En el contexto de la próxima revisión del T-MEC y a casi tres décadas de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), activistas y líderes de organizaciones comunitarias en El Paso reavivaron el debate sobre los efectos sociales, económicos y laborales de los acuerdos comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá durante el Día de Solidaridad Transfronteriza.
El encuentro, realizado en el restaurante Mayapán, reunió a académicos, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios que analizaron cómo el tratado firmado en la década de 1990 transformó la economía fronteriza, aunque —según señalaron— también profundizó desigualdades estructurales.
De acuerdo con los participantes, la implementación del TLCAN generó una reconfiguración económica en la región que, si bien impulsó el comercio binacional, provocó también la pérdida de empleos industriales y la reubicación de empresas hacia zonas de menor costo laboral.
Dylan Corbett, director ejecutivo del Instituto Fronterizo HOPE (Esperanza), advirtió que las discusiones actuales sobre comercio internacional continúan favoreciendo a grandes corporaciones en detrimento de las comunidades trabajadoras.
"La comunidad se está juntando para decir no a los acuerdos de comercio de este gobierno, porque por demasiado tiempo han beneficiado a los ricos, a los millonarios y no a las familias de ciudades como El Paso", declaró Corbett.
Añadió que la frontera vive una economía binacional profundamente desigual, donde los beneficios del crecimiento no se distribuyen de manera equitativa.
Corbett señaló además que El Paso enfrenta nuevas presiones económicas con la llegada de centros de datos y proyectos tecnológicos que, afirmó, consumen recursos locales como agua y electricidad sin dejar beneficios proporcionales a la población. "La comunidad se está despertando y educando para construir una agenda que priorice a las familias, no a los intereses corporativos", sostuvo.
El activista también alertó sobre el impacto social del modelo económico vigente, señalando recortes presupuestales, migración de jóvenes y estancamiento poblacional. "Si la población no crece es porque no hay empleos con salarios dignos, y eso obliga a nuestros hijos a irse", afirmó, al tiempo que llamó a repensar el futuro económico de la región en coordinación con Ciudad Juárez. "Somos una sola comunidad binacional", subrayó.
Por su parte, Cemelli de Aztlán, organizadora comunitaria de la Coalición de Comercio Justo de Texas, destacó al cierre del encuentro que las movilizaciones buscan visibilizar las consecuencias humanas de las políticas comerciales y migratorias, y señaló que la lucha actual no se limita al comercio, sino que abarca derechos laborales, justicia ambiental y dignidad para las comunidades fronterizas.
Otros expertos locales expresaron su creciente preocupación de que las políticas comerciales actuales y las propuestas en negociación sigan beneficiando a los intereses corporativos, al tiempo que propician una carrera hacia el deterioro de salarios, normas laborales y protecciones ambientales.
Kathleen Staudt, profesora jubilada de ciencias políticas de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), afirmó: "Los acuerdos comerciales anteriores generaron riqueza para las empresas, pero no necesariamente para los trabajadores. Cuanto más podamos reducir las desigualdades en las fronteras, menor será la explotación". Agregó que la frontera entre Estados Unidos y México se ubica entre las 40 más desiguales del mundo.
El comisionado David Stout expresó en su mensaje: "El futuro de nuestra región, como nodo clave en el flujo de bienes y servicios de Norteamérica, depende de lograr un equilibrio entre las oportunidades económicas y la responsabilidad social". Añadió: "El comercio debe elevar los estándares, no fomentar una carrera hacia el deterioro de las condiciones. Los trabajadores merecen entornos laborales seguros, salarios justos y libertad de organización".
La congresista Veronica Escobar emitió una declaración sobre la reciente decisión de retirar los camiones de carga del Puente de las Américas: "Estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para dar prioridad a los trabajadores, a las comunidades y al medio ambiente". Señaló que su comunidad puede mantener su ventaja comercial al tiempo que apoya el desvío del tráfico comercial del Puente de las Américas hacia otros puertos de la región.
Tras la reunión, los participantes realizaron una marcha pacífica hacia el Puente de las Américas —conocido como el Puente Libre—, donde manifestaron su rechazo a lo que calificaron como "modelos económicos excluyentes" y exigieron un enfoque humanitario en las negociaciones comerciales.
De Aztlán lamentó que el puerto de entrada, destinado originalmente al tráfico de personas de la comunidad local, haya sido utilizado en exceso por las maquiladoras, y señaló que en el vecindario aledaño se registran hoy grupos de pacientes con cáncer entre mujeres, niños y adultos mayores.
La protesta fue retirada del área fronteriza por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) sin que se reportaran incidentes mayores.
Durante el encuentro denominado Acción Internacional para Fortalecer Alianzas, los participantes coincidieron en que la revisión del T-MEC representa una oportunidad para replantear las reglas del comercio trilateral e incorporar mecanismos más sólidos de protección para los trabajadores, las comunidades fronterizas y los recursos naturales de la región.