Hay días que definen una legislatura. La comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para abordar los escándalos que cercan al PSOE y al Gobierno amenaza con convertirse en uno de ellos. El presidente llega al Parlamento en una situación política extraordinariamente compleja. La sentencia del Tribunal Supremo que condena a 24 años de prisión al exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos ha elevado la presión hasta niveles inéditos. A ello se suma el impacto político de las investigaciones que afectan al entorno del Ejecutivo y el progresivo deterioro de la confianza de sus aliados parlamentarios.
Más allá de la dureza de la oposición, el verdadero desafío para Sánchez reside en el estado de su mayoría de investidura. Durante años, el presidente ha demostrado una notable capacidad para resistir crisis políticas, recomponer sus alianzas y sobrevivir en escenarios de gran adversidad. Sin embargo, la acumulación de episodios judiciales y el desgaste derivado de ellos han comenzado a minar el principal activo de cualquier Gobierno parlamentario: la confianza de sus socios.
La condena de Ábalos posee un enorme simbolismo político. No se trata únicamente de un antiguo ministro. Fue uno de los principales colaboradores de Sánchez durante la reconstrucción del PSOE y uno de los arquitectos de la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa en 2018. Precisamente por ello, la oposición intenta convertir la sentencia en un juicio político al propio presidente.
El Ejecutivo sostiene que actuó con contundencia desde el primer momento, apartando a los implicados y colaborando con la Justicia antes incluso de la apertura formal de procedimientos judiciales. La Moncloa insiste en diferenciar entre responsabilidades individuales y responsabilidades institucionales, rechazando asumir una responsabilidad in vigilando por las actuaciones de antiguos dirigentes socialistas.
Sin embargo, el problema para Sánchez es que el campo minado por el que transita la legislatura se convierta en un totum revolutum que, al menos en el caso de sus aliados de derechas, otros partidos no quieran ser parte. Sus socios no cuestionan únicamente la actuación concreta en cada caso, sino la sensación de acumulación de escándalos y la ausencia de un horizonte político claro para la segunda mitad de la legislatura. Por lo pronto, el PSOE consigue el consuelo de que las formaciones de izquierdas se hayan puesto de su lado para criticar las medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez y que el comisionista Víctor de Aldama haya sido eximido de su condena de cuatro años de prisión, por el caso Koldo, después de que el Tribunal Supremo considerara la atenuante de colaboración “muy cualificada”.
Sánchez espera el respaldo de sus socios
Las posiciones son diversas. EH Bildu y BNG continúan defendiendo la necesidad de preservar la mayoría progresista, pero están dispuestos a avenirse con medidas de regeneración democrática. ERC exige explicaciones más ambiciosas sobre las decisiones políticas adoptadas durante los últimos años aunque se contradice en las formas; mientras que el presidente Oriol Junqueras defiende la continuidad de la legislatura hasta consumar los acuerdos pactados con Moncloa, su portavoz Gabriel Rufián avisó de que “aguantar para nada es tontería”. Podemos da prácticamente por amortizada la legislatura y reclama un cambio de rumbo radical, pero no piensa sumar sus votos a la derecha para desalojar a Sánchez. Junts y PNV mantienen una calculada distancia mientras evalúan los costes y beneficios de sostener al Ejecutivo.
Esta fragmentación convierte esta comparecencia en la sesión de control al Gobierno en la última prueba de fuego antes de que comience el nuevo curso político. Por ello el Partido Popular ha decidido elevar el nivel de confrontación. Alberto Núñez Feijóo pretende aprovechar la debilidad parlamentaria del Gobierno para proyectar la imagen de un Ejecutivo agotado y sin apoyos suficientes para completar la legislatura.
Las iniciativas impulsadas por el PP en Congreso y Senado, reclamando elecciones anticipadas o una cuestión de confianza, carecen de efectos jurídicos vinculantes. No obstante buscan retratar al resto de los partidos y, en caso de lograr el voto favorable de algunos de los socios, evidenciar la pérdida de apoyos del presidente y alimentar el relato de final de ciclo. La estrategia popular pasa por exhibir un aislamiento creciente de Sánchez y dificultar que sus socios mantengan una posición de apoyo sin asumir costes electorales propios.
Dado el historial de votos de la semana pasada, cuando Junts incorporó por sorpresa a una moción de los populares una enmienda que reclama a Sánchez la disolución de las Cortes, el equipo de Feijóo cree que puede reeditar esa convergencia en el Senado, donde la mayoría absoluta de la oposición sacará adelante el texto después de que la Mesa del Congreso, controlada por el PSOE y Sumar, impidiera su votación. Pero para no dejar la Cámara Baja al margen de la ofensiva de fin de curso, el PP ha rescatado la fórmula de cuestión de confianza con la que los independentistas amenazaron a Sánchez el año pasado, avalada por Francina Armengol entonces, para presionar al Gobierno en ambos frentes.
El PP exprime la presión al Gobierno
En este contexto, la respuesta del presidente resulta crucial. Si opta exclusivamente por la confrontación con el PP y la denuncia de una supuesta instrumentalización política de la Justicia, corre el riesgo de no satisfacer a unos aliados que reclaman autocrítica y medidas adicionales. Si, por el contrario, reconoce errores políticos y abre nuevas iniciativas de regeneración institucional, podría ganar tiempo y recomponer parcialmente su mayoría. La cuestión de fondo es si todavía existe un proyecto político capaz de cohesionar a las fuerzas que sostienen al Ejecutivo.
Hasta ahora, la amenaza de una eventual mayoría alternativa encabezada por PP y Vox había actuado como el poderoso pegamento entre los socios. Pero esa lógica defensiva comienza a mostrar signos de agotamiento a medida que se aproxima el ciclo electoral de 2027 y cada formación intenta marcar perfil propio del Ejecutivo.
Sánchez ha construido buena parte de su trayectoria política sobre la resistencia. Su capacidad para sobrevivir a crisis aparentemente terminales forma parte ya de la historia política reciente de España. Sin embargo, la comparecencia de este miércoles puede marcar un punto de inflexión: no tanto porque determine la caída inmediata del Gobierno, sino porque permitirá medir si la mayoría parlamentaria sigue dispuesta a sostener el proyecto o si, por el contrario, comienza a prepararse para el escenario postelectoral.
La legislatura probablemente no termine este miércoles. Pero el debate parlamentario puede dejar una conclusión mucho más relevante: si el Gobierno conserva todavía capacidad de iniciativa política o si ha entrado definitivamente en una fase de mera resistencia hasta el final del mandato. @mundiario