Obtener la ciudadanía estadounidense podría convertirse en un objetivo aún más lejano para miles de residentes permanentes de la región fronteriza si prospera la propuesta de la administración del presidente Donald Trump de incrementar significativamente las tarifas de naturalización y eliminar los apoyos económicos para solicitantes de bajos ingresos.
La medida, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), plantea aumentar en más de 500 dólares el costo de la solicitud de ciudadanía mediante el Formulario N-400, además de eliminar los programas de exención y reducción de cuotas que actualmente permiten a miles de inmigrantes acceder al proceso.
Para familias como la de Juana González, residente legal en la frontera desde hace varios años, la noticia representa un duro golpe.
“Sí quiero ser ciudadana, pero la verdad con lo poco que gana mi esposo no nos alcanza. La hemos estado posponiendo porque somos los dos los que tenemos que hacer el trámite”, expresó visiblemente preocupada.
La mujer explicó que durante años ha buscado reunir el dinero necesario para convertirse en ciudadana estadounidense, pero los gastos cotidianos, el aumento del costo de vida y las responsabilidades familiares han obligado a aplazar una y otra vez el proceso. “Ahora menos vamos a poder hacerlo si le aumentan otros 570 dólares”, lamentó.
Abogados de inmigración consultados consideran que la propuesta afectaría principalmente a residentes permanentes de ingresos bajos y medios, muchos de ellos trabajadores esenciales, empleados de la construcción, comercio, servicios y manufactura que forman parte de la economía de la frontera.
Actualmente, miles de residentes legales en El Paso califican para exenciones de pago o tarifas reducidas gracias a programas federales diseñados para facilitar el acceso a la ciudadanía. El costo actual es de 710 dólares y la pretensión es elevar la tarifa en 1,280.
Sin embargo, la propuesta elimina completamente esos beneficios. Entre los cambios más controvertidos destacan: eliminación total de las exenciones de pago por dificultades económicas; desaparición de la tarifa reducida para personas con ingresos limitados e incrementos superiores a los 500 dólares para solicitudes realizadas en línea o en papel.
También contempla el aumento de 645 dólares para quienes soliciten la reconsideración de una negativa de ciudadanía y mantenimiento de la exención únicamente para miembros activos y veteranos de las Fuerzas Armadas.
El DHS argumenta que los solicitantes deben cubrir el costo total de los servicios, incluyendo nuevos procedimientos de investigación y verificación de antecedentes.
Especialistas en migración señalan que la iniciativa forma parte de una política más amplia de endurecimiento de los procesos migratorios impulsada durante la Administración Trump.
Durante los últimos años, organizaciones defensoras de inmigrantes han denunciado una disminución en el ritmo de naturalizaciones, así como mayores obstáculos administrativos para quienes buscan convertirse en ciudadanos estadounidenses.
Entre las medidas implementadas en distintos momentos se encuentra la modificación del examen de ciudadanía para hacerlo más complejo, aumentando el número de preguntas y ampliando la cantidad de respuestas correctas que los solicitantes deben dominar.
Expertos afirman que este tipo de cambios tienden a impactar de manera desproporcionada a personas con menor nivel educativo, adultos mayores y migrantes cuyo idioma principal no es el inglés.
“Cada vez que se encarece o complica el proceso, menos personas terminan solicitando la ciudadanía”, señaló un abogado de inmigración de El Paso. “Para muchas familias el problema no es cumplir los requisitos legales, sino reunir el dinero para pagar los trámites”.
La región Paso del Norte concentra una de las comunidades binacionales más grandes del país, con miles de residentes permanentes que diariamente cruzan, trabajan o mantienen vínculos familiares entre Estados Unidos y México.
Organizaciones comunitarias advierten que el aumento de tarifas podría retrasar por años la naturalización de miles de personas que ya cumplen con los requisitos para convertirse en ciudadanos estadounidenses.
Para la abogada Iliana Holguín, abogada de inmigración, la ciudadanía no sólo otorga el derecho al voto, sino también mayores protecciones legales, acceso a determinados empleos federales y la posibilidad de patrocinar a familiares para obtener beneficios migratorios.
“Para muchas familias fronterizas, convertirse en ciudadano representa además la culminación de décadas de esfuerzo y residencia legal en Estados Unidos”, expresó la especialista en asuntos migratorios tras enfatizar que el aumento todavía no ha sido aprobado de manera definitiva.
Y es que la medida forma parte de un Aviso de Propuesta de Reglamentación (Notice of Proposed Rulemaking) publicado el 22 de junio de 2026, lo que abre un período de 60 días para que ciudadanos, organizaciones y especialistas presenten comentarios públicos.
La administración federal recibirá observaciones hasta el próximo 24 de agosto, fecha en la que concluirá el período de consulta antes de determinar si las nuevas tarifas entran en vigor.
Mientras tanto, miles de residentes permanentes como Juana González observan con preocupación un posible incremento que podría alejar aún más el sueño de convertirse en ciudadanos estadounidenses.
“Nosotros queremos hacerlo bien, queremos hacernos ciudadanos porque aquí hemos hecho nuestra vida. Pero cada vez parece más difícil”, concluyó.