La investigación judicial sobre la presunta trama vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez ha dado un nuevo paso con la declaración de los generales Rafael Yuste y Alfonso López Malo ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Ambos han confirmado el contenido de las manifestaciones que realizaron previamente ante la Unidad Central Operativa (UCO), en las que afirmaban haber recibido indicaciones para que esta unidad mantuviera un perfil bajo en procedimientos con repercusión política.
Sin embargo, durante su comparecencia introdujeron un matiz relevante: aseguraron que interpretaron esas directrices como una pauta de carácter general y no como una instrucción destinada exclusivamente a los casos que afectaban al PSOE. De este modo, descartaron haber entendido que existiera una referencia expresa a una formación política concreta.
El origen de la polémica
Los hechos se remontan a julio de 2024, cuando Rafael Yuste dirigía la UCO. Según su relato, participó en una reunión con responsables de la cúpula de la Guardia Civil en la que se abordó una diligencia solicitada por la unidad en la investigación relacionada con el hermano del presidente del Gobierno.
Durante aquel encuentro, Yuste sostiene que recibió críticas por la iniciativa de solicitar determinada documentación y que se le transmitió la conveniencia de que la UCO no adoptara un papel especialmente activo en este tipo de procedimientos. En el caso concreto que estaba sobre la mesa, la recomendación habría sido dejar que la iniciativa correspondiera a la autoridad judicial.
Pese a la trascendencia de estas afirmaciones, en el interrogatorio celebrado este viernes ninguna de las partes preguntó a los dos generales si consideraban que aquellas indicaciones constituían una presión sobre su labor profesional.
Un caso con implicaciones institucionales
Las declaraciones adquieren relevancia porque afectan al funcionamiento de una de las principales unidades de investigación de la Guardia Civil en un momento en el que instruía causas de gran repercusión política y mediática.
El hecho de que los dos mandos coincidan en la existencia de esas instrucciones, aunque las desvinculen de un partido concreto, mantiene abierto el debate sobre cuál debe ser el margen de actuación de los cuerpos investigadores cuando intervienen en procedimientos especialmente sensibles.
La causa que dirige la Audiencia Nacional continuará ahora con nuevas diligencias para esclarecer el alcance de los hechos y determinar si las actuaciones denunciadas respondían únicamente a criterios organizativos o si pudieron influir en la forma en que se desarrollaban determinadas investigaciones judiciales.
El resultado de la instrucción será determinante para aclarar si aquellas directrices tuvieron consecuencias prácticas sobre el trabajo de la UCO y sobre la percepción de independencia de una unidad clave en la lucha contra la corrupción y otros delitos complejos. @mundiario