Cuando los políticos se acostumbran a gobernar durante muchos años sin contrapesos, abusando e imponiendo su voluntad, la inteligencia se les va resbalando poco a poco hasta volverlos imbéciles. Es el caso de la decisión tomada esta semana para intentar castigar a la alcaldesa de León por haber mudado de partido político. El oficialismo panista, enojadísimo por la temeraria decisión, ordenó, desde su grupo parlamentario en el Congreso, a la Auditoría Superior del Estado realizar una auditoría integral al Municipio de León.
Envalentonado, el pastor panista sentenció a Alejandra Gutiérrez a ser perseguida por el dedo flamígero de los contadores gubernamentales, que volverán incluso a auditar lo ya auditado. Una brillante idea para investigar un posible desfalco de algunos millones de pesos, asunto que ya se encuentra bajo revisión de la Contraloría Municipal.
Los azules padecen una crónica ineptitud que les impide medir el costoso error que cometieron. La presidenta municipal, acosada ahora con la espada auditora, ha acumulado durante su carrera administrativa más experiencia en esa materia que cualquiera de sus nuevos adversarios panícolas. Es abogada, con una especialidad y dos maestrías. Se formó durante años en la Tesorería Municipal. Fue tesorera y encabezó, como contraparte, la atención de cuanto auditor enviaba el órgano de fiscalización. Después fue diputada federal e integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, precisamente por su conocimiento en esos temas. Más tarde llegó al Congreso local, donde presidió la Comisión de Hacienda y Fiscalización. Como puede advertirse, sus enemigos escogieron muy mal el terreno donde pretenden librar la batalla.
Pero el mayor tropiezo es político. Enceguecido por el odio, el grupo de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que aún domina la administración pública estatal, quiere comérsela viva mientras sigue señoreando buena parte del actual gobierno. A la nueva gobernadora, parece que ni siquiera le han permitido asumir el control pleno de su administración y solo la utilizan para alcanzar su verdadero objetivo: proteger la red de corrupción que construyeron con tanto esmero y que ahora buscan preservar. Sus negocios están en riesgo.
Por eso resultaba indispensable impedir cualquier acción relacionada con la transparencia y la rendición de cuentas sobre la gestión de Diego Sinhue. Más aún cuando los problemas se acumulan por todos los frentes. Un día aparece el ecosistema formado por la empresa consentida SeguriTech y más de sesenta filiales utilizadas para simular licitaciones, transferir comisiones, lavar recursos y subcontratar servicios. Así quedó expuesto el arrendamiento de la Casa Azul de Diego. La investigación de PopLab dejó al descubierto el modus operandi de la mafia gubernamental.
Los ciudadanos tampoco atinamos a entender cómo, con un sistema de cuatro mil cámaras vigilando las vías de acceso del estado, jamás fueron detectadas las pipas dedicadas al huachicol. A ello se suman las concesiones carreteras entregadas a otro de los favoritos: VISE, y la insostenible decisión de cederle un activo valuado en miles de millones de pesos, causando un gravísimo daño patrimonial al estado. También están las contrataciones a modo del proyecto “Internet para Todos”; la compra de medicamentos, que debe rastrearse y analizarse; el contrato del bulevar de la Independencia y su costo final; las inversiones injustificadas para incrementar la plusvalía de ciertos inmuebles en Dolores Hidalgo y Comanjilla; así como la conformación de una arrendadora de vehículos con participación privada para contratar con su propio gobierno. Todo esto… y lo que se acumule la próxima semana.
Resulta entonces inexplicable haber llevado la confrontación con su enemiga favorita al terreno de las auditorías. Pero así ocurrió. Animoso, el grupo de Diego atacó. Y la respuesta llegó ipso facto: ¡que también se audite a Diego Sinhue, que tantas explicaciones debe a los guanajuatenses! ¡Chin! No lo habían pensado.
Jalaron la cuerda para ahorcarse. Utilizaron su mayoría para imponer la auditoría integral a León y después se opusieron a revisar las cuentas del exgobernador, dejando al descubierto la grosera incongruencia del oficialismo panista.
Pero el asunto no terminó ahí. En el camino perdieron a tres diputados que, asqueados por tan desaseado proceder, votaron en contra de las instrucciones de su partido, profundizando una fisura interna cada vez más evidente. Hay que reconocer a Karol Jared González, Erandi Bermúdez y Juan Carlos Romero Hicks la valentía de apartarse de las órdenes de su torvo líder parlamentario. Optaron por ejercer la representación popular, no la obediencia partidista. ¡Bravo!
Insistimos: ¿quién fue el tonto que decidió jalar el gatillo?