Los pisos turísticos atraviesan una fase de ajuste que empieza a consolidarse. Los últimos datos reflejan una reducción superior al 10% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone la desaparición de cerca de 40.000 alojamientos de este mercado en apenas doce meses.
A pesar de esta corrección, el volumen total continúa siendo elevado. España mantiene más de 340.000 viviendas dedicadas al alquiler vacacional, una cifra que sigue situándose entre las más altas registradas desde que existen estadísticas específicas sobre este fenómeno.
El descenso no parece responder a una única causa. Durante los últimos meses se han intensificado los controles administrativos, han aumentado las exigencias legales para los propietarios y se ha reforzado la capacidad de las comunidades de vecinos para limitar este tipo de actividad en los edificios residenciales. Todo ello ha contribuido a enfriar un mercado que había experimentado una expansión muy intensa desde la recuperación del turismo tras la pandemia.
Canarias y Baleares siguen concentrando la mayor presión
Aunque la reducción es generalizada, la presencia de viviendas turísticas continúa siendo muy desigual según el territorio. Las regiones más dependientes del turismo siguen acumulando una parte significativa de la oferta nacional.
Canarias encabeza la clasificación, con más de cuatro viviendas turísticas por cada cien inmuebles existentes. Baleares ocupa la segunda posición, mientras que Andalucía completa el grupo de comunidades con mayor peso de este tipo de alojamientos.
Esta concentración territorial explica por qué el debate sobre los pisos turísticos mantiene una intensidad especial en determinados destinos. En muchas zonas costeras e insulares, administraciones locales y colectivos vecinales llevan años alertando del impacto que estas viviendas tienen sobre el precio de los alquileres y la disponibilidad de vivienda para residentes permanentes.
Sin embargo, la evolución reciente apunta a una cierta moderación. Incluso en los territorios donde la actividad sigue siendo más intensa, la proporción de viviendas vacacionales es inferior a la registrada un año antes.
El impacto de las nuevas normas todavía está por medirse
La caída coincide con un periodo de importantes cambios regulatorios. El Gobierno ha defendido que las nuevas herramientas de control están contribuyendo a ordenar el mercado y a reducir parte de la oferta irregular.
No obstante, el panorama jurídico sigue abierto. La reciente decisión del Tribunal Supremo de anular el registro estatal de alquileres de corta duración ha introducido incertidumbre sobre el modelo de supervisión que deberá aplicarse en los próximos años. Aunque la sentencia elimina el sistema estatal, continúan vigentes los mecanismos autonómicos y las obligaciones de control ya existentes.
Los expertos consideran que será necesario esperar a las próximas estadísticas para conocer el verdadero alcance de estas medidas. La gran incógnita es si la reducción actual representa un ajuste temporal o el inicio de una transformación más profunda en un sector que ha influido de forma decisiva en el mercado inmobiliario español durante la última década.
Mientras tanto, el verano arranca con menos pisos turísticos disponibles que hace un año, una señal que podría tener consecuencias tanto para el turismo como para la oferta residencial en algunas de las zonas más tensionadas del país. @mundiario