemia.
Más allá del número de años de prisión —que, conforme a la legislación vigente y a las reglas de acumulación de condenas, podrían traducirse en un cumplimiento efectivo inferior de hasta 16 años y medio—, el fallo contiene un mensaje institucional especialmente contundente.
Los magistrados ponen el acento en un elemento que consideran decisivo, los hechos fueron cometidos mientras Ábalos ocupaba “desde su posición de ministro del Gobierno de España, órgano constitucional y ‘núcleo esencial de la configuración del Poder Ejecutivo”, es decir, una de las máximas responsabilidades del Estado. No se trata, subraya la sentencia, de un dirigente que incurrió en irregularidades una vez abandonada la política activa, sino de un ministro en ejercicio que habría utilizado su posición institucional para favorecer intereses particulares.
“La legitimidad misma del sistema democrático”
La resolución sostiene que los delitos de corrupción cometidos desde el núcleo del Ejecutivo no solo provocan un perjuicio económico al erario público. Su verdadero alcance, advierte el Supremo, afecta a “la legitimidad misma del sistema democrático” y a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Es precisamente esa dimensión la que convierte el caso Ábalos en un episodio singular dentro de la historia judicial española.
Hasta ahora, el precedente más conocido era el de Barrionuevo. El exministro del Interior de Felipe González fue condenado en 1998 a diez años de prisión por el secuestro del hispanofrancés Segundo Marey y la financiación ilegal de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). A pesar de la gravedad de los hechos, Barrionuevo solo cumplió tres meses de cárcel tras ser indultado parcialmente.
Otros antiguos ministros también fueron condenados, aunque por actuaciones desarrolladas fuera de sus responsabilidades gubernamentales o vinculadas a etapas previas en administraciones autonómicas. Es el caso de Eduardo Zaplana, condenado a 10 años y cinco meses por el caso Erial; Jaume Matas, que acumuló diversas condenas relacionadas con el caso Nóos y otros procedimientos; o Rodrigo Rato, condenado por las tarjetas black y posteriormente por delitos fiscales y blanqueo.
Sin embargo, ninguno de ellos recibió una pena superior a la impuesta ahora a Ábalos. Tampoco ninguno concentró durante tanto tiempo una posición tan estratégica dentro del poder político nacional.
El defensor de la moción de censura
Ábalos no fue un ministro más, fue el dirigente encargado de pilotar la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy del poder bajo la promesa de regeneración democrática y lucha contra la corrupción tras la primera condena contra el PP por la trama Gürtel. Como secretario de Organización del PSOE, controló durante años la maquinaria interna del partido. Como ministro de Transportes, administró uno de los departamentos con mayor capacidad presupuestaria del Estado. Y como estrecho colaborador de Pedro Sánchez, se convirtió en uno de los principales pilares sobre los que se edificó el actual ciclo político socialista.
Su caída judicial simboliza, por tanto, el derrumbe político y judicial de uno de los hombres que encarnó el proyecto de renovación impulsado por el sanchismo desde 2018.
Los magistrados sostienen que el daño causado por estos comportamientos resulta, en buena medida, incalculable, porque afecta a la expectativa de ejemplaridad que la ciudadanía deposita en sus representantes. La democracia española ha conocido escándalos de enorme relevancia en las últimas décadas. Pero pocas veces una sentencia había retratado con tanta severidad la conducta de un miembro del Gobierno en ejercicio.
Ábalos entra así en una lista reducida y políticamente incómoda: la de los ministros condenados por corrupción en democracia. Lo hace, además, ocupando el primer lugar por la dureza de la pena y por el peso político que llegó a concentrar. @mundiario