La difusión íntegra de las agendas personales de José Luis Rodríguez Zapatero correspondientes a 2024 y 2025, junto con miles de mensajes intercambiados con su secretaria, ha abierto un nuevo frente político y judicial. El expresidente analiza emprender acciones legales al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales, mientras el PSOE acusa a los responsables de las filtraciones de impulsar una “cacería” política incompatible con un Estado de derecho.
El caso que investiga la Audiencia Nacional sobre el rescate de Plus Ultra y las supuestas actividades de intermediación internacional del expresidente ha dado un giro inesperado. Ya no se trata únicamente de las sospechas que pesan sobre Zapatero, sino también de los límites de la investigación judicial y del alcance de las filtraciones de información privada.
El entorno del exjefe del Ejecutivo ha expresado un profundo malestar tras hacerse públicos detalles de su agenda personal, conversaciones privadas con su secretaria Gertrudis Alcázar e incluso referencias a cuestiones familiares y médicas que, a juicio de sus allegados, no guardan relación alguna con la causa instruida por el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama.
Fuentes cercanas a Zapatero confirman que sus abogados estudian la presentación de acciones legales por considerar que se ha producido una vulneración del derecho a la intimidad y una difusión indiscriminada de información ajena a los hechos investigados. La controversia surge después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) entregara un nuevo informe sobre el denominado caso Plus Ultra. En dicho documento, los investigadores sostienen que el expresidente habría percibido 200.000 euros por supuestas gestiones ante el Gobierno de Bolivia en favor de una empresa peruana.
Sin embargo, junto al informe policial, el juez instructor acordó poner a disposición de las partes personadas en el procedimiento (PP, Vox, Ciudadanos, Iustitia Europa, Hazte Oír, Manos Limpias y Liberum), un extenso volumen documental, incluidos anexos con el contenido íntegro de las agendas del expresidente y el volcado completo de conversaciones mantenidas con su secretaria.
Según fuentes del entorno de Zapatero, el principal reproche no se dirige únicamente a la investigación, sino a la ausencia de un filtrado previo de la documentación. Consideran que el magistrado debió ordenar un expurgo para excluir toda aquella información privada que no guardara relación directa con los hechos investigados. La publicación posterior de esos documentos en distintos medios ha elevado aún más la tensión.
Viajes, reuniones y vida privada expuestos
Las agendas difundidas reflejan una intensa actividad política e internacional del expresidente durante los últimos dos años.
Entre otros extremos, aparecen reuniones con ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, encuentros con dirigentes socialistas y antiguos miembros de su Ejecutivo, citas con empresarios, editores y representantes diplomáticos, viajes a países como China, Venezuela, Bolivia, Turquía o República Dominicana. También aparecen encuentros familiares y compromisos de carácter estrictamente privado.
A ello se suman miles de mensajes intercambiados con Alcázar, en los que aparecen desde cuestiones relacionadas con la organización de la agenda política hasta gestiones domésticas, reservas de hoteles, citas médicas o encargos personales.
Para el entorno del expresidente, la exposición pública de ese material supone un precedente especialmente delicado por tratarse de un antiguo presidente del Gobierno cuyas agendas incluyen contactos institucionales de alto nivel y asuntos ajenos a cualquier investigación penal.
El PSOE habla de “cacería”
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, denunció públicamente lo que calificó de “gravísima violación de la intimidad”, al considerar injustificable la difusión de conversaciones privadas e información médica desvinculada de la causa judicial. “Nada justifica convertir la vida privada de una persona en munición política. En serio: ¿quién va a parar esta deriva antidemocrática?”, se ha preguntado la número tres del partido.
Posteriormente, el partido elevó el tono mediante un comunicado en el que calificó la situación de “escándalo mayúsculo” y denunció la existencia de una “cacería” contra el expresidente. Los socialistas sostienen que en una investigación judicial deben analizarse exclusivamente los hechos relacionados con el procedimiento y no aspectos de la esfera personal cuya difusión, aseguran, genera indefensión y erosiona las garantías propias de una democracia.
La Moncloa ha expresado igualmente su inquietud por la reiteración de filtraciones procedentes de procedimientos judiciales. Fuentes gubernamentales admiten una creciente preocupación por la difusión de información privada que, a su juicio, no guarda relación con las investigaciones abiertas y que afecta directamente a derechos fundamentales. @mundiario