La primera gran sentencia del caso Koldo no solo pone cifras penales a una de las mayores crisis que ha afrontado el Gobierno de Pedro Sánchez. También redefine el relato político de un escándalo que durante meses ha condicionado la agenda nacional. El Tribunal Supremo ha condenado a 24 años de prisión al exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, a 19 años a su exasesor Koldo García y a cuatro años y medio al empresario Víctor de Aldama, considerado por los magistrados una pieza central de la trama corruptora.
Sin embargo, el fallo no ha provocado la misma reacción respecto a todos los condenados. Mientras el PSOE parece haber asumido con resignación la condena de quien fue uno de los hombres más poderosos del sanchismo, la decisión del Supremo de suspender la ejecución de la pena a Aldama por su colaboración con la Justicia ha despertado una contestación casi unánime entre dirigentes socialistas y miembros del Ejecutivo.
La diferencia de tono resulta reveladora, pero sobre Ábalos el discurso oficial apenas ha variado. El partido insiste en que fue apartado cuando perdió la confianza política y sostiene que actuó desde el primer momento, aunque salió del Consejo de Ministros durante una remodelación antes de que se conociera el escándalo y solo se le expulsó del grupo parlamentario después de las primeras detenciones a cargo de la Audiencia Nacional.
La Moncloa insiste en que lamenta y condena “sin matices” unos comportamientos que considera incompatibles con los principios de transparencia e integridad que defiende el Ejecutivo, que llegó al poder tras la moción de censura contra Mariano Rajoy por la primera condena de la trama Gürtel, que fue defendida en el Congreso por el propio Ábalos. Por ahora, la estrategia pasa por presentar el caso como un episodio individual y políticamente amortizado.
“Quien la hace, que la pague, por supuesto”, ha escrito la portavoz federal del PSOE Montse Mínguez a través de su cuenta de X. “Pero 24 años para Ábalos. 19 años para Koldo. 4 años para el cabecilla, Aldama, que evita la cárcel porque así lo pidió el PP. ¿Sale a cuenta ser corruptor en España? Porque, sinceramente, cuesta entenderlo”, ha arremetido la dirigente socialista, que milita en el PSC.
En esa misma línea se ha pronunciado el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha criticado que el comisionista se haya beneficiado por colaborar, supuestamente, sin mucho contenido. “¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos, pero luego os portáis bien y ‘colaboráis’, el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada, ni entráis en prisión”, ha criticado el exalcalde de Valladolid.
Quien la hace, que la pague por supuesto, pero:
— Montse Mínguez (@montseminguez) June 22, 2026
24 años para Ábalos.
19 años para Koldo.
4 años para el cabecilla, Aldama, que evita la cárcel porque así lo pidió el PP.
¿Sale a cuenta ser corruptor en España?
Porque, sinceramente, cuesta entenderlo.
El Supremo considera la colaboración de Aldama como “muy cualificada”
El tratamiento dispensado a Aldama ha abierto otro frente mucho más incómodo para el PSOE. El empresario no solo recibe una condena notablemente inferior a la solicitada por las acusaciones, sino que además evita ingresar en prisión gracias a la aplicación de atenuantes vinculados a su colaboración con la Justicia. Una decisión plenamente ajustada al marco legal, según el Supremo, pero que políticamente ha sido recibida con enorme recelo en La Moncloa.
Los magistrados han rebajado la pena de Aldama de los siete años de prisión que pidió la Fiscalía Anticorrupción, al entender que procedía el atenuante de colaboración “muy cualificada”. La sentencia explica, además, que es posible que el comisionista no ingrese a prisión debido a que la cuantía de las penas por los delitos de organización criminal y cohecho de los que estaba acusado no supera ninguna los dos años.
No obstante, el Supremo subraya que “la suspensión de la ejecución de la pena” de prisión a Aldama “no es, ni mucho menos, un mecanismo vacío de todo contenido retributivo, como si se tratara de una suerte de perdón judicial”, sino que se produce en el contexto de unas “condiciones” que “hacen patente que la suspensión no supone, ni mucho menos, que desaparezca la desaprobación por el delito cometido”.
¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y “colaboráis”, el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora. pic.twitter.com/pXk89JeTMV
— Óscar Puente (@oscar_puente_) June 22, 2026
La crítica socialista se dirige menos contra la sentencia en sí que contra el mensaje que, a juicio de muchos dirigentes, proyecta hacia el futuro. La idea de que la cooperación judicial pueda traducirse en beneficios penales significativos ha generado inquietud en un momento especialmente delicado para el PSOE, inmerso en otras investigaciones y procedimientos judiciales que afectan a figuras próximas al partido, donde los imputados Julio Martínez Martínez y Leire Díez podrían inspirarse en la estrategia de defensa de Aldama, para sus causas del caso Plus Ultra en el que está siendo investigado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y las presuntas cloacas del PSOE, en la que la Audiencia Nacional teje una supuesta red nutrida de la órbita socialista bajo la supuesta dirección del exsecretario de Organización Santos Cerdán.
El propio Aldama alimentó esa percepción al afirmar, tras conocer el fallo, que "la colaboración en este país sirve" y expresar su deseo de que “los demás que vienen detrás colaboren”. Sus palabras fueron interpretadas en sectores socialistas como un mensaje dirigido tanto al presente como al futuro. @mundiario